Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a los consulados estadounidenses que denieguen visados de entrada al país a aquellos inmigrantes sin seguro médico o que no puedan pagar por su salud, anunció ayer viernes la Casa Blanca. Se trata de la última medida que promueve Trump dentro de su estrategia para reducir tanto la inmigración irregular como la legal.
En una proclamación, el presidente ordenó a los funcionarios consulares que denieguen visados a no ser que los solicitantes demuestren que tienen “los recursos financieros para pagar los costos médicos” mientras estén en Estados Unidos o que “estarán cubiertos por un seguro médico aprobado”. La medida debe entrar en vigor a partir del próximo 3 de noviembre.
“Si bien nuestro sistema de atención médica enfrenta los desafíos causados por la atención médica no pagada, el Gobierno de EEUU está agravando el problema al admitir a miles de extranjeros que no han demostrado capacidad alguna para costear sus gastos médicos”, afirmó Trump en la proclamación.
Para probar su tesis, el presidente, defendió que “los datos muestran que los inmigrantes legales tienen una probabilidad tres veces mayor que los ciudadanos de Estados Unidos de carecer de seguro médico”. “Los inmigrantes que ingresan a este país no deberían ser una carga para nuestro sistema de salud y, en consecuencia, para los contribuyentes estadounidenses”, concluyó.
Además de las variadas estrategias para reducir la inmigración irregular en la frontera con México, el Gobierno de Trump también está poniendo el foco en reducir la migración legal.
El pasado 12 de agosto, el Gobierno presentó un reglamento que permitirá rechazar permisos de residencia permanente en Estados Unidos a los inmigrantes legales que las autoridades consideren que se han convertido en una “carga pública” para el país. Bajo esta nueva normativa, un inmigrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses. Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, ayuda a la vivienda o programas que subsidian medicamentos.
Investigación ucraniana Por otro lado, varios comités de la Cámara Baja de Estados Unidos que investigan los contactos del presidente, Donald Trump, con Kiev para iniciar un juicio político en su contra, requirieron este viernes documentos al jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. Los comités dijeron que el requerimiento llega después de que la Casa Blanca se haya negado a entregar los documentos por propia voluntad.
“La Casa Blanca se ha negado a participar o incluso responder a múltiples solicitudes de documentos de nuestros comités de forma voluntaria. Después de casi un mes, parece claro que el presidente ha elegido el camino del desafío, la obstrucción y el encubrimiento”, afirmaron en un comunicado.
“Lamentamos profundamente que el presidente Trump nos haya puesto a nosotros, y al país, en esta posición, pero sus acciones no nos dejan otra opción que emitir este requerimiento”, añadieron.
Desde que la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, ordenó a principios de la semana pasada a los comités el inicio de la investigación de juicio político, las citaciones y requerimientos se han sucedido casi a diario.
Ayer el secretario de Estado, Mike Pompeo -a quien le han requerido documentos-, afirmó que el Departamento de Estado actuó legalmente al pedir información a Ucrania sobre el exvicepresidente y precandidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y sobre su familia por presunta corrupción en dicho país. - Efe
