donostia - Al margen del dolor generado por los atentados de ETA contra altos cargos de la política, ertzainas o empresarios, a partir de los años noventa cientos de concejales padecieron una campaña de persecución, hostigamiento y ambiente irrespirable en sus propios pueblos, aunque en un principio parecieran a salvo de sufrir el azote de la violencia al trabajar en la política municipal y en las necesidades más cotidianas de sus vecinos, como arreglar una farola o habilitar un polideportivo. El Gobierno Vasco quiso reconocer ayer en público la injusticia del sufrimiento padecido por esos concejales, la mayoría de ellos del PSE y del PP, con la presentación de un informe sobre la violencia de persecución parecida por los ediles entre 1991 y 2011, desde la estrategia de socialización del sufrimiento hasta el cese de ETA. El documento lo ha presentado precisamente en plena conmemoración del secuestro y asesinato del concejal popular de Ermua Miguel Ángel Blanco en 1997. Su muerte supuso el principio del fin de ETA por la fuerte reacción de repulsa social y la conmoción que provocó un secuestro que mantuvo con el corazón en un puño a todo el Estado y a Euskadi.

El estudio, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, cifra en 511 los cargos municipales que tenían escolta en 2011, el año con el mayor número de protegidos. Teniendo en cuenta que el número total de ediles en la comunidad autónoma era de 2.621, esa cifra supone que un 20% se vio obligado a renunciar a su intimidad con un servicio de escolta que, además, dejaba en evidencia que quien lo llevaba era un amenazado y un objetivo de ETA y, por lo tanto, provocaba también aislamiento social y pérdida del anonimato. El tiempo que se vieron obligados a llevar escolta oscila entre uno y trece largos años. Los datos se corresponden con los archivos del Gobierno Vasco, sin sumar la escolta privada o del Estado. Y la amenaza era real. En el periodo que abarca el estudio, fueron asesinados 16 concejales. Los dos primeros en perder la vida fueron los populares Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco. El último fue el socialista Isaías Carrasco, en 2008. Antes de 1991, fueron asesinados ocho. A muchos les quedaron secuelas, como estrés postraumático.

Pero el informe, más que en las cifras, pone sobre todo en valor los testimonios cualitativos de 14 entrevistados, porque se propone un ejercicio de empatía y reconocimiento de su dolor. Relatan sus duras experiencias personales, cómo afectó a sus familias; los plenos cargados de tensión con la izquierda abertzale durante la etapa de las ilegalizaciones, porque ese sector político consideraba que el resto de ediles estaban robando su representación; o el clima irrespirable en las fiestas y el lanzamiento de objetos contundentes durante la izada de las banderas.

desde ‘oldartzen’ Este escenario se recrudeció con la ponencia Oldartzen de la izquierda abertzale en 1995, que dio comienzo a la socialización del sufrimiento. Viendo que era imposible atentar contra todos los que se oponían a ETA, comenzó una estrategia de acoso en los pueblos, campañas de kale borroka, lanzamiento de cócteles molotov y escraches en las viviendas. El informe lamenta el sufrimiento y el ataque a la pluralidad política y la libertad ideológica contra todo aquel que no comulgaba con ETA. Aunque en un primer momento la campaña se centró en los ediles socialistas y populares, desde 2003, durante la etapa de la ilegalización de la izquierda abertzale, se extendió con carácter general a los representantes del PNV y EA en los ayuntamientos, a los que ese sector político consideraba usurpadores de sus escaños al grito de lapurrak. Los testimonios que se recogen tienen mucho valor para los promotores del estudio. En el informe son anónimos, aparecen sin nombres y apellidos, pero se detalla que cinco son de mujeres (dos de ellas aportan su vivencia como las parejas de dos ediles amenazados), la mayoría son del PSE y del PP, y hay tres ediles de la órbita del PNV y EA.

Los autores del informe, José Ramón Intxaurbe y Gorka Urrutia, presentaron su contenido con el secretario de Convivencia, Jonan Fernández. “No hablamos solo de datos cuantitativos. Hablamos de personas concretas, de familias enteras y de un sufrimiento inmenso, prolongado y poco visibilizado. Queremos que los concejales amenazados, la mayoría del PSE y el PP, sepan tres cosas: que conocemos el sufrimiento que padecieron, que afirmamos la injusticia de aquel sufrimiento, y que este informe registra aquella realidad de modo oficial en la construcción de la memoria, y es expresión de solidaridad hacia sus víctimas”. El informe pone en valor el compromiso especial de los amenazados, que se mantuvieron en pie para defender el pluralismo político, en un contexto muy difícil con complicaciones para sus partidos a la hora de hacer las listas.

“Unos tres años antes de matar a mi marido, empezaron a amenazarlo por la calle, y después empezaron a venir a casa. Cuando estaba por la calle, le llamaban carcelero, le han tirado piedras cuanto estaba en el cuarto de hora de silencio con Gesto por la Paz (...) Después me he enterado (...) por algún artículo que he leído, que al final hasta del miedo (...) ha llorado con gente, cosa que yo no he sabido nunca porque a casa nunca ha traído nada de esto. Cuando mis hijas fueron al cajón a retirar su objetos personales, tenía amenazas allí que nunca nos dijo”.

“Tengo un sobrino que vino a estudiar a la universidad y se alojó en mi casa. Un día me contó: ‘Luego fuimos unos cuantos al salir de la universidad y, cuando llegamos a nuestra calle, me preguntaron mis compañeros: ¿Y tú dónde vives? ¿En qué portal te quedas?’ Resulta que enfrente de casa había una manifestación con carteles en los que ponía mi nombre y ‘asesina’ y les tuvo que decir: Bueno, esta es mi casa, y esta es mi tía”.

“Las fiestas patronales a partir del 95 ya ni las pisaba. Justo iba a la izada de bandera. En la izada llovía de todo. Yo vi tuercas de vía de tren entrar en el Ayuntamiento. El alcalde salía con casco de bomberos, con careta y todo”.

“Cada vez que había un pleno venía gente de la izquierda aber-tzale a amedrentarnos, a insultarnos, a hacernos callar. Ejercían un miedo tal en la sociedad que condicionaban tu libre expresión y no solamente la de los concejales, sino la de todo el pueblo”.

“Estás acostado, durmiendo, y de repente te encuentras con un golpe y fuego en el balcón. Entonces te levantas, avisas a unos y otros, y a partir de eso es cuando empezamos a dormir con el extintor en la habitación. Es duro tener que dormir en la habitación con un extintor de incendios. La segunda vez que nos atacaron, el extintor ya estaba en casa”.

“Un verano alquilamos una casa cerca de la playa (...). Mi hermana miraba mucho por la ventana y un día me dijo: ‘En el garaje, en la puerta, hay dos de ETA’ (...). Ya de vuelta me llamaron diciendo que en la subdelegación del Gobierno habían cogido un comando y que estaban ahí todos mis seguimientos, los paseos, la casa, hasta las peluquerías, porque yo solía ir a dos para poder cambiar de hábitos”.

“Solía ir con mi hijo a verle jugar al fútbol. Tendría 14 años. La literatura de las pancartas en el campo de fútbol empezó a abundar (...). Yo decía: ‘Eso va dedicado a mí’ (...). Hasta que, una tarde de partido, estaba jugando el chaval, y ahí aparecen los del escrache, aparecen con las pancartas y se sitúan a mi espalda. Todo el campo de fútbol gélido, nadie sabía qué decir. Y bueno, se fueron. A la hora de irse, uno que estaba conmigo saludó a uno de la pancarta. Luego tuvo la deferencia de decirme: ‘Ese trabaja en el oncólogo’. La soledad en un campo de fútbol, ¿no?”.

“Los escoltas nos dejaron en casa a las doce de la noche. A los dos minutos nos llamaron ellos: ‘Dígale a su marido que está toda la calle pintada’ (...). Fui con la cámara que teníamos y saqué fotos. Estaba escrito el nombre de mi marido y la Ertzaintza y luego ‘Estáis muertos’. Así 2 km”.