vitoria - Los partidos vascos afrontarán a partir de hoy un reto de trascendencia histórica. La Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco se reunirá para buscar un nuevo estatus para Euskadi. El Estatuto de Gernika, el más longevo del Estado español y el único que no ha sido reformado desde su aprobación en 1979, se someterá a partir de hoy a una revisión que busca un cambio de paradigma en las relaciones entre Euskadi y Madrid, de manera que el autogobierno vasco quede blindado, se deje atrás el eterno conflicto y la judicialización por la invasión de competencias, y se instaure una relación de igual a igual. Será la segunda gran tentativa de reforma del Estatuto de Gernika tras la propuesta del lehendakari Ibarretxe, aprobada en 2004 en el Parlamento Vasco y tumbada por el Congreso de los Diputados sin entrar siquiera en el debate de las enmiendas.

Los actores principales en esta reforma serán PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE. El PP se desmarcó ayer de los trabajos y aseguró que no es necesario reformar el Estatuto. Los jeltzales han guardado bajo siete llave su documento. Aunque fuentes de la ejecutiva consultadas por este diario no quisieron entrar en detalles, perfilaron una propuesta con dos pilares que se han insinuado en las declaraciones más recientes del lehendakari Urkullu y burukides del partido. En concreto, el PNV propondrá conjugar el derecho a decidir con los derechos históricos que recoge el propio marco constitucional español, una singularidad foral que permite a Euskadi ampliar su autogobierno. Por ello, el PNV cree que existe un marco legal para reivindicar que se respeten las decisiones de los vascos. Como segunda idea, propondrá una nueva relación con Madrid trasladando al ámbito político el esquema de garantías del Concierto Económico, donde ninguna de las partes puede imponerse sobre la otra y están obligadas a pactar en un foro bilateral.

DOS PRINCIPIOS El PNV es consciente de que el principal punto de desencuentro es el derecho a decidir, un asunto que, sobre todo, enfrenta a PSE y EH Bildu, que lo han elevado a la categoría de línea roja y mantienen posiciones inflexibles en ese terreno. Los socialistas no firmarán un acuerdo que recoja el derecho a decidir, mientras que la coalición abertzale exige que esté presente de manera expresa y con un procedimiento claro para ejercerlo sin límites. El PNV presentará una propuesta que entiende que puede concitar un consenso amplio. Ve una percha jurídica para actualizar el autogobierno, reivindicar una relación bilateral y singular con el Estado, y que se respete la decisión de los vascos y, en definitiva, su derecho a decidir: cree que la clave radica en los derechos históricos reconocidos por el Estatuto de Gernika y la Constitución española. En virtud de ellos, Euskadi no renuncia a mayores cotas de autogobierno ni a los derechos que le hubieran podido corresponder en virtud de su historia.

La disposición adicional del Estatuto de Gernika recoge que “la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico”. La Constitución española, en su disposición adicional primera, “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”. “La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”, añade. Por ello, el PNV cree que existe un marco legal donde engarzar el derecho a decidir, y que la clave es atinar en una formulación inteligente de este principio.

Por otra parte, propondrá trasladar al ámbito político el esquema del Concierto Económico, que regula las relaciones financieras entre el Estado y Euskadi y que obliga a resolver las discrepancias de manera pactada en una comisión bilateral. El PNV quiere llevarlo al ámbito político para evitar la invasión de competencias. Se da la circunstancia de que Rajoy ha pactado recientemente con el PNV la renovación de la Ley Quinquenal del Cupo, el dinero que paga Euskadi a Madrid por las competencias no transferidas. Pusieron fin a años de discrepancias y se garantizaron la paz fiscal para toda la legislatura.

Existe un consenso unánime en los grupos en torno a la idea de seguir los procedimientos legalmente establecidos para una reforma estatutaria, lo que implica buscar un acuerdo en el Parlamento Vasco, llevarlo al Congreso de los Diputados, pactar con el Estado español, y someter el texto final a un referéndum entre los vascos. Lo asume también EH Bildu, que se ha alejado de la vía unilateral tras el colapso del procés. Ha protagonizado un giro estratégico y se ha prestado a reformar la autonomía desde una posición pragmática. Aunque no renuncia a la independencia, no es lo que plantea ahora, y va a participar en un proceso gradual de reforma como pedía el PNV, que espera que este gesto sea sincero.

Estas condiciones tendrían que facilitar el acuerdo a nivel vasco, y también en el Congreso, aunque la crisis catalana, el ascenso de Ciudadanos y el riesgo de recentralización suponen una amenaza. Sin embargo, esa fase de negociación con el Estado llegará más adelante tras un proceso de tramitación en Euskadi que se prevé largo y que puede dar margen a que se sustancien cambios en Madrid. Lo que harán los partidos a partir de hoy es llegar a un acuerdo en la Ponencia de Autogobierno, consensuar unas bases en unas semanas, y encargar la redacción del articulado, previsiblemente, a un grupo de expertos.

DISCREPANCIAS El principal punto de desencuentro es el derecho a decidir. Es la cuestión que mayor interés mediático provoca, en buena medida porque es también el elemento que separa a PNV y PSE, los dos socios que comparten el Gobierno Vasco. Ambos partidos, en cualquier caso, se han conjurado para asegurar que esta discrepancia no pondrá en peligro la estabilidad de su pacto, porque acordaron dejarse libertad en este debate. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, no vio ayer en peligro el pacto. La consigna del PNV es superar el consenso que concitó el Estatuto de Gernika, apoyado por PNV y PSE con la abstención de HB y el voto en contra de Alianza Popular. La izquierda abertzale, aunque coincide en desear el mayor consenso, también propone que, en su defecto, se haga un ejercicio de mayorías y se dé por bueno un pacto que supere el 50%.

La otra figura que genera discrepancias es la consulta habilitante que defienden PNV y EH Bildu. Quieren consultar a los vascos antes de llevar el acuerdo parlamentario al Congreso. Esta consulta serviría para escenificar ante el Estado el respaldo que tiene ese nuevo estatus y forzarlo a negociar, pero también sería una garantía para los partidos vascos, que de ese modo conocerían si la sociedad vasca respalda ese texto. Esa consulta no aparece en el ordenamiento jurídico.

Los cuatro partidos que defienden la reforma coinciden en el traspaso de las 37 competencias pendientes. EH Bildu se ha sumado a esa reivindicación histórica del PNV. Los grupos también coinciden en blindar el autogobierno, aunque el PSE remite a una reforma de la Constitución para aclarar el reparto competencial y fijar mecanismos de lealtad federal.