GASTEIZ. Izaguirre ha repasado este jueves, en la cuarta sesión del juicio por el 'caso de Miguel', las investigaciones realizadas en la fase de instrucción de este procedimiento, en el que hay 26 acusados, entre ellos el ex 'número dos' del PNV de Araba y antiguo diputado foral, Alfredo de Miguel, que se enfrenta a una posible pena de 54 años de cárcel.
El fiscal ha rechazado los argumentos planteados por las defensas de los acusados para reclamar la nulidad total del procedimiento por las supuestas irregularidades y la vulneración de los derechos fundamentales de los imputados en la fase de instrucción.
Izaguirre ha defendido el "magnífico trabajo" del juez instructor, así como la "impecable" labor realizada por la Ertzaintza, y ha asegurado que todo el proceso se ha desarrollado de forma absolutamente "garantista" con los derechos de los investigados.
Esta investigación judicial se inició a raíz de una denuncia presentada en 2009 por la empresaria Ainhoa Alberdi por el "acoso" y "amenazas" que estaba sufriendo para el pago de unas comisiones irregulares por un contrato relacionado con el Parque Tecnológico de Araba que se había adjudicado a la empresa de la que era administradora, según ha recordado el propio fiscal.
"UNA TRAMA REAL"
El representante del Ministerio Público ha subrayado que aquella denuncia estaba acompañada de varios correos electrónicos y grabaciones de sonido que acreditaban las presiones dirigidas contra Alberdi, unas evidencias a las que ha otorgado "veracidad". De hecho, ha subrayado que las pruebas aportadas por la empresaria "ponen de manifiesto que estamos ante una trama real".
Izaguirre ha recordado que la empresaria denunció haber sido víctima de "acoso y coacciones" por parte de De Miguel, el también exdirigente del PNV alavés Aitor Telleria y el exgerente del Parque Tecnológico de Araba, Alfonso Arriola -también imputados en la causa--, con las que estas personas habrían tratado de reclamarla el pago de comisiones ilegales por un contrato que se había concedido a su empresa en relación con la ampliación de este complejo, ubicado en Miñano.
"SÉ MÁS DISCRETO"
El fiscal ha explicado que, antes de presentar la denuncia y de empezar a registrar con una grabadora las conversaciones que mantenía con estas personas, la empresaria recurrió al presidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, Julian Sánchez Alegría, otro de los acusados en este proceso.
Izaguirre ha subrayado que, en lugar de denunciar los hechos, tal y como era su "obligación" como empleado público, Sánchez Alegría se puso en contacto con De Miguel para decirle: "sigue haciendo lo que tienes que hacer; pero, por favor, sé más discreto".
