BARCELONA - Velas al viento, que diría Elton John, conformaron ayer una estampa para traspasar fronteras. La imagen de anoche en Barcelona para reclamar la liberación de los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y que el sábado tendrá continuación con otra multitudinaria manifestación, previa a una posible nueva huelga de país, simboliza el momento que atraviesa Catalunya y su relación con el Estado, otro episodio de “vergüenza democrática” según el Govern, que reafirma además a Carles Puigdemont en su intención de hacer un último emplazamiento al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que finalmente se defina entre “optar por el diálogo o por la represión”. Aunque cabe la posibilidad de que el president simplemente no responda al plazo impuesto por el presidente español en su última carta antes de que éste aplique el artículo 155 de la Constitución; la intención de la Generalitat es comprobar “en qué escenario se pone el Estado”: “si cierra definitivamente las puertas” a entablar contactos o aborda la represión”, insistió el portavoz y conseller de Presidència, Jordi Turull. Desde Moncloa, ni un gesto de distensión. “El que la hace, la paga”, se jactó el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando.

Desde el Govern entienden que el Ejecutivo español se mueve en los términos de “rendición o tirar adelante” con una actitud donde “la respuesta es el menosprecio y la amenaza” eludiendo el tema nuclear, que a juicio del Gabinete de Puigdemont se reduce a una pregunta sencilla: “¿Quieren sentarse a hablar, podemos hablar?”. Y de momento, “esto lo han obviado”, recalcó Turull, contraponiéndolo con la puerta abierta desde Catalunya desde la “sinceridad”. Un escenario que les lleva a concluir que a fecha de hoy “hay más represión”, y como apuntó el propio president en su cuenta de Twitter, “dos presos políticos”. El Ejecutivo catalán censura que Rajoy y su equipo se dediquen a “acosar a empresas invitándolas a que se lleven fuera su sede social”, y aunque creen que tras el último plazo dado, el del jueves, seguirán creyendo en el diálogo, “con actos como el del encarcelamiento de los dirigentes soberanistas”, a quienes han bautizado popularmente como los Jordis, la puerta comienza a cerrarse.

“Obviamente, habrá que tomar decisiones. Ni plegaremos velas ni estaremos contemplativos viendo cómo ocupan las instituciones catalanas”. Y es que hay quien sugiere que el independentismo estaría dispuesto a gestar un gobierno alternativo y una vía paralela si al Gobierno español se le ocurre intervenir hasta las últimas consecuencias, incluyendo un adelanto electoral. En primer lugar el Govern responderá con otra epístola por “cortesía institucional”. “El problema no lo tenemos aquí, lo tienen al otro lado, donde no hay separación de poderes sino una vergonzosa instrumentalización de la justicia”, añadió el conseller de Exteriors, Raül Romeva. “Pedíamos hacer política y solo hemos recibido querellas, citaciones y plazos”, y pese a que “tenemos un mandato democrático” en pro de la secesión, “la ejemplaridad exige que pudiéramos hablar”, se quejaron. Es más, “ni siquiera se ha querido ni escuchar”.

El Govern elogió el comportamiento de Sànchez y Cuixart, “dos personas inocentes” a quienes juzga “un tribunal incompetente”. Y es que lo que “no se hizo en época franquista lo ha hecho su tribunal heredero en el siglo XXI”. Para Turull, se trata de dos “prisioneros políticos, algo que nunca nos hubiéramos imaginado”. Hizo también un llamamiento a la “serenidad” en las manifestaciones civiles a pie de calle como mejor homenaje a dos dirigentes que siempre han militado en el pacifismo. “Que sean multitudinarias y que no caigamos en provocaciones de diversos estamentos del Estado que querrían lo contrario”, requirieron. Concentraciones que no contarán en persona con la presencia de Puigdemont por su carácter institucional pero sí de los consellers de su Gabinete, que criticaron además el “intento de desprestigio y humillación hacia los Mossos, un cuerpo policial que “brilló” por su gestión ante los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Y es que les han encarcelado mientras el Estado ha actuado con “cloacas constatadas por el Congreso” y cuyos principales responsables “campan libremente” o “se les han dado ascensos”. Por último, el Govern cargó contra la invitación a las empresas a cambiar su domicilio social con el fin de “afectar a la economía catalana sabiendo que así también afectan a la economía española”. “Se ha impuesto el antes pobre que rota”, zanjaron.

La adjetivación de presos políticos resulta intolerable para Moncloa. Hernando, con su tradicional tono burlesco, inquirió a Puigdemont a acabar con “la gran mentira victimista que ha fabricado porque aquí -a su juicio- no ha habido arrestos por sus ideas políticas, sino decisiones judiciales en base a actuaciones ilegales”. Lo afirmó al tiempo que compañeros como Pablo Casado o Xavier García Albiol abogan por ilegalizar los programas electorales donde se persiga la independencia. “Lo primero que debe hacer todo el mundo es respetar las decisiones judiciales, y, luego, que todos, también los independentistas, sepan que aquí no hay inmunidad ni impunidad cuando se incumple la ley”. En la misma línea se pronunció el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido: “En España nadie está preso por pensar de una forma u otra”. Y siguiendo el hilo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien solicitó que se confíe en Rajoy para aplicar las “medidas necesarias” frente al independentismo. Desde el PSOE, Pedro Sánchez, que visitó a los afectados por los incendios en Galicia, optó por el mutismo respecto a los encarcelamientos. El viejo Sánchez.