Caracas - Una media de 40 personas, en su mayoría estudiantes, han sido detenidas cada día en Venezuela por delitos como “terrorismo” o “insurrección” desde que empezara el 1 de abril la presente ola de protestas para exigir la renuncia del presidente Nicolás Maduro, en las que han muerto hasta el momento 105 personas.
Según datos de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), más de 4.500 personas han sido detenidas desde entonces por la Policía, la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), de las que unas 1.200 siguen entre rejas.
“Hay arrestos en protestas en barricadas, como ahora se están llevando a cabo arrestos dentro de los domicilios”, dijo a Efe Alfredo Romero, director ejecutivo del FPV, cuyos abogados han llevados más de tres cuartos de los casos de unas detenciones que califican de abusivas e ilegales.
Romero se refiere a las barricadas con que algunos manifestantes cortan calles, y se enfrentan con piedras y a veces cócteles molotov y artefactos pirotécnicos a las fuerzas del orden que dispersan las concentraciones ciudadanas con perdigones de goma y bombas lacrimógenas. “Los denuncian vecinos que están con el Gobierno, y van y les señalan”, explica Romero sobre el origen de unas listas confeccionadas también con la identificación de quienes responden con violencia a las arremetidas de la Guardia.
la onu pide respeto La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió ayer a las autoridades de Venezuela que respeten el derecho de sus ciudadanos a la libertad de expresión, asamblea y manifestación pacífica. “Estamos muy preocupados por la prohibición de los derechos básicos de expresión y manifestación, especialmente en el contexto del proceso electoral del domingo”, afirmó en rueda de prensa la portavoz de la oficina, Liz Throssell.
El Gobierno venezolano ha prohibido “reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que pueda perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral” desde hoy hasta el 1 de agosto para, según su versión, permitir la votación de una nueva Asamblea Constituyente.
Throssell recordó que Venezuela debe respetar la ley internacional de derechos humanos y por eso reiteró su “preocupación” por el hecho de que todas las manifestaciones hayan sido prohibidas. “Es por ello que hacemos un llamamiento a las autoridades para que respeten el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica”, afirmó.
Agregó que la oficina de la ONU está “profundamente preocupada por el riesgo de más violencia en Venezuela en el marco las elecciones del domingo” para la Constituyente. Especificó que deben respetarse “los deseos” de los venezolanos a participar o no en los comicios y que, si bien nadie debe ser obligado a votar, aquellos que quieran participar en el proceso deben poder hacerlo.
Es por ello que la portavoz hizo un llamamiento a aquellos que se oponen a la cita electoral para que lo hagan de “forma pacífica”.
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó ayer que estudiarán la posibilidad de “sanciones” contra altos cargos venezolanos si el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, no “pone fin a la violencia” y libera a los presos políticos. “Una vez más, instamos al Gobierno a que ponga fin a la violencia y a que libere a los presos políticos. En caso contrario, nos veremos obligados a considerar la aplicación de otras medidas concretas tales como sanciones contra altos funcionarios venezolanos”, señaló Tajani en un comunicado.
De cara a la convocatoria este domingo de elecciones para la Asamblea Constituyente en Venezuela, el político italiano consideró que se trata de “un nuevo golpe a la democracia por parte del régimen de Maduro”.
colombia acogerá El Gobierno de Colombia anunció ayer que otorgará un permiso especial que permitirá regularizar la situación migratoria de alrededor de 200.000 venezolanos en el país.
El director general de Migración Colombia, Christian Krüger, explicó en una conferencia de prensa que se otorgará un permiso especial de permanencia por 90 días, prorrogable hasta por dos años. “Lo que buscamos con la medida el día de hoy es regularizar una parte de esta población que hoy se encuentra en condición irregular”, indicó.
El Permiso Especial de Permanencia (PEP) será otorgado a los venezolanos que hayan ingresado al país hasta el 25 de julio, fecha en la que la canciller colombiana, María Ángela Holguín, firmó una resolución que entró en vigor desde ayer. “Estamos hablando de una decisión que se está tomando el día de hoy de más de 200.000 personas”, agregó Krüger.
El director de Migración explicó que la decisión puede “impactar” a cerca de 150.000 venezolanos que ingresaron legalmente el país pero han superado el tiempo permitido de permanencia y otros a 60.000 cuyo visado de turismo no ha expirado. El permiso permitirá a los extranjeros trabajar, estudiar, así como acceder a otros beneficios, como la afiliación al sistema de salud.
Los interesados deberán haber ingresado con su pasaporte por un puesto de control migratorio habilitado, no tener antecedentes judiciales ni una medida de expulsión o deportación vigente. El trámite, que se hará vía internet, estará habilitado a partir del próximo 3 de agosto y los interesados tendrán un plazo máximo de 90 días para presentar su solicitud.
