bilbao - El Gobierno Vasco cerró ayer el capítulo de la negociación fiscal y económica con el Estado, y ahora quiere adentrarse en una etapa más política, presidida por el cumplimiento íntegro de las transferencias que quedan en el Estatuto de Gernika y el respeto al autogobierno. El PNV se encuentra en una posición privilegiada para hacer valer sus reivindicaciones, porque Mariano Rajoy va a necesitar sus cinco votos para aprobar los Presupuestos estatales del próximo año. Sin embargo, el Gobierno español no termina de abrir la carpeta de las transferencias. Los dos socios del Ejecutivo vasco, PNV y PSE, dieron ayer un toque de atención a Madrid para avisar de que esa reivindicación es muy importante para ellos y debe abordarse esta legislatura por una cuestión de estricto cumplimiento del Estatuto. Volvieron a situar la prioridad en las transferencias de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y las prisiones.
La encargada de abordar este debate con el consejero Josu Erkoreka, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, protagonizó una visita exprés a Euskadi este martes y, contra todo pronóstico, no realizó ninguna gestión sobre este asunto, no se reunió con Erkoreka, ni tanteó al Gobierno Vasco para convocar la Comisión Mixta de Transferencias. Solo se tuvo conocimiento de una cesión mínima para que Euskadi gestione dos de las once líneas de ferrocarriles cuya competencia reclamaba, pero en realidad Rajoy estaba obligado por una sentencia del Tribunal Constitucional y no hubo negociación de por medio. El Gobierno Vasco no resta relevancia al cumplimiento de la sentencia, pero tiene la sensación de que Madrid está realizando gestos de mínimos que no le suponen un gran esfuerzo. En ese contexto, PNV y PSE comenzaron a ejercer ayer presión política sobre Rajoy para que aborde esta demanda con seriedad y en una negociación de alcance.
Erkoreka avisó en Euskadi Irratia de que su Gobierno va a poner “todo su esfuerzo” para lograr ambas competencias esta legislatura. Espera que la nueva sintonía con el PP se traduzca en avances, pero no se atreve a lanzar un pronóstico. “Nunca nadie sabe de verdad si las cosas están lo suficientemente maduras en Madrid para completar las transferencias, porque hemos hecho muchos intentos hasta ahora y han acabado en fracaso”, dijo.
La líder del PSE, Idoia Mendia, pidió al Gobierno español que negocie sin “alharacas”, porque sería importante lanzar el mensaje de que el Estado se cree el modelo autonómico y respeta el Estatuto de Gernika. En una entrevista concedida a Onda Cero, recordó que en Euskadi hay una “voluntad mayoritaria en favor del autogobierno” y quiere gestionar el máximo número posible de áreas.
La advertencia es también una forma de responder al PP de la comunidad autónoma, que lleva semanas pidiendo al PNV que no suba su precio en las negociaciones presupuestarias. Los populares vascos han ido más allá que el propio PP de Madrid, que por boca de Rafael Hernando decía recientemente que hay muchas cosas que debatir con el PNV, y dejaba ver que no hay líneas rojas. Lo único que ha planteado el Gobierno español es la caja única como barrera infranqueable en la discusión sobre la Seguridad Social, aunque para Lakua no invalida la transferencia porque tampoco está planteando romper la unidad del sistema. La ministra Báñez citó esa unidad de caja en su visita del martes.
El Gobierno Vasco plantea el estricto cumplimiento del Estatuto de Gernika y no se está separando de su literalidad. Pide recaudar las cotizaciones y pagar las prestaciones, pero el Estado seguiría fijando la cuantía económica de la pensión. Así daría cumplimiento a la letra del Estatuto y, de paso, aliviaría el temor que anida en algunos sindicatos en Madrid, que creen que los vascos van a diseñar su propio sistema, van a cobrar más y se va a quebrar el principio de igualdad. No quieren que suceda algo similar a lo que ocurre con la renta de garantía de ingresos vasca, que da mayor cobertura que otras prestaciones estatales. El Ejecutivo vasco defiende que su planteamiento es legal y es consciente de que aún quedan por vencer muchas barreras psicológicas en este debate. En el caso de las prisiones, se gestionarían las cárceles pero aplicando la ley penitenciaria estatal.
Mendia destacó ayer que el Ejecutivo vasco no pretende romper la unidad de caja. “Todo estaría en la misma unidad para toda España, solo que nosotros haríamos las gestiones para los perceptores que estén en la comunidad autónoma. Igual es que la ministra no se había leído el Estatuto o su asesor de turno no le había preparado bien las preguntas”, lanzó. La socialista añadió que “contribuiría mucho a reforzar las instituciones, tanto las españolas como las autonómicas, que se pudieran negociar estas transferencias sin demasiadas alharacas y con una cierta normalidad institucional”. También aludió a la voluntad de Euskadi de autogobernarse. “Igual en otras comunidades no es tanto así, pero aquí sí. Nosotros queremos gestionar todo lo más que podamos, queremos hacerlo bien y, por eso, creo que sería un buen mensaje para el futuro de los vascos que se cumpliese el Estatuto”, dijo.
en septiembre El Gobierno Vasco no quiere entrar a valorar las condiciones de la negociación presupuestaria porque corresponde a los partidos. El PNV será quien decida, mientras el PSE optará probablemente por el voto en contra en consonancia con la línea de Sánchez. La negociación arrancará en septiembre.
