Urkullu y Puigdemont piden cambiar la ley para dar cabida al derecho a decidir

Los dos mandatarios coincidieron en el suelo necesario para dar cauce a los derechos nacionales de Euskadi y Catalunya, a pesar de que las vías por las que actualmente transitan ambas naciones en pos de su autogobierno son muy diferentes: en el caso catalán, la unilateralidad expresada en el referéndum no pactado con el Gobierno español previsto para el 1 de octubre; y en el caso vasco, la bilateralidad y el acuerdo con el Ejecutivo de Rajoy.

La reunión se prolongó alrededor de una hora y permitió a Puigdemont y Urkullu abordar la situación de ambos países en el Estado español y en Europa. En el comunicado que emitieron el Govern y el Ejecutivo vasco al finalizar la reunión, los dos presidentes autonómicos coincidieron en señalar que la “legalidad no es inmutable” sino que debe servir para resolver problemas políticos y sociales. “Si la legalidad se convierte en un corsé que ahoga las aspiraciones democráticas, no sirve para solucionar los problemas de las naciones y los pueblos, y es preciso cambiarla y adaptarla”, señalan.

Urkullu y Puigdemont comieron juntos en el Palau de la Generalitat antes de la reunión prevista para las cinco de la tarde, en la que compartieron diagnóstico ante la crisis institucional y la estrategia para avanzar en el objetivo del autogobierno de ambas naciones. Los dos gobiernos consideran que sigue sin resolverse la articulación del Estado en relación a las naciones que lo conforman, y aseguran que el actual Estado de las autonomías “no es suficiente”, al tiempo que defienden un proceso dialogado para “reformular” el Estado al objeto de dar respuesta a las “diversas realidades nacionales”.

Los dos mandatarios reprocharon lo que denominaron la “estrategia de quietud” impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy ante las reivindicaciones nacionales de Euskadi y Catalunya y en concreto en la materialización del derecho a decidir. En este sentido comparten que el Estado español “no puede imponer un modelo territorial y que la apelación permanente a la legalidad no va a resolver el problema territorial”.

El derecho a que las naciones puedan decidir su futuro y, para ello, convocar consultas ciudadanas planeó durante el encuentro que se produce en plena efervescencia del proceso soberanista catalán. La Generalitat catalana ha puesto la proa hacia el referéndum del próximo 1 de octubre que intenta impedir el Gobierno español por todos los medios.

Nadie sabe ni es capaz de imaginar qué ocurrirá ese día, y menos aún al día siguiente. Es un escenario impredecible. Aunque la determinación de Puigdemont y la firmeza de Rajoy sí permiten anticipar un choque de trenes total en agosto cuando el Ejecutivo catalán ponga por escrito el decreto de convocatoria del referéndum y el Gobierno español intensifique la vía judicial y de las inhabilitaciones.

Si no es suficiente para paralizar el proceso, se reserva el recurso al artículo 155 de la Constitución o la intervención de los Mossos d’Esquadra y los centros de enseñanza, piezas clave para poder llevar a cabo, o no, un referéndum. También ha puesto presión sobre los funcionarios públicos de la Administración catalana, aunque en descargo de estos la Generalitat prevé reclutar agentes electorales voluntarios que suplan a los funcionarios, evitando así la exposición judicial del cuerpo funcionarial. El bloqueo de las empresas proveedoras de urnas y papeletas de votación (una de ellas una firma de Pasaia, en Gipuzkoa) es otra de las medidas practicadas por el Gobierno de Rajoy para tratar de impedir la consulta, así como una ofensiva diplomática en el exterior contra todo intento de publicitar el referéndum por parte de la Generalitat.

La reunión entre Urkullu y Puigdemont se produce a penas un mes después de que el president reprochara, sin citarle expresamente, al lehendakari el acuerdo presupuestario alcanzado entre el PNV y el PP, que garantiza a Rajoy estabilidad para la primera mitad de la legislatura, y el acuerdo entre los Gobiernos vasco y español sobre el Cupo.

Los agravios entre Euskadi y Catalunya provocados por estos acuerdos llevaron a Puigdemont a afirmar que “algunos cobran por ser españoles mientras que otros pagan por no serlo”, en referencia al Gobierno Vasco en primer lugar y a la Generalitat catalana, en el segundo. El lehendakari le respondió que Euskadi no cobra de nadie porque no se financia del Estado, sino que asume un riesgo unilateral.

realidad plurinacional Desde entonces, no se ha producido ningún otro choque de tanta magnitud, pero al Govern también le ha irritado que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, haya recibido ya al lehendakari Urkullu mientras Puigdemont sigue haciendo cola para mantener un encuentro que no tiene visos de producirse. Los soberanistas lo atribuyen a la presión que ejerce España en las altas esferas diplomáticas para evitar que el president consiga una fotografía potente en la internacionalización de su apuesta por el referéndum independentista.

El de ayer es el tercer encuentro entre ambos presidentes, tras el que mantuvieron en noviembre del año pasado en Gernika-Lumo cuando el lehendakari tomó posesión del cargo, y el de la final de fútbol de la Copa entre el Barcelona y el Alavés disputado en Madrid en mayo.

Urkullu y Puigdemont acordaron en la reunión de ayer mantener una relación periódica para abordar conjuntamente las “materias de interés común” y estrechar su relación en el objetivo de que el Estado “reconozca su realidad plurinacional”.