Barcelona - Para los observadores habituales de la política, el arranque del juicio que tendrá lugar mañana contra el expresident Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por la celebración de la consulta de independencia catalana supondrá adentrarse en el túnel del tiempo para regresar a una época en que la política se veía sometida al escrutinio de los jueces. Esa dinámica, conocida en suelo vasco y experimentada en primera persona por el exlehendakari Ibarretxe y miembros de la Mesa del Parlamento, sentó en el banquillo a los representantes institucionales vascos por tomar decisiones políticas en el ejercicio de su cargo, y no por corrupción o por meter la mano en la caja, lo que implicaba introducir el examen judicial en áreas desconocidas hasta la fecha. Ahora que han cesado el ruido de las armas de ETA y las ilegalizaciones, que fueron el argumento esgrimido por las acusaciones para poner en tela de juicio cualquier movimiento en el terreno de la paz, esa dinámica se ha desplazado a Catalunya y a su proceso soberanista, donde el Estado aprecia indicios de desobediencia.
Tanto en Euskadi como en Cata- lunya, las investigaciones han apuntado a los más altos cargos institucionales (presidencia autonómica y parlamentaria), que han entendido en todo momento que estaban cargados de legitimidad democrática por haber sido elegidos por los ciudadanos en las elecciones y que, por tanto, podían desplegar su programa o intentar buscar soluciones políticas a un contencioso. Los dos casos vascos más paradigmáticos fueron el juicio contra el exlehendakari Ibarretxe, los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, y una delegación de la izquierda abertzale encabezada por Arnaldo Otegi, por reunirse en plena tregua para buscar la paz; y la inhabilitación de los miembros de la Mesa del Parlamento Juan María Atutxa, Kontxi Bilbao y Gorka Knörr por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. En el caso vasco fue determinante el papel de la acusación popular de asociaciones como el sindicato ultraderechista Manos Limpias, mientras en el caso catalán el impulso procede del Gobierno español y la Fiscalía.
El periplo judicial vasco sirvió, al menos, para que el Tribunal Supremo emitiera la sentencia más contundente hasta la fecha en contra de la judicialización de la política. Lo hizo en el caso de las conversaciones con la izquierda abertzale. Su decisión, no obstante, tenía un radio de aplicación limitado porque solo avaló el diálogo para buscar soluciones, de manera que quedaban fuera los casos donde hubiera actos concretos de eventual desobediencia, como en el caso de Atutxa y la negativa a disolver el grupo parlamentario. Los catalanes están exactamente en la misma situación y se apunta de antemano como seguro que habrá penas de inhabilitación.
artur mas, por consultar El juicio que arrancará mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sentará en el banquillo al expresident Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau. Francesc Homs será juzgado por la vía del Tribunal Supremo por su condición de diputado en el Congreso. Se enfrentan a largas penas de inhabilitación, de diez años en el caso del expresident, y de nueve para el resto. La sentencia puede truncar el futuro político de Mas, llamado a ser el candidato en las próximas elecciones para liderar una Catalunya independiente. El actual president, Carles Puigdemont, ciñó su mandato a la preparación de las estructuras de Estado y a celebrar el referéndum vinculante, que podría llegar en junio.
Se trata de aclarar si hubo o no desobediencia al celebrar la consulta de independencia del 9 de noviembre de 2014 que, como es sabido, no provocó efecto jurídico alguno. Además, los implicados aseguran que fue un híbrido con la participación de voluntarios, y no un plebiscito propiamente dicho y organizado por el Govern; y que no puede decirse que desobedecieran la suspensión del Tribunal Constitucional, porque era genérica y no quedaba claro a qué actuaciones afectaba. Mas se ve envuelto en este trance por dar la voz a los catalanes en una consulta en la que participaron 2,3 millones de ciudadanos. El Estado se había negado a pactar una. Homs, por aquel entonces máximo responsable de los Servicios Jurídicos de la Generalitat, está en la situación más precaria porque el juez tiene en su posesión una respuesta suya a una empresa a la que encargaron tareas informáticas.
Todo apunta a que va a abrirse una nueva etapa de judicialización en el Estado porque hay varios casos en pie, como el de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir la votación de la hoja de ruta unilateral; y el de unos 260 ayuntamientos, por cuestiones como no izar la bandera española. Joan Coma, edil de la CUP en Vic, podría ser condenado por incitar a la sedición, un delito que implica cárcel, por decir que para hacer tortilla hay que romper huevos.
ibarretxe, por dialogar Artur Mas tendrá mañana una sensación muy parecida a la que tuvo Ibarretxe cuando acudió a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Se sentó en el banquillo por haber recibido en Ajuria Enea a los miembros de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena. Lo hizo un 19 de abril de 2006. Era la época de las conversaciones de Loiola y la tregua de ETA, con el socialista Zapatero al frente del Gobierno español y con la clase política percibiendo opciones reales de lograr la paz definitiva. Otegi había dado un paso histórico dos años antes al separar en dos planos diferentes las negociaciones políticas (en manos de los partidos) y las conversaciones técnicas sobre los presos y el desarme (entre el Gobierno español y ETA).
¿Qué sucedió para que alguien apreciara delito en la reunión en Ajuria Enea? Batasuna era una formación ilegal, de modo que Otegi y sus compañeros habrían incurrido en un delito de desobediencia y el lehendakari habría cooperado. El juez instructor no realizó la lectura de que solo se representaban a sí mismos, y no a una sigla política proscrita. También fueron acusados Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia, así como los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, por la reunión celebrada el 6 de julio de 2006 en un hotel donostiarra.
Este caso levantó polvareda porque tenía el impulso de la acusación popular, en concreto de Foro Ermua y Dignidad y Justicia. Esta figura ha estado de manera permanente en cuestión por los intereses políticos que se puedan albergar. Además, era la primera vez que se abría la puerta a criminalizar el diálogo. Se interpretó que solo se buscaba la pena del telediario, especialmente, para el lehendakari. Los hechos terminaron probando de alguna manera esa tesis, porque ni siquiera hubo juicio oral. Sin entrar al fondo del asunto, se archivó la causa porque no podía abrirse juicio solo con la acusación popular (la denominada doctrina Botín). La decisión llegó cuando todos los acusados se habían sentado ya en el banquillo en la sesión inaugural, en enero de 2009. Ya que había tenido que pasar por ese trago, Ibarretxe hubiera preferido llegar hasta el final para que una sentencia avalara el diálogo. No la hubo, pero llegó después, en respuesta al recurso de la acusación en el Supremo.
El tribunal fijó los límites penales en el “control de la actividad política ejercida por un gobierno democráticamente elegido y al que compete la dirección política en el ámbito de sus facultades para las que ha sido elegido, sin que puedan ser, en principio, criminalizadas las posiciones de diálogo para la búsqueda de la mejor opción de gobierno que garantice la ordenada convivencia social”.
atutxa, por no disolver un grupo Euskadi también ha visto cómo se cuestiona su autonomía parlamentaria. En 2003, el entonces presidente de la Cámara Juan Mari Atutxa y los miembros de la Mesa Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB) iniciaron un largo periplo judicial por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. El Supremo les ordenó que lo hicieran en consonancia con la ilegalización de Batasuna. Los acusados explicaron que los grupos parlamentarios y los partidos son entes diferenciados, que en cualquier caso el reglamento de la Cámara no les daba cobertura para tomar esa decisión y que, además, como miembros del legislativo les asistía la inviolabilidad parlamentaria y no podían ser juzgados por actuaciones y votos emitidos en la institución.
Fueron absueltos dos veces por el tribunal superior vasco, pero el caso siguió adelante, ya con el único impulso de Manos Limpias. En un recorrido interminable para los acusados, el caso volvió al Supremo y ahí se produjo el vuelco: el tribunal ignoró la doctrina Botín y los condenó a multas de entre 12.000 y 18.000 euros e inhabilitación de entre un año y un año y medio (la pena más alta fue para Atutxa). Recurrieron al Constitucional, que no les dio la razón y, además, emitió su fallo cuando la pena ya estaba cumplida. El caso se encuentra ahora en Europa.
Parlament. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell (en la foto), tuvo que declarar en diciembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por no haber impedido la votación de la hoja de ruta del procés, donde se apuesta por una vía unilateral (referéndum o elecciones constituyentes).
Ámbito municipal. Unos 260 ayuntamientos tienen causas abiertas por no izar la bandera española, pagar cuotas a la Asociación de Municipios Independentistas o apoyar la consulta. El concejal de la CUP en Vic Joan Coma (en la foto) declaró en la Audiencia Nacional a finales del pasado año acusado de incitación a la sedición, lo que implica penas de cárcel. El fiscal entiende que ha podido incitar a la violencia por haber dicho que, para hacer tortilla, hay que romper huevos. “Iba bastante preparado al juicio y no sabía cómo reaccionar. No puede ser que me esté preguntando cómo se hace una tortilla, si para romper el huevo hay que hacer fuerza... Quería que argumentase a favor de la violencia”, ha relatado Coma.
