bilbao - La reunión que la Comisión Bilateral, integrada por Gobierno Vasco y español, mantuvo ayer para intentar lograr un acuerdo sobre cuatro de las leyes de Euskadi que el Ejecutivo del PP tiene recurridas ante el Tribunal Constitucional, concluyó con progresos “puntuales” en materias “concretas”, pero sin un avance global. El deshielo en las relaciones entre ambos ejecutivos tendrá que esperar pero el tiempo de las comisiones técnico-jurídicas empieza a agotarse lo que aboca a una decisión política del Gobierno español si se pretende el desbloqueo.

Las partes proseguirán con la negociación en la que, según el Gabinete Urkullu, todavía queda “mucho trabajo por delante” y en la que “muchas de las materias abordadas” dependerán “de la voluntad política real del Gobierno español para llegar a un acuerdo”. Las delegaciones vasca y española estuvieron reunidas durante cinco horas en las que cada parte expuso sus líneas rojas sobre los recursos interpuestos contra las leyes Municipal, la de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos causadas por actuaciones de represión ilícita entre 1978 y 1999 -también conocida como ley de abusos policiales-, la de Adicciones y la de Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Los técnicos de ambas delegaciones llevaron los debates bien hechos y ello propició una puesta en común profunda y completa de los temas. Hubo puntos de encuentro en algunas de las leyes pero las partes también chocaron en algunos aspectos clave de la Ley Municipal, especialmente en lo referente a las normativas sobre utilización del euskera y la posibilidad de celebrar consultas. Las diferencias también fueron importantes en la Ley de Abusos Policiales.

El objetivo inicial era “profundizar en el contenido de los cuatro recursos y explorar las posibilidades de llegar a un acuerdo en la interpretación de los artículos recurridos”. Por ello, ambas delegaciones se han emplazado a elaborar por escrito “todas las propuestas habladas” y a cruzarse la documentación a lo largo de los próximos días, por lo que la negociación proseguirá para intentar alcanzar el consenso.

En cualquier caso, el margen de tiempo es reducido y la solución definitiva al litigio pasa por una decisión política del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, o de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En los próximos días, previsiblemente, habrá línea caliente entre la número dos del Ejecutivo español y el consejero de Autogobierno y Gobernanza Pública, Josu Erkoreka. Los dos son juristas muy bregados y conocen bien las costuras de la Constitución y, además, mantienen una relación fluida desde los tiempos en que coincidieron como diputados en el Congreso. Tampoco es del todo descartable un contacto entre los presidentes vasco y español para poner fin a la cuestión.

En cualquier caso, no debería demorarse demasiado ya que a mediados de enero vence el plazo para retirar los recursos a las leyes Municipal y de Adicciones, lo que obligaría a cerrar un acuerdo antes de finales de este año. Las otras dos leyes disponen un mayor margen de tiempo para que el Gobierno español dé marcha atrás y no sustancie de manera efectiva el recurso.

El Gobierno Vasco considera que la retirada de los recursos contra las leyes vascas es la prueba del algodón de la voluntad real de llegar a acuerdo por parte del Ejecutivo de Rajoy. Tras cinco años de recentralización y de recursos emplaza a Rajoy un giro de su actitud que supere los gestos y las llamadas al diálogo realizados en las últimas semanas por el propio presidente y, sobre todo, por Sáenz de Santamaría. El Ejecutivo de Urkullu considera que ha llegado la hora de pasar de las palabras a los hechos, ya que “nadie entendería que en el inicio de esta nueva etapa, no se llegara a un acuerdo en torno a estas leyes tan importantes” para Euskadi.

El Gobierno español ha recurrido, o está a punto de hacerlo, contra una veintena de leyes y normas vascas ante el Tribunal Constitucional u otras instancias judiciales. Las más importantes son, entre otras, la Ley Municipal, la de Abusos Policiales o las OPE de la Ertzaintza. Su retirada es una de las demandas del Gabinete Urkullu para hacer creíble un verdadero trato bilateral entre ambos gobiernos.

Además, Lakua emplaza a Rajoy al traspaso de las competencias pendientes según el Estatuto de Gernika, el impulso del Tren de Alta Velocidad, la liquidación del Cupo -la cantidad que paga el Gobierno Vasco al español por las competencias y servicios no transferidas a Euskadi y desarrollados por el Estado-, en suma la bilateralidad en la relación entre los Gobiernos vasco y español.

Ese trato bilateral es, asimismo, la condición fijada por Urkullu para que cambie su decisión de no acudir a la Conferencia de Presidentes autonómicos el próximo 17 de enero.