Casi tres meses después de las elecciones generales del 20 de diciembre las apuestas se inclinan por una repetición de los comicios dentro de poco más de tres meses, el 26 de junio. Los partidos políticos siguen enrocados en sus vetos cruzados que imposibilitan destejer el endiablado sudoku parlamentario que arrojaron las urnas y que acabaron con el bipartidismo y su clásico juego de mayorías más o menos claras para poder investir un presidente y conformar un gobierno. Pese al juego de escenificaciones y los alardes de bisoñez de alguno de los implicados que confía en la cuadratura del círculo, hay coincidencia plena en los corrillos políticos y también en la calle de que dentro de 105 días estamos convocados de nuevo a votar, aunque previsiblemente las urnas dejarán un panorama igualmente endiablado. Este fracaso de la política y del parlamentarismo supondrá a los fondos públicos alrededor de 230 millones de euros, 45 millones más, por ejemplo, de lo que costará la Línea 3 del Metro de Bilbao. Todo un dispendio en estos tiempos de crisis.
Los vetos cruzados entre los cuatro grandes partidos del Congreso dieron al traste con la investidura del secretario general del PSOE a la presidencia del Gobierno español, Pedro Sánchez. El candidato socialista lo intentó en dos ocasiones y fracaso en ambas tentativas, ya que su acuerdo con Ciudadanos resultó claramente insuficiente para franquear la mayoría absoluta de la primera votación del 3 de marzo y la mayoría simple de la segunda, dos días después.
La primera votación puso en marcha el reloj parlamentario y los candidatos disponen de dos meses exactos desde entonces (hasta el 2 de mayo) para forjar acuerdos que les otorguen las mayorías requeridas en una segunda vuelta. En este tiempo pueden intentarlo cuantos candidatos consideren, previa comunicación del presidente del Congreso, Patxi López, y de este al rey Felipe VI, que es quien formaliza el trámite. Si en estos dos meses, no se presenta ningún candidato o los que se presenten naufragan en la Cámara Baja como lo hizo Sánchez, la Constitución establece que 54 días después se convocarán nuevamente elecciones generales, esto es, el 26 de junio. Ese es el escenario más posible a estas horas tras lo visto durante esta primera semana posterior al intento fallido del candidato socialista, aunque por el momento las espadas están en alto.
La celebración de los comicios en junio supondría al erario público un gasto cercano a los 130 millones de euros, que es lo que costó la maquinaria electoral del 20 de diciembre. Según los datos del Ministerio del Interior, en ese presupuesto están incluidos los 48 millones de Correos (voto a distancia y propaganda), los 13 millones del escrutinio y la difusión de los datos, otros 12,5 millones de logística (papeletas, locales y campañas de difusión) y 55 millones que se dejan las administraciones públicas en todo el proceso, entre las que se incluyen los 13 millones en despliegue de policía y seguridad.
A todo ello habría que añadirle el gasto en campaña de los partidos políticos que procede fundamentalmente de las arcas del Estado. Lo que se gastan las formaciones políticas para vender a sus candidatos también supone un buen mordisco a las arcas públicas, ya que mayormente se nutren para ello de subvenciones que reciben en función de los votos y los escaños que lograron en las pasadas elecciones, esto es, los resultados de diciembre marcarán el gasto en la campaña de junio.
El tope legal para gastos de campaña electoral está fijado en 13,5 millones de euros por partido. En los comicios del 20-D los partidos declararon al Tribunal de Cuentas un gasto cercano a los 31 millones, a lo que habría que añadir las subvenciones electorales que cobran las formaciones políticas por concurrir a las urnas. En concreto, cada sigla cobra 21.167 euros por escaño en el Congreso, lo que suma un total de 7 millones, teniendo en cuenta a los cinco grandes partidos estatales (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida).
Hasta aquí lo que costaría la repetición de las elecciones. Una cifra cercana a los 170 millones de euros, entre la organización de la convocatoria a las urnas y la financiación de las caravanas electorales de los partidos. Pero la cifra se engordaría considerablemente si se tiene en cuenta el gasto acumulado en los seis meses de actividad política en el Parlamento español (Congreso y Senado), que incluye los gastos de funcionamiento de las dos Cámaras legislativas y, sobre todo, los sueldos y demás gastos de los 350 diputados y 250 senadores, sus asistentes, colaboradores, secretarios... En caso de que tengan que repetirse las elecciones, la actividad legislativa de los parlamentarios será muy reducida en este impasse entre los comicios de diciembre y los de junio, pero las retribuciones de todos ellos se mantendrán intactos independientemente del trabajo realizado porque la ley así lo establece.
El gasto generado por todos esos conceptos es difuso y difícil de precisar pero una aproximación válida la ofrecen los presupuestos aprobados para el Congreso y el Senado para este año. Dejando a un lado otros tipos de gastos corrientes de funcionamiento y de bienes y servicios, solo en gastos de personal el Congreso tiene un presupuesto de 36 millones para el conjunto del año, lo que simplificando supondría la mitad para medio año. En este concepto están incluidos las retribuciones y complementos de los altos cargos (diputados) que en total supera los 19 millones de euros en el conjunto del año. También se recogen en este apartado los salarios del personal eventual, funcionarios y laborales. Asimismo, recoge los incentivos al rendimiento, las gratificaciones y pensiones y otros gastos sociales.
Los diputados perciben un sueldo base de 43.771 euros brutos al año. A este salario se le añade un plus para afrontar los gastos de alojamiento y manutención, libre de impuestos, que asciende a 11.755 euros al año para cada uno de los 36 diputados de Madrid, y de 24.650 euros para cada uno de los 315 diputados restantes. Asimismo, reciben dietas devengadas por desplazamiento de 120 euros por día dentro del territorio estatal y de 150 euros por día para viajes en el extranjero, también libres de impuestos.
En cuanto al Senado, sus gastos de personal recogidos en los presupuestos aprobados para este año arrojan una cifra también abultada y alcanza los 23 millones de euros para los doce meses del presente ejercicio, de los que quince son para sueldos y complementos de los senadores de todo el año. Los ocho millones de euros restantes son para el pago de personal eventual, laborales fijos, incentivos al rendimiento y pensiones y otros gastos sociales de los senadores. A todo ello hay que añadirle los gastos comunes a las dos cámaras legislativas que tienen su propio presupuesto y que solo en personal alcanza una cuantía de casi 48 millones de euros para todo el año.
Esta ingente cantidad de dinero es la que se va a gastar hasta junio (una parte de ella ya ha sido consumida en los casi tres meses completados este año) si finalmente se repiten las elecciones. Una fuerte suma a pagar a escote por el erario público sin que a cambio haya habido una contraprestación de la clase política que habría desperdiciado seis meses de energías y chequera. Será, si se produce, la factura del fracaso del parlamentarismo y de la política.
