BILBAO. El proceso se inició a raíz de una denuncia anónima presentada el pasado mes de abril, en la que se alertaba sobre presuntas irregularidades en el cobro de los trabajos, encargados a una constructora vinculada a Prieto.
La denuncia señalaba la posibilidad de que los cobros se hubieran podido efectuar por unas obras que, en realidad, no se habrían realizado, y que fueron financiadas por una partida del Ministerio de Interior destinada a reforzar la seguridad de las sedes de partidos políticos.
En un auto dictado el pasado 9 de julio y hecho público este miércoles, la Sala se declara competente para conocer la denuncia presentada por el Ministerio público contra Prieto y García y afirma que, "examinada la relación de hechos que refiere el escrito fiscal (...) no es posible descartar" que los hechos que se denuncian "pudieran revestir carácter de delito, ni considerar la manifiesta falsedad de la denuncia".
Por ello, cree que "resulta ineludible la comprobación de los hechos denunciados, a través de las correspondientes diligencias previas". Además, designa instructor al magistrado Antonio García.
El auto podrá ser impugnado mediante recurso de súplica presentado en el mismo Tribunal en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente a su última notificación.
El Fiscal General del País Vasco, Juan Calparsoro, presentó el pasado 24 de junio, ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la denuncia contra Txarli Prieto y Víctor García, después de que el 17 de junio la Junta de Fiscales de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco decidiera presentar la denuncia.
