gasteiz - Hace apenas diez meses, el ex secretario general del PSE, Txarli Prieto, dejó las riendas del partido presionado por la “renovación global” de los socialistas. Desde entonces se ha centrado en su labor de parlamentario, aunque sin perder de vista las entrañas de un partido controlado por un aparato que le es afín. Esta cómoda situación no parece satisfacer plenamente al exlíder territorial, quien, según ha podido saber este periódico de fuentes de su entorno, tiene en mente dar el salto a Madrid. Así era, al menos, hasta que la semana pasada se cruzó en su trayectoria la denuncia de la Fiscalía vasca por estafa y falsedad documental que puede cortar las alas del aforado socialista.

Bregado en un pasado sindicalista que le llevó a encabezar la representación alavesa de CCOO, Prieto ha sabido fajarse con habilidad de todos los escollos que han surgido en su trayectoria política a lo largo de las dos últimas décadas. La aparición de un sector crítico no fue suficiente para inclinar la balanza en su contra y durante sus ocho años al frente del partido siempre sumó más apoyos que sus rivales. En el Parlamento Vasco disfruta de una cómoda posición como secretario general del grupo, la pieza clave para repartir temas y responsabilidades entre sus compañeros. Pero Prieto ha aprendido a no apurar plazos y el nuevo reto ya está en marcha cuando falta un año para concluir la legislatura en la Cámara autonómica.

En este contexto, voces del partido dan por hecho desde hace varias semanas que el otrora líder de los socialistas alaveses tiene la vista fijada en el Congreso de los Diputados, una plaza desconocida en su larga carrera para la que deberá alcanzar el pasaporte a través de las elecciones generales, que tendrán lugar a finales de año.

Sobre la mesa, todo parecía enfilado. Prieto no debería tener excesivos problemas para completar con éxito el primero paso: encabezar la plancha alavesa. El sector oficial al que pertenece el ex secretario general ha demostrado que ante la fractura que dio lugar a un sector renovador y a un segundo grupo encabezado por Patxi Lazcoz, la dirección que encabeza Cristina González sigue contando con el soporte mayoritario entre la bases, tal y como quedó de manifiesto en la elección de la actual máxima responsable del partido en las elecciones internas que tuvieron lugar a finales del pasado ejercicio.

El principal problema al que se enfrenta Prieto, no solo para cambiar los aires vitorianos por los de la Carrera de San Jerónimo, sino para continuar en la actividad política, es el futuro de la denuncia que pesa contra él y el secretario de Organización del PSE alavés, Víctor García Hidalgo. La reacción de la Fiscalía tiene su origen en una denuncia anónima que el propio Prieto asumió que procedía de un compañero de siglas. Se llegó a hablar incluso del ex alcalde Patxi Lazcoz, al ser una de las pocas personas que tenía acceso a la detallada información contable que llegó a manos del fiscal superior vasco Juan Calparsoro.

La empresa Escoiba, de la que era copropietario Prieto, se encargó entre 2010 y 2011 de la reforma de cinco sedes de los socialistas alaveses, un trabajo por el que la citada compañía recibió 71.484 euros, de los que parte habían sido subvencionados por el Ministerio del Interior. Además del ex secretario general, su jefa de filas Idoia Mendia y su compañera Cristina González argumentaron que estas obras estaban encaminadas a mejorar la seguridad en las sedes en una época en la que ETA mantenía su actividad, un delicado encargo que llevó al PSE a contratar a varias empresas, entre ellas a Escoiba.

En la denuncia ante la Fiscalía se adjuntaron talones de banco del partido y recibos emitidos por la empresa sin sellar y en los que figuran conceptos genéricos, lo que, según el denunciante, podría “enmascarar sobrecostes e incluso la efectiva realización de algún trabajo”.

Si el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) decide seguir adelante con la denuncia y decretar la apertura de juicio oral, la carrera política de Prieto y su aspiración de volar a Madrid habrán llegado a un punto de difícil retorno. El primer paso por parte del tribunal será decidir si admite a trámite la denuncia de la Fiscalía, una acción que, según fuentes judiciales consultadas por este periódico, en la justicia ordinaria no tardaría más de dos semanas pero que en el TSJPV “es más difícil de concretar”. Estas mismas fuentes destacan que en el hipotético caso de que la denuncia siga su curso “no es probable” que la apertura de la vista oral se produzca este mismo ejercicio.

A la espera de nuevos acontecimientos, la Ejecutiva vasca del PSE, ya ha advertido de que, en aplicación del Código ético, si hay juicio exigirá la dimisión de todos los cargos del ex secretario general, tanto los públicos como los que aún conserva en el seno del partido. Una salida por la puerta de atrás de la política que supondría un nuevo varapalo para el PSE alavés, aún convaleciente del severo retroceso electoral experimentado en mayo.

Es este último aspecto donde reside un nuevo escollo hasta ahora inexistente y que también podría afectar a las aspiraciones de Prieto. Y es que, hasta la fecha, ser cabeza de lista de los socialistas alaveses en las elecciones generales era sinónimo de tener garantizada la entrada en las Cortes Generales. Hoy puede no ser garantía suficiente.

La diversificación del voto que ha producido la entrada en la escena política de Podemos y Ciudadanos tuvo su primer efecto en los comicios municipales y forales. Los resultados de ambos, sobre todo de la formación liderada por Albert Rivera, no fueron tan elevados como algunas encuestas presagiaban, pero el cambio de marco también puede llevar aparejada una variación en el volumen de apoyos.

En mayo el PSE no pasó de ser la cuarta fuerza en Gasteiz y la quinta en Álava, y las previsiones no parecen que sean mucho más halagüeñas de cara a noviembre. Con la calculadora en la mano, la primera fuerza alavesa estará obligada a doblar al cuarto partido para lograr dos de las cuatro plazas del Congreso a las que tienen acceso las fuerzas que concurren en este territorio. Dicho de otro modo, es necesario alcanzar como mínimo el tercer lugar de las preferencias electorales para asegurarse la presencia en la Cámara baja, un listón que, hoy por hoy, parece muy elevado para un PSE en horas bajas.

Dimisión. La renovación global del PSE forzó a Prieto a anunciar el pasado año su retirada de la primera línea. Tras una nueva pugna con el sector crítico, Cristina González asumió las riendas del partido.

Parlamento. Tras su retirada de la dirección territorial, Prieto se centró en su labor de secretario general del grupo socialista en el Parlamento Vasco. Aún así, no perdió de vista el funcionamiento interno del PSE alavés, donde mantiene su influencia.

Denuncia. La denuncia por estafa y falsedad documental que registró la Fiscalía vasca puede determinar el futuro de Prieto. Círculos políticos de su propio partido aseguran que la intención del exlíder socialista era postularse para acceder al Congreso, pero la apertura de juicio pondría fin a esta aspiración. Del mismo modo, Prieto estaría obligado a dimitir de sus cargos, tal y como recoge el Código ético del PSE.

TSJPV. El primer paso será admitir a trámite o archivar la denuncia, una acción que en la justicia ordinaria supondría cerca de dos semanas, pero que en el caso del Tribunal Superior vasco es “más difícil de concretar”, según fuentes judiciales.