madrid - El juez de instrucción número 35 de Madrid, Enrique de la Hoz, ordenó ayer el bloqueo inmediato de todas las cuentas corrientes, depósitos, fondos y préstamos titularidad a nombre del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, y de sociedades relacionadas con él. De la Hoz (en funciones de guardia), a petición de la Fiscalía, envió un requerimiento a las patronales del sector -la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc)-, para que procedan al bloqueo de las cuentas del exministro y de sociedades ligadas a él. La paralización de las cuentas evitará las retiradas de efectivo, aunque podrán seguir recibiendo ingresos, que quedarán inmediatamente paralizados.
Este mismo magistrado fue el que también a instancias del Ministerio Fiscal ordenó el jueves los registros en el domicilio y el despacho de Rato, al que se investiga por delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Las alarmas sobre el exbanquero saltaron tras la multimillonaria fianza del caso Bankia, cuando la unidad de inteligencia financiera, dependiente del Ministerio de Economía, puso el foco sobre Rato en febrero. Y es que la Agencia Tributaria llevaba “bastante tiempo” investigando el patrimonio del ex director gerente del FMI, como admitió ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y por ello su nombre figuraba en la lista de 705 contribuyentes sospechosos de aprovechar la amnistía para lavar parte de su patrimonio.
contradicciones De entre todos ellos, la unidad antiblanqueo, el Sepblac, se fijó inmediatamente en Rato porque Hacienda detectó contradicciones sobre sus bienes y había descubierto su participación en un complejo entramado societario, cuyos vínculos se extenderían hasta algunos paraísos fiscales, explicaron fuentes de la investigación.
Ante la sospecha de que esa red empresarial pudiera servir para esconder parte de su fortuna y tras hallar movimientos extraños de capitales durante la fase de instrucción del caso Bankia, el Gobierno decidió actuar y denunciar los hechos a la Fiscalía, que detectó indicios de delitos de fraude, blanqueo y alzamiento.
Por eso el juez de guardia en Plaza de Castilla decidió el jueves, con carácter urgente, el registro durante más de siete horas del domicilio de Rato y posteriormente de su despacho, en una investigación que continuó ayer para seguir recabando información de los ordenadores del que estuvo llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP.
Ante el escándalo mediático, Rato insistió en su confianza en la Justicia y su disposición a colaborar en todo momento, al tiempo que aseguró que no tiene ninguna sociedad “ni en un paraíso fiscal y, ni siquiera, fuera de la UE”. También negó los movimientos de dinero entre sus sociedades después de que el magistrado Fernando Andreu reclamara 800 millones para cubrir de forma solidaria posibles responsabilidades por la salida a bolsa de Bankia, que finalmente acabó aportando el grupo BFA-Bankia en solitario. No obstante, el grupo financiero dejó claro que reclamaría a Rato y otros antiguos miembros de la cúpula de la entidad la parte proporcional de la fianza, lo que le llevó a exigir al exministro de Economía y Hacienda 133,33 millones. Los investigadores sospechan que Rato quería eludir embargos si no pagaba las fianzas.
Anoche, el expresidente de Bankia continuaba en libertad, pero a la espera de si proseguían los registros en su finca El Molino, en el municipio madrileño de Carabaña, y de la decisión que pueda tomar el magistrado al que por reparto recayó la denuncia que la Fiscalía de Madrid interpuso contra el exbanquero. Esta recogía en su escrito las sospechas vertidas por la Agencia Tributaria contra empresas y sociedades en las que figuran como titulares familiares de Rato, como su exmujer, María Ángeles Alarcó, su hermana y una sobrina.
Aunque el juez de la denominada operación Puerto es el encargado por el momento de esta investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado hacerse cargo de ella, asunto sobre el que deberá decidir el lunes la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. La decisión de Hacienda de llevar el caso a la Fiscalía provocó malestar en Anticorrupción, que conoció la noticia a través de la prensa, a pesar de que desde hace algunos meses se seguía la pista del actual miembro del consejo asesor de Telefónica. - Efe
Salvar la amnistía. El Gobierno quiere desvincular la operación contra Rodrigo Rato de la amnistía fiscal que impulsó en 2012. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que la operación judicial que desencadenó los registros es consecuencia “de una investigación que se lleva desde hace bastante tiempo” sin relación con la llamada amnistía fiscal a la que se acogió el exministro.
