Vitoria - El PSE alavés parece dispuesto a vivir en un permanente estado de zozobra. Dos meses después de que una guerra interna culminara con la renuncia de Maite Berrocal a continuar como candidata a la Alcaldía de Vitoria, las aguas socialistas se encontraban más o menos calmadas a cinco semanas de las elecciones. Al menos hasta ayer, cuando Txarli Prieto, parlamentario vasco y hasta hace siete meses secretario general del PSE en Álava, se topó de bruces con una denuncia “anónima” ante la Fiscalía vasca que le acusa de adjudicar a su propia empresa la reforma de cinco sedes socialistas de Álava en 2010 y 2011, cuando todavía era el líder del partido en el territorio histórico.
Prieto concedió las obras a la firma Escoiba, de la que era copropietario y gestor, con fondos públicos procedentes de la subvenciones que el Ministerio del Interior otorgaba a los partidos en Euskadi para reforzar la seguridad de sus sedes. Sin embargo, el denunciante “sospecha” que algunas de esas reformas nunca se realizaron y que, además, podrían enmascarar sobrecostes. Fuentes de la Fiscalía que han tenido acceso a la documentación presentada por el demandante señalaron ayer a este periódico que los papeles, facturas y talonarios bancarios aportados para denunciar a Prieto parecen apuntar a una fuente interna del partido, aunque desconocen su identidad.
El propio exsecretario general alavés, que reconoció las adjudicaciones pero subrayó que todo se hizo de forma legal por motivos de “confianza” al ser reformas destinadas a proteger los locales ante posibles ataques terroristas, deslizó en su comparecencia ante los medios que “con toda seguridad todos ustedes le ponen cara y ojos, y no se equivoca ninguno”, al ser cuestionado por el origen de la demanda.
Por el momento, las mismas fuentes de la Fiscalía insistían ayer en que el caso se encuentra en proceso de análisis y estudio del contenido de la documentación, a la espera de decidir si se abren diligencias contra un Prieto que aseguró haber contratado las reformas de seguridad a su firma “con absoluta normalidad y según los criterios que se solicitaban”, además de mantener que las obras “son demostrables” y subrayar que Escoiba, de la que era dueño junto a otro socio, “era la empresa de urgencia y confianza a la que se acudía porque no parecía razonable que sedes que estaban expuestas a la inseguridad por el terrorismo quisieran contratar con quien no tuvieran esa confianza”.
Amurrio, LLODIO y agurain Aunque el denunciante aporta otras facturas, la base de la demanda se centra en las reformas de las sedes socialistas de Amurrio, Llodio, Agurain, Labastida y Rivabellosa, que alcanzaron un total de 70.000 euros costeados con el dinero que el Ministerio del Interior destinaba a los partidos para incrementar la protección de sus locales. Tras anunciar que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía para aclarar lo que definió como un asunto “desagradable”, Prieto explicó que durante tres años, entre 2009 y 2012, mantuvo lo que definió como “un pequeño tiempo de solapamiento” en el que compaginaba la secretaría general del PSE alavés y su participación en la empresa Escoiba. El parlamentario vasco sostiene que tanto su partido en Álava como el PSE vasco y el propio PSOE -que “gestionaba los recursos del Ministerio del Interior y los distribuía”- estaban al tanto de todo.
Mientras la Ejecutiva socialista alavesa, con Cristina González al frente, se limitó a manifestar en una escueta nota de prensa que todas las obras en sus sedes “son comprobables y tienen su correspondiente soporte documental”, la secretaria general del PSE vasco, Idoia Mendia, sí salió con urgencia a cerrar filas apoyando a Prieto de forma explícita porque, en su opinión, no existe “ninguna razón para tomar medidas”. “No hay ninguna irregularidad”, zanjó Mendia, que también aprovechó para poner sobre la mesa que Prieto “ya no ocupa ningún cargo” en el partido.
Mendia justificó por la amenaza del terrorismo que en 2010 y 2011 la adjudicación de las obras de reforma de sus sedes en Álava se realizara de esta forma a la empresa de Prieto, matizando que “no era fácil que empresas ajenas se comprometieran a hacer esas obras, además de que por razones de seguridad y confidencialidad no se podía contratar a cualquiera”. “Eran tiempos difíciles que no se pueden mirar con los ojos de 2015”.
Tensiones internas Con todo, será la Fiscalía vasca la que ahora tendrá que determinar si realmente este sistema de contratación cumplía con la normativa impuesta por Interior para hacer uso de los fondos públicos, y si las facturas y talones emitidos se corresponden o no con el coste de las obras, como sospecha el denunciante anónimo que ha hecho llegar los documentos a la Fiscalía Superior del País Vasco. Si el caso prospera no sería sin embargo la primera vez que Prieto se sienta delante de un juez por una demanda surgida desde dentro.
En 2011, un juzgado de Vitoria absolvía al por entonces líder del socialismo alavés de un delito de acoso laboral contra su secretaria, en un momento en el que las tensiones internas con el ala comandada por Javier Rojo estaban a la orden del día. Su mandato al frente del PSE de Álava no estuvo nunca exento de polémica, especialmente durante los últimos años. En febrero de 2013 la línea renovadora que abanderaba Juan Carlos Alonso, ahora a punto de abandonar la política, pugnó sin éxito por arrebatarle el mando del partido en un congreso en el que Prieto logró el apoyo del 57,6% de los delegados.
La designación de Berrocal como candidata a la Alcaldía con el apoyo de Patxi Lazcoz, muy crítico también con Prieto, voló por los aires cuando el partido quiso imponer la presencia en las listas del exvicepresidente de Kutxabank Carlos Zapatero. Días más tarde preguntaron a Berrocal por los conflictos internos en el PSE. “El problema en Álava está perfectamente identificado”, respondió.
