La trama de financiación ilegal del PP balear enreda a la formación de Quiroga

Por primera vez, un político del PP ha confirmado la acusación de Bárcenas de que varias sedes del partido, también la de Bilbao, fueron financiadas por empresarios. Se trata de Javier Rodrigo de Santos, ex teniente de alcalde y exconcejal de Urbanismo de Palma. Un oscuro personaje, mano derecha del expresidente balear Jaume Matas, y reconocido activista ultracatólico, condenado a 13 años de cárcel -luego rebajado a cinco por el Tribunal Supremo- por varios delitos de abusos sexuales a menores, a los que suma otros dos años por corrupción política. Una vez cumplidas las condenas y con este currículum carcelario a sus espaldas, De Santos entra en esta historia por haber destapado la forma de actuar de la red clientelar y de corrupción que ha dominado el PP balear.

De Santos, en calidad de arrepentido, declaró el pasado mes de julio ante el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach -conocido fuera de las Baleares por la instrucción del caso Urdangarin- que un empresario de la construcción le confesó que pagó la sede del PP en la parte más ilustre de Palma de Mallorca para conseguir, mientras Matas fue presiente del Gobierno autonómico, de 2003 a 2007, un pelotazo urbanístico con unos terrenos militares, aunque finalmente la operación no llegó a materializarse. “Has sido el único que has tenido los huevos de decirme claramente, desde el principio, lo que pensabas, sin engañarme, que el proyecto tal cual no se podría ejecutar”, explicó De Santos que le dijo el constructor tras no lograr la adjudicación. “Eso le había costado a él -al empresario- el pago de la sede del PP” en Palma, explicó el exconcejal popular a Horrach.

El empresario en cuestión y nexo de los casos mallorquín y vasco es Antonio Pinal, presidente y accionista mayoritario del Grupo Bruesa, con orígenes en Gipuzkoa, uno de los más importantes holdings de la construcción antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Pinal no es un desconocido en la presunta financiación irregular del PP. Tuvo que declarar ante Pablo Ruz en la Audiencia Nacional como imputado por aparecer como donante irregular del PP en el sumario de los llamados papeles de Bárcenas. También un miembro del consejo de administración de Bruesa Construcciones S.A., parte del holding de Pinal, aparece en los autos del juez Ruz -el último fechado el pasado lunes, con el que culmina la investigación y abre el procesamiento de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, entre otros- que establece que dicho consejero, Emilio Álvarez López, efectuó pagos a Bárcenas -36.000 euros- que fueron luego desviados para abonar la sede del PP en Bilbao.

El exedil De Santos aseguró en julio al fiscal que Pinal -que logró 90 millones en adjudicaciones de las administraciones de Baleares- le reconoció que financió los locales de los populares a cambio de ser favorecido por los contratos públicos de las administraciones donde gobernaba el PP. Según la declaración de este exconcejal arrepentido, el PP de Matas pedía comisiones del 3% por las concesiones de obra superiores a medio millón de euros.

el nexo entre bilbao y palma Es en esta declaración ante el fiscal cuando Javier Rodrigo de Santos apunta a la conexión entre los modus operandi en las compras de las sedes de Bilbao y Palma. Dice que Antonio Pinal, en más de una ocasión, le manifestó que, “por su costumbre de trabajar en el País Vasco, trabajaba financiando tanto al Partido Popular como al Partido Socialista”.

Esta financiación de Pinal al PP está corroborada por el informe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, y el propio auto de procesamiento de Ruz, que confirma varios pagos en 2006 por un total de 24.000 euros del presidente de Grupo Bruesa a Bárcenas. Al directivo de este grupo empresarial, que también se encargaba de los pagos al PP vasco, Emilio Álvarez López, el juez Ruz le atribuye “indiciariamente” una presunta aportación a Bárcenas y Lapuerta por un total de 84.000 euros en siete entregas diferente entre los años 2005 y 2007. Pese a los indicios contra él y otros empresarios, el magistrado no les imputa delito de cohecho porque “no resulta posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes”.

el juez Castro interviene La cosa no queda aquí. Poco antes de salir de la cárcel bajo fianza el pasado mes de enero, Bárcenas declaró por videoconferencia ante una comisión de investigación de Parlamento balear que Pinal ayudó a financiar tanto las obras de las dependencias del PP balear como de las de la sede vasca en la Gran Vía de Bilbao, aunque desligó las donaciones de la adjudicación de contratos públicos.

En este punto, el magistrado José Castro, que investiga la macrocausa de corrupción del Palma Arena -sobre las irregularidades del PP y el Gobierno de Jaume Matas-, dio credibilidad a las palabras del exedil De Santos ante el fiscal y a las declaraciones de Bárcenas ante el Cámara balear, de tal manera que abrió una causa separada de caso, la que hace el número 28, para investigar en exclusiva la financiación del PP balear. El pasado día 11 el magistrado llamó a declarar a Antonio Pinal como imputado y, a diferencia de su cita hace ya un año con Ruz, cuando negó que pagara donaciones al PP, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez Castro.

sospechas desde 2013 Las primeras sospechas de irregularidades en la compra y reforma de la sede actual del PP en Euskadi, situada en el número 89 de la Gran Vía de Bilbao, en un edificio de oficinas al lado del Sagrado Corazón, surgieron a raíz de la declaración de Bárcenas en julio de 2013 ante el juez Ruz. El extesorero popular entregó al magistrado de la Audiencia Nacional diversos documentos, entre ellos una carpeta que contenía la documentación bancaria y contable que supuestamente demostraba que la hipoteca de este inmueble fue cubierta con fondos procedentes de supuestas donaciones ilegales de constructores. Bárcenas detalló en su declaración ante el magistrado que durante aquellos años el partido “tenía mucho dinero” y que él en persona se encargaba de hacer desde Madrid las transferencias a la formación en Euskadi para que este hiciera frente a la deuda.

Ruz ha corroborado las comprobaciones que realizó la Policía Nacional de aquella documentación del extesorero, en un auto que, básicamente, da por sentado lo que ya confesó Bárcenas en su momento. La UDEF y el juez sostienen que el exresponsable de finanzas popular creó una segunda caja B, una “subcuenta opaca” -paralela a la que funcionaba con dinero negro para la contabilidad general del PP a nivel estatal- para financiar la compra y reforma de la sede bilbaina.

En esa cuenta, denominada Sede Vizcaya, se recogen un conjunto de entregas y transferencias desde noviembre de 1999 hasta noviembre de 2005. Según revela el auto, el fondo se alimentaba de aportaciones de particulares recibidas en efectivo en la sede estatal del PP que se troceaban para no superar el máximo legal de 60.000 euros y que se desviaban mediante transferencias a Euskadi. El ya conocido Emilio Álvarez López, del Grupo Bruesa, era una de esas personas que efectuó pagos que luego acabaron pagando la oficina de Bilbao. La contabilidad B del extesorero refleja como salidas estos envíos de dinero que “eran empleados para el pago de la cuota de la hipoteca por la compra de la sede”, adquirida en 1999. Pese a estas irregularidades, el magistrado de la Audiencia Nacional decidió, en su auto del pasado lunes, no emprender acciones contra estas operaciones que afectan al PP vasco.

Un informe del año pasado de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, abundaba en que la cuenta Sede Vizcaya se nutrió en gran parte por las donaciones recibidas por el PP a nivel estatal, que tenían como destino finalista sufragar los gastos de seguridad privada, y los escoltas de los concejales y otros cargos de la formación en la Comunidad Autónoma Vasca, por entonces objetivo de la amenaza y la violencia de ETA. Las cuentas de donativos estuvieron abiertas en dos bancos de Madrid entre 1998 y 2005, en plena ofensiva de ETA, y se cerraron cuando el PP vasco acabó de pagar la hipoteca de sus dependencias en Bilbao. La IGAE considera que la cuenta de dinero negro con destino al PP de Bizkaia se nutrió básicamente de estos donativos anónimos.

Quiroga se desvincula El PP de Arantza Quiroga siempre ha negado la mayor. Que no hubo conocimiento de los populares vascos de ningún tipo de irregularidad en las aportaciones que les hacía la gerencia de Madrid. Esta misma semana Quiroga ha reiterado que el PP vasco tiene las “manos limpias” y la “conciencia muy tranquila” tras el último auto de Ruz. En 2013, cuando Bárcenas desveló el pago con dinero negro de la sede de Bilbao, la formación en la CAV se dio por satisfecha con las aclaraciones del expresidente del PP vasco desde 1999 a 2004, Carlos Iturgaiz, que dirigió la formación en la mayor parte del periodo en el que se cometieron las presuntas ilegalidades. Desde 2004 a 2008 -en el auto del magistrado se establece que las entregas fueron hasta 2005- la máxima responsable fue María San Gil.

Más recientemente, y a raíz del último informe de Hacienda que desveló que los donativos para la seguridad del PP vasco en la época en que ETA mataba financiaron las oficinas populares en Bilbao, la formación defendió la limpieza de la actual y la anterior dirección, las de Quiroga y de Antonio Basagoti, y reclamó que, en el caso de que se demuestren irregularidades en las épocas de Iturgaiz y San Gil, “se depuren cuanto antes las responsabilidades, y se determine quiénes son los culpables y qué hicieron en caso de que algo de todo esto sea cierto”.