GASTEIZ - La Comisión Internacional de Verificación compartirá con ETA y otros agentes implicados la oferta realizada por el Gobierno Vasco a la organización armada para llevar a cabo el desarme del armamento que mantiene bajo su custodia. El grupo de verificadores se ha dado un tiempo para analizar en profundidad la propuesta realizada por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, pero en cualquier caso considera que es un planteamiento serio y a tomar en consideración.
El Gobierno Vasco presentó el pasado domingo por la tarde su vía vasca para el desarme, una vez que ha quedado acreditado en los últimos tres años que el Gobierno español no está por la labor de conceder a ETA una negociación para acordar entre ambos el desmantelamiento y destrucción de su armamento, y constatado que el procedimiento actual -el desarme mediante el sellado no verificado y sin un calendario- es insuficiente desde todos los puntos de vista. La propuesta fue hecha pública poco después de que la Comisión Internacional de Verificación divulgara un comunicado señalando que ha recibido informes de la banda armada de que continúa con el sellado de su armamento y de que está desarrollando un inventario del arsenal.
El Gobierno Vasco quería presentar su plan de desarme a comienzos del próximo año pero el comunicado de los verificadores internacionales precipitó los acontecimientos y el lehendakari Urkullu decidió adelantarlo bajo la premisa de que un sellado sin verificación ni calendario, como es el caso, carece de valor. Por primera vez el Gobierno Vasco y el grupo liderado por Ram Manikkalingam chocaban públicamente en sus planteamientos, con las dificultades político-jurídicas para proceder a un desarme como telón de fondo. En este contexto, la Comisión Internacional de Verificación mantiene su “relación continua y cercana” con el Ejecutivo Vasco y el lehendakari Urkullu, según señalaron ayer a este diario fuentes ligadas a la comisión de facilitadores con sede en Amsterdam. De hecho, ya han retomado los contactos discretos con Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia del Gobierno de Gasteiz.
Hasta ese momento la relación con los verificadores había sido fluida e intensa, con interlocución frecuente entre el lehendakari y Manikkalingam. Es verdad que la imagen que el pasado 22 de febrero dio la vuelta a medio mundo de los verificadores internacionales recibiendo de manos de dos miembros de ETA encapuchados una caja con un minúsculo arsenal de armas y explosivos para su sellado e inventariado provocó bastante resquemor en Ajuria Enea por el fiasco simbólico que suponía, pero no pasaron más de dos días antes de recomponer la relación. Fue a raíz de que Manikkalingam y el otro miembro que aparecía en el video, Ronnie Kasrils, fueran llamados a declarar por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por su presencia en el vídeo emitido por la BBC, después de que la banda armada lo grabara en Tolouse (Francia) y se lo hiciera llegar a la cadena pública británica. Los verificadores recibieron el apoyo del lehendakari Iñigo Urkullu y del secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, que viajaron de noche a Madrid para por la mañana estar junto a ellos a la entrada y salida del tribunal. Su paso por sede judicial quedó en una corta declaración en calidad de testigos ante el juez, pero fue un aviso a navegantes que dejó patente el problema de seguridad jurídica en la que desarrollan su labor los verificadores dado que no hay un marco legal establecido para poder llevar a cabo el desarme.
Además de la inseguridad jurídica para los facilitadores, el incidente dejó claro que el Gobierno de Rajoy no está por la labor de propiciar la vía de la entrega a través de agentes internacionales. Su apuesta pasa por la entrega por parte de ETA de una lista de zulos y armamento a la Guardia Civil y la Policía española, pero ese método, a su vez, no convence a la organización armada porque teme que sus miembros sean juzgados por posesión de armas o que el arsenal que entreguen sea utilizado para buscar huellas dactilares.
En ese contexto, el Gobierno Vasco se ofrece a ETA para que se desarme ante las instituciones vascas. Para ello propone crear un Comité para el Desarme con una representación del Foro Social (colectivo en el que destaca Lokarri), agentes internacionales como la Comisión Internacional de Verificación de Manikkalingam, y representantes del propio Ejecutivo de Urkullu. Plantea a la banda que entregue la localización de las armas a una representación de dicho Comité, que a su vez haría llegar la lista al Gobierno Vasco para que actúe como “legalmente proceda”.
Con esta fórmula, se garantizaría la seguridad física y jurídica de los verificadores del desarme, así como la de los miembros clandestinos de ETA que no tendrían que mover las armas de ningún escondite, ni estarían expuestos ante la policía, pues bastaría con entregar el mapa con la geolocalización de los zulos.
desde irlanda del norte Por otra parte, una de las personalidades que impulsaron la conferencia de Aiete de 2011 que dio paso al cese definitivo de ETA, quiso dar la bienvendia ayer a los movimientos de la organización armada en dirección al sellado de los zulos. En un comunicado, el presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, dio la bienvenida a la declaración emitida el fin de semana por la Comisión Internacional de Verificación, en la que se afirmaba que ETA continúa con el proceso de poner “armas, municiones y explosivos” fuera de uso operativo. A su juicio, el comunicado “testifica el constate compromiso de ETA con la desmilitarización del conflicto Vasco”, y es una “prueba añadida” de la voluntad de la organización. Por el contrario, apremió al Gobierno español para que promueva un proceso de diálogo, y pidió la liberación inmediata de Arnaldo Otegi, el fin de la dispersión de los presos y la puesta en libertad de los reos enfermos.
