madrid - La querella contra Artur Mas y dos de sus consellers, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la titular de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia que defendía Eduardo Torres-Dulce en contra del criterio de los fiscales catalanes quedará formalizada después de que la cúpula del Ministerio Público salvara la propuesta del fiscal general del Estado contra estos miembros del Govern por el 9-N. Decisión que arrojó otro alud de críticas de la gran mayoría de partidos contra el propio Torres-Dulce y las presiones recibidas en la Fiscalía por parte del Gobierno del PP. El fiscal general trasladará de nuevo la orden al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que previsiblemente la acate. Solo falta por saber cómo reaccionará la Generalitat y su president, quien en el acto fijado para el próximo martes ante la sociedad civil catalana tiene pensado esbozar su hoja de ruta que, dados los acontecimientos, podría incluso pasar por el anuncio del adelanto electoral.
El debate arrancó a las 10.15 horas y concluyó a las 14.45 con el respaldo a emprender acciones legales por parte de 22 fiscales, -asistieron 24 de los 27 componentes de dicho órgano- y las reticencias del fiscal del Tribunal Supremo Pedro Crespo y del jefe de la Fiscalía de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. El primero de ellos manifestó sus recelos respecto de si una resolución del Tribunal Constitucional (TC), órgano que no forma parte del ordenamiento jurídico en sí, debe ser considerada directamente ejecutable; mientras que el segundo mantuvo que la acción de la fiscalía debería realizarse en apoyo a las demandas ciudadanas que ya han llegado contra Mas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Ahora bien, pese a la unanimidad de establecer la querella, hubo posturas distintas en torno a los cargos públicos que debían ser acusados y los delitos atribuibles. Así, según Efe, los fiscales con mayor categoría de la carrera fiscal se dividieron entre los que asumían la querella de Torres-Dulce en todos sus términos; los que solo querían ir contra Mas y su vicepresidenta; y los que pensaban que debía ir dirigida únicamente contra el president.
En un debate sin votación, el fiscal general defendió que el contenido de la orden de suspensión dictada por el TC el 4 de noviembre fue “absoluto, tajante e inequívoco”, “no dejaba margen alguno a la duda” y afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsar el proceso participativo. Según su tesis, la decisión del TC afectó también a las actuaciones que no se hubieran formalizado jurídicamente “precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hechos buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación”. En el impulso de estas actuaciones participaron de forma “personal y directa” Mas y su vicepresidenta, según Torres-Dulce, “lesionando la integridad de la jurisdicción del TC y la eficacia de su tutela cautelar del orden constitucional”. Hechos que “integran todos los elementos del delito de desobediencia”.
El fiscal general inicia su nota señalando que el referendo alternativo fue “planificado, auspiciado y financiado” por el Govern y que ello se articuló principalmente a través de la web www.participa2014.cat. Según su criterio, el Ejecutivo catalán celebró “una consulta de naturaleza materialmente referendaria igualmente suspendida por el TC” en su primera resolución. Más adelante, detalla todas las actuaciones realizadas por la Generalitat, desde la aprobación por el Parlament de la Ley de Consultas hasta el empeño de llevar a cabo la consulta “en la fecha indicada y con la misma pregunta”. Para ello, “adoptó las decisiones pertinentes para constituir los órganos de la administración electoral previstos en la ley suspensa y mantuvo públicamente la campaña de llamamiento a la participación de la ciudadanía”. Así, subraya que Mas nombró a los miembros de la Comisión de Consultas Populares y de las Comisiones de Seguimiento, y declaró luego en comparecencia pública que el Govern mantenía el 9-N. Esta declaración tiene para el fiscal general “indudable trascendencia jurídico-administrativa” para poner en marcha el proceso “con la parafernalia de urnas, mesas, y papeletas características de los procesos electorales”.
El texto de la fiscalía subraya que son de interés las convocatorias vía correo electrónico por autoridades de Educación bajo la dirección de Rigau a directores de institutos para que colaboraran con la cesión de locales y la instalación de las mesas. En relación a Ortega, se destacan sus comparecencias en el centro de prensa dando cuenta de la participación en la histórica jornada. En cuanto a los gastos, que sustentarían la malversación, cita los realizados en informática y telecomunicaciones, elaboración material y difusión institucional, así como los generados por la web, y la apertura de institutos y edificios públicos, cargados al erario público.
alud de críticas Entre las reacciones, el portavoz del Govern, Francesc Homs, anticipó que tienen “todo listo” para defenderse de este “ridículo” del Estado que “no tiene recorrido”; y el líder de Unió, Duran i Lleida, tildó la querella de “error monumental”. El portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, puntualizó que se dirige a “un pueblo entero”; mientras que ICV exigió la dimisión de Torres-Dulce por “haber cedido al chantaje del PP”. Para el PSC, la querella es un “desastre telúrico” que demuestra que “no hay vida inteligente políticamente hablando en La Moncloa”.
