BILBAO. Según ha recordado el Ejecutivo vasco, el SEPE ha incluido en los pliegos de licitación a Euskadi como ámbito en el que estas agencias podrán actuar, "ninguneando la transferencia de 2010 en materia de políticas activas de empleo".
"Esta transferencia deja claro que Lanbide es la competente en Euskadi para realizar todos los programas para la promoción del empleo y la intermediación laboral de las personas desempleadas con las empresas para su reinserción en el mercado de trabajo", han señalado, para añadir que "por esta razón, Euskadi no participó en el diseño y operativa de este acuerdo marco de colaboración público-privada diseñado por el Gobierno español y otras autonomías en 2013".
El Gobierno vasco alerta de que el Gobierno español pretende "usurpar una vez más" funciones que no le corresponden, complejizando los flujos financieros públicos, confundiendo a la ciudadanía, y generando ineficiencia en el servicio. En este sentido, el Gobierno vasco denuncia que nos encontramos ante "un nuevo intento del Estado de vaciar el Estatuto de Gernika y de recentralización de competencias, en esta ocasión en materia de empleo".
SEGUNDO RECURSO
Este es el segundo recurso que presenta el Gobierno vasco en esta legislatura por vulneración de la transferencia en materia de políticas activas de empleo. El anterior fue un recurso de inconstitucionalidad contra el 'Plan Prepara', incluido en el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.
El 'Plan Prepara' es una ayuda de 400 euros durante seis meses que se da a las personas desempleadas de larga duración que hayan agotado su prestación por desempleo. El Gobierno vasco considera que esta ayuda debería gestionarse a través de Lanbide y no a través del Servicio Público de Empleo Estatal, tal y como se está haciendo.
En estos momentos, este recurso está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional, después de que no se llegase a un acuerdo en la Comisión Bilateral entre Estado y País Vasco.