Bilbao. Más de 700 inmigrantes en situación irregular que viven en la CAV están fuera del sistema sanitario ya que no tienen derecho a asistencia médica, excepto por vía de urgencia. Son aquellos que carecen de documentación, la han podido extraviar o haber sido objeto de un robo; aquellos que son apátridas; los que no tienen un año de empadronamiento continuado o, por ejemplo, chavales que con la mayoría de edad salen de un centro tutelado por las diputaciones y se convierten en sintecho. Estas personas ni siquiera están amparadas por el decreto del Gobierno vasco que dejó sin efecto la norma del Gobierno de Rajoy que retiró la condición de beneficiario de asistencia a los extranjeros sin papeles.

De esta manera, Lakua acogió directamente a cerca de 40.000 personas que el PP había expulsado del sistema, es decir a 22.000 inmigrantes empadronados pero sin permiso de residencia y a otros 17.000 que no figuraban en ningún padrón. Una norma que, sin embargo, ahora permanece recurrida y que podría convertir las prestaciones sanitarias a estos ciudadanos en un gran agujero negro. La coordinadora de ONGs, Harresiak Apuztuz, ha denunciado esta misma semana en el Parlamento Vasco, la exclusión que sufren los extranjeros indocumentados. Y ha expresado su malestar por el requerimiento de tener que contar con un año de empadronamiento que debe ser continuado.

Aseguramiento Sanitario del Gobierno vasco tiene constancia de alrededor de 700 personas en esta situación, pero las ONGs afirman que el censo se queda corto ya que esta cifra no recoge a todos los afectados. "Por ejemplo no están incluidas las personas que solicitan asilo. Y CEAR, la Comisión de Ayuda al Refugiado, asegura que tiene en cartera a unos treinta. Además también se quedan fuera todos aquellos que no tienen patria, como el colectivo saharaui, que aquí es muy representativo. Aunque vienen con un certificado, eso no es una documentación legal porque su país no está reconocido", indica Teresa Maura, presidente de Munduko Medikuak. Asimismo Cáritas también reúne personas en estas circunstancias, por lo que a nuestro juicio, son bastante más de setecientos los inmigrantes que se han quedado fuera", precisa Maura.

Estas organizaciones de ayuda y apoyo denuncian igualmente que aunque sean atendidos, corren el riesgo de que les cobren. Y de hecho, tienen constancia de facturas presentadas. "Si no presentan un resguardo donde se asegura que han solicitado la tarjeta sanitaria y que no tienen recursos económicos, les han pasado facturas", protesta Teresa Maura.

Facturas de 160 euros. "Importes por ejemplo de Urgencias que no son baratos porque solo acudir a ese servicio y que te vea un profesional supone del orden de 160 euros. Si ya te hacen pruebas, ni te digo. Una consulta en atención primaria es casi cinco veces más barata", reprocha esta profesional.

A pesar de que Aseguramiento Sanitario afirma que dichos recibos no tienen afán recaudatorio, las ONGs se rebelan "porque no se destruyen, se quedan ahí. Y quizá en el momento de que tengan dinero, puedan cobrarles. Es posible que no tengan afán recaudatorio pero sí disuasorio porque no van a volver tan fácil a Urgencias". De momento, el procedimiento para parar estos cobros, consiste en adjuntar un escrito diciendo que la persona asegura que no tiene medios para pagar la factura y solicita que sea archivada.

Y es que las organizaciones desmienten categóricamente que Eukadi sea ningún paraíso para el turismo sanitario. Al mismo tiempo inciden en que no existe abuso de servicios, ya que el gasto que generan los inmigrantes es poco relevante. Según datos de la Dirección de Aseguramiento, de cada cien vascos que ingresaron en un hospital en 2011, once personas eran autóctonas mientras que el grupo de inmigrantes irregulares dio origen a 4,5 ingresos.

Estas cifras revelan que consumen menos de la mitad de los ingresos de hospital, así como la tercera parte de las intervenciones quirúrgicas y menos de la mitad de las consultas con especialistas y la sexta parte de las recetas impresas. Solamente en las visitas a Urgencias ambos colectivos se acercan y ello es debido a que en muchos casos solo tienen acceso a la asistencia urgente. Además el coste adicional de la atención a estos colectivos oscilaría al año entre los 5,3 y los 8,3 millones de euros, lo que representa el 0,2% del presupuesto sanitario.

Maura señala que a estos extranjeros que no cumplen los requisitos no les ampara nadie. "Por eso hasta el decreto de Lakua se ha quedado corto", especifica.

La amenaza del recurso Desde estas organizaciones no se pueden ni imaginar qué ocurriría de prosperar el recurso que ha interpuesto el Gobierno del PP contra la atención sanitaria en la CAV a personas inmigrantes en situación irregular.

De hecho, el recurso planteado que podría tumbar la decisión del Gobierno vasco de prestar asistencia sanitaria a estas personas, está pendiente de dilucidar. El director de Aseguramiento y Contratación, Iñaki Berraondo asegura que "con la orden simplemente estamos regulando el derecho a la asistencia sanitaria de la mayor parte de las personas en situación irregular" aunque admite que quedan pendientes las personas que han llegado a Euskadi hace menos de un año, sin acomodo en el decreto.

El Ararteko también se ha hecho eco de esta reivindicación de las organizaciones no gubernamentales al instar a Lakua a que garantice la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares que lleven empadronados en el territorio menos de un año. De hecho, Iñigo Lamarka solicitó al Departamento de Salud que "revise" el límite de empadronamiento. El Ararteko denuncia que "la exigencia de un año de empadronamiento se muestra como una barrera" para que estas personas accedan al sistema público de salud. En esta línea, señala que "se deben eliminar las restricciones existentes" y subraya que "el derecho a la salud es un derecho humano fundamental y universal que debe aplicarse a todas las categorías de población".