Washington. No hace ni tres semanas que se podía ver a un Barack Obama celebrando alegremente con algunos de los periodistas estadounidenses más conocidos, durante la anual cena de corresponsales de la Casa Blanca. El presidente contaba chistes que arrancaban carcajadas y aplausos. El champán fluía generosamente, la armonía parecía total. Como cada año, sobre todo la oposición republicana se quejaba después de la falta de distancia crítica de los reporteros frente a "su" presidente, de la excesiva cercanía de la prensa con el mediático político.

Pero si existió alguna vez esa cercanía, desde luego últimamente no se ha visto demasiado en Washington. En apenas cuatro días, Obama ha visto cómo la presión aumenta sobre su presidencia como nunca antes en sus ya más de cuatro años de mandato. Hasta tres temas distintos le están haciendo sentir la presión de los medios: de un lado, ha vuelto a resurgir la pregunta de si la Casa Blanca intentó reducir el tono al ataque terrorista contra su consulado en la ciudad libia de Bengasi por motivos electorales. A ello se une el escándalo destapado estos pasados días sobre la discriminación intencionada por parte de la agencia encargada de la recaudación de impuestos del país (IRS) a organizaciones conservadoras próximas a los republicanos. Y ahora le caen al Departamento de Justicia de Obama acusaciones de espionaje nada más y nada menos de la agencia de noticias estadounidense AP.

Según la renombrada empresa periodística, investigadores oficiales recopilaron secretamente conversaciones telefónicas de más de cien de sus periodistas, incluso de números privados. Tan sólo meses después de estas escuchas se le informó a la propia AP de la investigación, sin darle la oportunidad de defenderse jurídicamente de la orden de realizar las escuchas o de avisar siquiera a los colegas afectados. El presidente de AP, Gary Pruitt, denunció en una iracunda carta de protesta el acto como una grave violación de la Constitución estadounidense, en la que la libertad de prensa disfruta de una protección destacada. "Nos parece muy preocupante", declaró entretanto la redactora jefe de la agencia, Kathleen Carroll, asegurando que nunca en sus 30 años de carrera había vivido algo así.

La asociación que representa a casi 2.000 periódicos en Estados Unidos calificó la acción como una "conmoción para la conciencia estadounidense y una violación de la importante libertad de prensa protegida por la Constitución".

Eric Holder en el punto de mira Las críticas llegaron del mismo Partido Demócrata de Obama. El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, se declaró "profundamente preocupado" por este caso. Todo lo sucedido estaría permitido si el haber avisado previamente al medio afectado supusiera una "importante amenaza para la integridad de la investigación", de acuerdo con las propias normas del Departamento de Justicia. Según expertos, el fiscal general, Eric Holder, debe aprobar personalmente una acción de tal calibre. El trasfondo del caso actual podría ser un atentado que logró desbaratar la Agencia Central de Inteligencia (CIA), una operación de la que posteriormente se hallaron detalles en la prensa, pese a que habían sido declarados top secret. Cuando ha sucedido una filtración de este tipo en el pasado, Obama ha decretado la búsqueda inmediata del "topo" en su gobierno. El propio Holder anunció en junio del año pasado "tolerancia cero" para los que revelen secretos. El significado de ello lo vivió en carne propia un reportero de The New York Times. Las autoridades confiscaron sus datos telefónicos y bancarios después de haber publicando, presuntamente, informaciones secretas sobre el programa nuclear de Irán.

En total, el Departamento de Justicia ha realizado ya seis investigaciones sobre empleados gubernamentales o ex funcionarios por presuntamente haber hablado sin permiso con la prensa. Pero esta vez, a Holder se le podría haber ido la mano. La Casa Blanca ya ha dejado claro que no quiere saber nada de la recopilación de datos de la lista telefónica de la agencia de noticias. "No nos involucramos en decisiones tomadas en relación con investigaciones criminales", ese es un tema que "maneja independientemente el Departamento de Justicia", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, la noche del martes, tomando una clara distancia del asunto. Está por ver aún sin embargo si esta actitud libra a un Obama acosado por la ira de la prensa norteamericana.

Con el objetivo de intentar pasar página, en su habitual mensaje de los sábados transmitido por radio e internet, Obama defendió las "ideas de sentido común" que ha venido impulsando en los últimos meses para crear una "próspera y creciente" clase media que sea "el motor del crecimiento económico" del país. Se trata, en primer lugar, de "hacer que Estados Unidos sea un imán para los buenos empleos", subrayó Obama. Pero también de "asegurarnos de que nuestros trabajadores tengan la educación y las habilidades necesarias" para esos empleos.