vitoria. "El Parlamento Vasco declara con total rotundidad que no existen presos políticos ni en Euskadi ni en el conjunto de España; y, por eso mismo, rechaza contundentemente la utilización de dicho término para definir a los presos de la banda terrorista ETA". PSE, PP y UPyD unieron ayer sus votos en una agitada mañana parlamentaria para que la Cámara vasca aprobara, con la oposición de EH Bildu y la abstención del PNV, un acuerdo -del que forma parte el extracto que preside estas líneas- que tratará de cerrar las puertas a la expresión que en más de una ocasión durante la presente legislatura ha sembrado la polémica, sobre todo entre la bancada popular, encargada de llevar el asunto ayer al Pleno, y EH Bildu.
Las tres fuerzas constitucionalistas lograron con su unión sacar adelante una iniciativa que además de negar la existencia de este tipo de reos defiende la garantía plena de "los derechos y libertades de la ciudadanía" en España, así como que en el Estado "no existen problemas para defender las ideas políticas, siempre que se expresen en el marco de la legalidad".
El portavoz de la formación conservadora en esta materia, Borja Sémper, subía al atril de oradores con el soporte de un texto madurado la víspera con los socialistas, tal y como adelantó este periódico, que no contaba con la firma de UPyD -la propuesta se quedaba "corta", según Gorka Maneiro-, pero que sí iba a obtener este voto en el decisivo recuento.
Con estos mimbres, Sémper dio inicio a un intenso debate en el que no faltó el recuerdo a la concentración contraria a la detención de Ur-tza Alkorta en Ondarroa -los aforados de EH Bildu portaron camisetas en las que se leía Herri harresia. Aurrera- ni las despidas desde el atril al líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, en su última sesión parlamentaria.
Centrados en la materia, el contenido de las intervenciones se ajustó a la postura que cada grupo ha defendido sobre el tratamiento verbal que debe imperar en relación a los presos encarcelados por delitos que guardan relación con la organización terrorista. El resultado, al margen del recuento que reflejó el electrónico, fue un nuevo enfrentamiento entre bancadas que devolvió por unos momentos la realidad parlamentaria a un pasado aún fresco en la memoria de la mayoría de los presentes.
La suma de los sufragios favorables (27) no superó la barrera de los 38 que marca la mayoría absoluta del Legislativo autonómico, pero fueron suficientes para imponer la enmienda transaccional ante los votos contrarios emitidos por la coalición soberanista y la abstención de los aforados del PNV.
La postura de la formación jeltzale responde a la decisión de derivar "aspectos sensibles para la convivencia social y política" como el que ayer incluía el orden del día a la ponencia de paz y convivencia, tal y como expuso Maribel Vaquero, quien hizo suya las conclusiones de la ONU al considerar que los de ETA "no son presos de conciencia, no son presos políticos", pero sí son presos que vulneraron la ley y los derechos humanos con una "motivación política".
Desde esta misma bancada, Joseba Egibar, destacó que, "al parecer", a partir de ahora esta práctica de devolver al Pleno este tipo de asuntos en lugar de llevarlos a la ponencia de paz, tal y como acordaron los integrantes de este foro, según apuntaron fuentes jeltzales, podría convertirse en "una práctica habitual" dada la ausencia en esa mesa tanto del PP como de UPyD.
En su visión del debate en cuestión, explicitada en la sala de prensa, Egibar destacó que "la motivación y los objetivos de ETA han sido políticos, pero eso no hace que los presos sean políticos".
Desde EH Bildu, Julen Arzuaga, quien consideró "especialmente grave" el voto del PNV, acusó a la bancada jeltzale de "haber posibilitado la criminalización del término preso político". En su opinión, este hecho podría tener consecuencias jurídicas en el futuro, ya que "en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo miran hacia aquí como francotiradores, para seguir con la represión judicial", apuntó, a pesar de que el texto acordado en la Cámara tiene un peso relativo al ser una proposición no de ley.
