la ciudadanía vasca ya casi ni se acuerda de que ETA anunció el fin de la lucha armada el 11 de octubre de 2011. A lo más, percibe una cierta sensación de alivio por saber que se acabó aquella pesadilla de las bombas, los tiros y -casi del todo- las estremecedoras operaciones policiales de madrugada. Sin embargo, la mayoría del personal no aceptaría lo de borrón y cuenta nueva porque cincuenta años de terror dejan demasiadas heridas abiertas como para despacharlas con un simple ejercicio de amnesia.

El hecho de que compartan espacio los directamente afectados de una y otra parte supone que para una convivencia satisfactoria no basta con la ausencia de violencia, sino que queda pendiente una ardua tarea hasta llegar a la paz real y a la normalización del entendimiento entre diferentes. Esta tarea pendiente pasa por el reconocimiento de todas las víctimas, el trato humanitario y ajustado a derecho de los presos, la disolución definitiva de ETA y el mayor consenso posible en el relato de este periodo de nuestra historia. Esta tarea debe llevarse a efecto a varias bandas que deberían confluir en el intento, pero la lamentable realidad es que ni confluyen, ni coinciden, o algunos ni siquiera echan a andar.

Por parte del Gobierno español la actitud es no mover un dedo, nada de diálogo, nada de acuerdos, nada de final dialogado, puro interés de rentabilidad política a corto plazo. De ETA solo se espera su disolución, señal inequívoca de su derrota. Mientras tanto, ni un paso para la reconciliación, ni una modificación en la política penitenciaria. Y, si ETA anuncia por fin su disolución, se les exigirá pedir perdón. Y, si piden perdón, se les exigirá cualquier otro tipo de desagravio. Es su lógica de vencedores y vencidos.

Por parte de las instituciones vascas, el final de la acción armada de ETA activó las iniciativas ya emprendidas centradas exclusivamente en los derechos humanos y en las víctimas, iniciativas que fueron consolidándose con muchas dificultades. La exasperante falta de acuerdos pareció solventada con la aprobación por parte de todas las fuerzas parlamentarias de la Ponencia para la Paz y Convivencia presentada por Aintzane Ezenarro. Pero muy pronto pudo comprobarse que esta aprobación por consenso nacía debilitada por el rechazo de Bildu, cuya forzada ausencia en la Cámara era argumento para acusar al acuerdo de excluyente. Más tarde, presente ya EH Bildu como fuerza parlamentaria, una nueva iniciativa institucional retomó la ponencia aprobada como punto de partida para consolidar el proceso de paz y convivencia, recibida primero con reticencias por Bildu, aunque posteriormente se comprometió a participar. Pero ahora el PP deja en el aire su participación, mientras que UPyD asegura que con Bildu no irá ni a heredar.

Este esfuerzo institucional por impulsar la paz y la convivencia ha derivado en la creación de una secretaría dependiente directamente de Lehendakaritza y dirigida por Jonan Fernández, que centraliza y aglutina todas las comisiones, oficinas y negociados relacionados con las víctimas, los presos, los acuerdos, los diálogos, la memoria, a través de un plan de paz. Está por ver cuál vaya a ser la respuesta de las fuerzas políticas a esta iniciativa institucional.

En otra dirección, la izquierda abertzale no acepta ni que sean las instituciones las que lideren el proceso de paz y convivencia, ni que se utilicen gestiones discretas por parte de ninguna fuerza política. La izquierda abertzale en su actual representación como EH Bildu, tomó como hoja de ruta los acuerdos de la Conferencia de Aiete y, lógicamente, está dispuesta a liderar el proceso. A la paz y a la convivencia normalizada únicamente podrá llegarse a través de la negociación entre ETA y los gobiernos español y francés, con el único y necesario desenlace de la vuelta de los presos a Euskal Herria como consecuencia pactada de la disolución de ETA. La tarea institucional debe complementarse necesariamente con la movilización, la participación de otros agentes sociales y el apoyo internacional.

Y ,cerrando el círculo, ETA no parece dispuesta a complacer a quienes exigen su disolución a cambio de nada. Es inquietante el testimonio de los verificadores internacionales, que tras las conversaciones con ETA en Oslo han constatado que ni esa organización ha dado ningún paso en su desarme ni su disolución, ni el Gobierno español ha mostrado intención alguna de modificar su inmovilismo. Y, de seguir así, en unos meses arrojarían la toalla.

Como puede verse, no es muy esperanzador el panorama. Las posturas, por el momento, no dan señales de confluir. ETA sigue sin disolverse, los presos siguen siendo rehenes, el acuerdo entre diferentes es una utopía y quien más pudiera hacer por desbloquear este atasco sigue en el empeño de rentabilizar el terrorismo con el cuento del Estado de Derecho. A nadie parece importarle que la herida en el pueblo vasco siga sin cerrarse.