Madrid. El Gobierno dio luz verde, en el último Consejo de Ministros del curso político, al proyecto de Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, por el que se excluye de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se encuentren en España en situación ilegal.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, liderado por Ana Mato, dio a conocer que el Gobierno aprobó su propuesta de excluir de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se encuentre en España en situación ilegal.
De esta forma, el Ministerio de Sanidad asegura garantizar "la universalidad de la sanidad para todos los españoles y los extranjeros con residencia legal" gracias a la aprobación de este Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario de asistencia sanitaria con cargo al Sistema Nacional de Salud español.
Con esta medida, la ministra Mato afirmó que se ha dado "un paso de gigante" para ofrecer cobertura a la población. Además, consideró que se garantiza de esta manera "un mayor control y transparencia", ya que se clarifica la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios.
Por otro lado, otro de los objetivos que el Ministerio de Sanidad señaló que se van a cumplir gracias a la aprobación del Real Decreto es asegurar la solvencia, viabilidad y sostenibilidad en el futuro de la sanidad pública frente a las dificultades económicas que esta atravesando el país estos últimos años. Añadido a ello, se va a poner fin "a la multiplicidad de normas que han regulado la prestación", indicaron desde este organismo político.
Por otra parte, fuentes del Ministerio aseguraron que al dar luz verde a la medida, España "se adapta a la normativa europea y pone freno al turismo sanitario". Con ello, "se evita el uso fraudulento" por parte de ciudadanos extranjeros a los servicios de salud del Estado español, manifiestaron.
Educación para la ciudadanía El Consejo de Ministros reformó ayer los currículos mínimos de primaria y secundaria obligatoria de Educación para la asignatura de Ciudadanía, que entrarán en vigor desde el curso próximo, con la intención, afirmó, de "suprimir las cuestiones todo tipo de cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico y moral". Según el Ministerio de Educación, los alumnos profundizarán en la "ética" y "transparencia" de los asuntos públicos, el respeto de la propiedad intelectual y la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social, entre otros asuntos.
