Vitoria. El robo de bicicletas se ha convertido en una rémora para la Gasteiz verde, que cada vez cuenta con más vehículos de dos ruedas, alrededor de 100.000 según las estimaciones del Consistorio, y suma más desplazamientos por sus calles. El Gabinete de Javier Maroto anunció hace algo más de un mes la creación de un grupo especial de trabajo dentro de la Policía Local para poner coto a las frecuentes sustracciones. Aún es pronto para conocer los primeros resultados de su labor, pero la edil vitoriana de Seguridad Ciudadana, Marian Castellanos, sí aportó ayer en comisión algunos datos interesantes sobre el trabajo desarrollado por los agentes en este campo a lo largo de los últimos meses. Una labor que, a priori, parece haber dado sus frutos. Los robos de bicicletas han caído durante el segundo semestre de este año, en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, un 14,6%, de 405 en 2011 a 346 entre abril y junio de 2012. La puesta en marcha de controles de seguridad en las calles de la ciudad, un dispositivo al que posteriormente se ha sumado el ya citado grupo especial, ha logrado contener los robos "pese a que hay más bicis en la calle", según enfatizó Castellanos. Hasta ahora, la Policía Local ha localizado a 22 ladrones reincidentes de bicicletas, a los que ha comenzado a mirar con lupa.
La concejal popular respondió así a la inquietud del portavoz municipal de Bildu, Kike Fernández de Pinedo, quien mostró sus dudas sobre la labor llevada a cabo últimamente por la Policía Local viendo que el número de robos en la ciudad sigue siendo "muy significativo". Castellanos, entonces, puso sobre la mesa la efectividad de estos controles, que son rutinarios y se llevan a cabo en los puntos con mayores concentraciones de bicicletas e índice de robos. Los agentes controlan y piden la identificación allí a quien pase circulando a dos ruedas. En los controles participan tanto los bicipolis como patrullas de agentes y el grupo de protección y apoyo o el de investigación de delitos, algunos de cuyos integrantes van vestidos de paisano. Durante los dos últimos meses han sido identificadas un total de 17 personas, sospechosas del hurto de bicicletas, y fruto de esta labor 14 vehículos han sido trasladados a dependencias policiales. De ellos, siete han sido reconocidos y entregados después a sus dueños. "Las otras siete bicis, lamentablemente, no se han podido entregar porque no estaban identificadas", advirtió Castellanos. 112 personas han resultado imputadas desde el pasado año 2011 y hasta el día de hoy por sustracción de bicicletas desde el grupo de investigación de delitos de la Policía Local.
Castellanos anunció también que las primeras conclusiones sobre el trabajo del grupo especial de trabajo se conocerán una vez finalizado este mes de julio. Sus integrantes están llevando a cabo un análisis "específico" del robo de bicicletas con el fin de asesorar al Gobierno y la ciudadanía sobre las medidas concretas a adoptar. Integrado por agentes de diferentes unidades, el grupo pretende "aprovechar sinergias que enriquezcan el trabajo en equipo".
Castellanos recordó también la importancia de usar candados rígidos para ponérselo más difícil a los cacos y enfatizó que su departamento cuenta con un sistema de registro de bicicletas voluntario y gratuito, que facilita en gran medida la identificación de las bicicletas en caso de ser sustraídas.
Campaña especial En otro orden de cosas, el Ayuntamiento anunció ayer que la Policía Local va a llevar a cabo hasta este próximo domingo una campaña especial de tráfico para comprobar las condiciones técnicas de los automóviles y ciclomotores que circulan por Gasteiz, coincidiendo con el aumento de los desplazamientos motivados por las vacaciones veraniegas.
La campaña se centrará en comprobar que los vehículos estén en las debidas condiciones técnicas, en verificar que éstos hayan pasado las preceptivas inspecciones técnicas de vehículos y corregir las infracciones que se observen en la materia. Los agentes retirarán de las vías urbanas, en su caso, a aquellos vehículos que presenten alteraciones técnicas graves o que por sus características supongan un evidente riesgo para el resto de la ciudadanía.
