Madrid. La familia de Antonio Meño, el hombre que lleva 22 años en coma tras una intervención quirúrgica, recibirá de las aseguradoras una indemnización de 1.075.000 euros, algo que sus padres han aceptado porque no tienen fuerzas para otro juicio, aunque creen que han "vendido" a su hijo.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid había citado ayer a las dos partes -familia y aseguradoras- para intentar alcanzar un acuerdo que evitara un nuevo juicio, después de que no se alcanzara un consenso en el primer acto de conciliación celebrado el 28 de abril. El acuerdo estipula que se indemnice con 1.075.000 euros a la familia entre todas la aseguradoras demandadas por la atención que se prestó a Antonio Meño durante una operación de estética de la que salió en coma y sufrió secuelas irreversibles. Además, la familia no tendrá que sufragar ningún gasto derivado del procedimiento judicial.

La madre de la víctima, Juana Ortega, reconoció, entre lágrimas, que se había llegado a un acuerdo "miserable" con el que se sentía "muy mal, prácticamente humillada", pero que no tiene "fuerzas para seguir adelante" y enfrentarse a otro proceso durante diez años. "Hoy voy tener un día muy malo, voy a ver si soy capaz de mentalizarme con lo que hemos hecho, porque el pensamiento de mi marido y el mío es que hemos vendido nuestra dignidad, que hemos vendido a nuestro hijo, y que se ha quedado libre la persona que nos ha hecho tanto daño", en referencia al anestesista Francisco González, al que consideran un "sinvergüenza" por abandonar a su hijo durante la operación y causarle los daños.

Juana aseguró que lo que la dejaría realmente satisfecha es "que a ese hombre le pusieran el resto de su vida a cuidar enfermos" como su hijo "para que supiera el daño que hace". Dijo que entiende que las aseguradoras implicadas en el proceso "no tienen tanta culpa", ya que si el médico que consideran responsable no acepta su culpa, ellas no quieren correr con los gastos.

"Mi lucha era que se reconociera lo ocurrido y dicen que se ha reconocido porque han pagado, pero para mí no es un reconocimiento ya que eso lo tenían que haber pagado en el año 93, cuando los condenaron", explicó Juana. La madre de Antonio Meño destacó que si el anestesista y las aseguradoras hubieran reconocido su responsabilidad en aquel momento, ella se habría evitado estar acampada en la calle y su hijo hubiera estado mejor cuidado y habría podido llevarle a un especialista, lo que no pudo hacer por falta de medios.