VITORIA. El titular de la institución, Íñigo Lamarca, ha entregado hoy el informe anual de actuaciones a la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, y luego lo ha presentado a los medios de comunicación.
El informe recoge que a lo largo de 2010 el Ararteko recibió 1.859 quejas y atendió 4.528 consultas, tanto telefónicas como en las propias oficinas de manera presencial.
El área donde se ha registrado un mayor aumento de las actuaciones ha sido la acción social, al haber aumentado un 30 por ciento, en buena parte por la situación de la crisis económica.
La mayor parte de las quejas hacen referencia al proceso de adjudicación de una ayuda o prestación o a la suspensión de ella por parte de alguna administración.
El Arrateko destaca que en este momento de crisis resulta "alarmante" que se haya extendido un discurso social, "que no está basado en estudios rigurosos, que relaciona inmigración con delincuencia y con el uso abusivo y fraudulento de servicios públicos y prestaciones".
A juicio del Ararteko, este discurso es "muy preocupante" porque puede afectar a las políticas públicas de inmigración y de integración que las administraciones desarrollan, así como a la convivencia y la cohesión social.
Lamarca también apunta que durante el año pasado el Gobierno Vasco "suprimió" el servicio Heldu, de atención jurídico-social a inmigrantes, sin que se haya aprobado ningún nuevo plan de inmigración.
En este sentido, el informe constata que el Ararteko ha recibido más quejas que otros años con relación a la denegación y suspensión de prestaciones, como la Renta de Garantía de Ingresos o las Ayudas de Emergencia Social, que, "no hay que olvidar, se conceden a personas en situación de riesgo o en exclusión social", sean inmigrantes o no.
En cuanto a las prestaciones sociales a la población en general, el informe recoge como una de sus conclusiones que en la lucha contra el fraude en las prestaciones sociales se debe evitar "que se estigmatice a una población que tiene dificultades para subsistir y es titular de derechos, como es el derecho a una vida digna".
Para el Ararteko la asunción por parte del Gobierno Vasco de la competencia de las políticas activas de empleo es una "oportunidad para la activación" laboral de los perceptores de ayudas sociales, sin que se puedan obviar las circunstancias personales de cada persona.
Lamarca ha anunciado que estará "vigilante" para que el cien por ciento de los ciudadanos tengan garantizados "los mínimos exigidos" para tener una vida digna y que en la comunidad autónoma haya cohesión social.
El informe anual recoge que a lo largo de 2010 se finalizó la tramitación de unas 400 quejas y que de ellas en el 32 por ciento de los casos se consideró que había alguna actuación incorrecta de la administración afectada.
Casi el 80 por ciento de estas administraciones afectadas por las quejas enmendaron la actuación que las motivaron.
Los ayuntamientos continuaron siendo las administraciones contra las que más reclamaciones se presentaron, el 42 por ciento, pero no porque actuaran especialmente mal, sino porque son las más cercanas al ciudadano, seguidos del Gobierno Vasco, con el 36 por ciento y las diputaciones, con el 16.
