vitoria. Por las buenas, por las malas e incluso haciendo trampas. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano dependiente del Ministerio del Interior, ha tratado en varias ocasiones de "apropiarse" de forma indebida de la planta depuradora que pertenece a la Diputación Foral de Álava y que surte de agua limpia al municipio de Iruña de Oka, así como a su zona industrial. El diputado alavés de Medio Ambiente, Mikel Mintegi, así lo denunció ayer y advirtió que "no van a quedarse con una depuradora pagada por los alaveses".

"No sólo han creado el quinto pueblo más grande de Álava sin ni siquiera llamar por teléfono -agregó-, es que además han incumplido para ello todas las normas urbanísticas y ambientales. El último gesto es que Instituciones Penitenciarias se intenta apropiar de la planta depuradora que ejecutó la Diputación para Iruña de Oka".

La planta ahora en litigio fue iniciada hace cuatro años y completada hace dos. Su coste fue de cuatro millones de euros y su servicio fue diseñado "a medida" para abastecer no sólo a Iruña de Oka, sino también a sus áreas industriales, calculando sus próximas ampliaciones y teniendo en cuenta la creación de nuevos polígonos. "Hemos detectado movimientos para hacerse con la depuradora e impedir, por tanto, el futuro crecimiento del pueblo y de las zonas industriales" recalcó el diputado.

En principio, los planos que Instituciones Penitenciarias presentó antes de que arrancaran las obras de Zaballa contenían un sistema de depuración propio para la cárcel, pero inesperadamente los responsables forales descubrieron que se había firmado un convenio con un consorcio ajeno para el aprovechamiento de la infraestructura foral. El proyecto que había pasado por el filtro del consejo de ministros empezaba a modificarse sobre la marcha.

por la puerta de atrás A raiz de estos imprevistos, el responsable alavés de Medio Ambiente revisó lo ejecutado en Zaballa y advirtió que la depuradora de la cárcel, que inicialmente se colocaba dentro del complejo, ahora parece ir fuera del recinto. "Vinieron por la puerta de atrás, firmando con un organismo que no era el titular de la depuradora", indicó el diputado. Posteriormente, según Mintegi, Instituciones Penitenciarias ha protagonizado nuevos intentos para "usar de forma compartida" la instalación "empleando para ello una gran presión política y mediática".

Dicha presión se tradujo ayer en las duras palabras que Mintegi tuvo para el diputado socialista Txarly Prieto, quien ya ha protagonizado enfrentamientos públicos con el titular foral de Medio Ambiente en anteriores ocasiones por el proyecto de Zaballa. En respuesta a las últimas críticas que el portavoz del PSE dirigió a Mintegi cuando los juzgados desestimaron los últimos recursos interpuestos por éste para tratar de paralizar cautelarmente las obras de la prisión, el diputado de EA respondió que "ya está bien de funcionar a las órdenes de Madrid, porque ya no es que vayan en contra de las normativas, sino que empiezan a atentar contra los intereses urbanísticos de un pueblo y económicos de un territorio".

Al conocerse el contenido del último auto judicial y desvelarse que el magistrado no aceptaba la solicitud del titular de Medio Ambiente, Prieto criticó su actitud y declaró que estaba haciendo "el mayor de los ridículos"al recurrir una y otra vez todo lo relativo a Zaballa. "Vamos a ir hasta el final para defender los intereses de Álava, como es el caso", insistió ayer el diputado de Medio Ambiente. "Hemos cubierto dos recorridos en el tema juridico. Hemos recurrido al Supremo, donde continúa nuestra denuncia y donde el juez principal realizó un alegato a favor de nuestras tesis, y el segundo punto importante es la declaración de Parque Natural para la zona, con lo que las instalaciones que se ejecutan fuera de la macrocárcel están dentro del Parque Natural", puntualizó.

Mintegi amplió que Prieto "ha mezclado churras con merinas", ya que la denuncia presentada en relación a la "invasión" del parque se considera "normalizada" y si el juez no considera que debe continuar por la vía penal, lo hará por la administrativa. "Es un procedimiento que ya se ha hecho anteriormente con asuntos como el TAV o Enagás y que puede perfectamente acabar en multa o en paralización".