Vitoria. Por dos veces repitió: "No nos van a pillar". El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, miró al grupo parlamentario del PNV y prácticamente concluyó su comparecencia con una sentencia que resume el espíritu con el que se presentó ayer en el Parlamento Vasco. Los controvertidos contratos a empresas relacionadas con dos altos cargos de su departamento le habían llevado a la Cámara pero desaprovechó la ocasión de ponerles luz. Fue justamente lo contrario. Negó la mayor, que haya irregularidades, pero dijo alto y claro que no pensaba contestar a la batería de preguntas que le planteó el PNV porque la intención de los jeltzales es poner el "ventilador". Bengoa concluyó su argumentación asegurando que al grupo del PNV no le interesa hablar de Sanidad sino buscar semejanzas con el caso Margüello. "Pues a nosotros no nos van a pillar", remató.
Bengoa se presentó en el Parlamento a solicitud de EA y a petición propia, en teoría para explicar las informaciones de DNA que han desvelado que dos altos cargos por él designados mantienen aún acciones en empresas que han recibido hasta cuatro adjudicaciones de su departamento en menos de un año. En concreto, se trata del director gerente de la sociedad pública Osatek, Pablo Arbeloa López, y de la directora general de Farmacia, Paloma Acevedo. Una de las pocas cuestiones que aclaró es que, efectivamente, estas dos personas mantienen el 4,40 y 4,49% de participaciones, respectivamente, en la adjudicataria Plaold -asesoría sanitaria cuyo nombre comercial es Innovasalud-, a través de sus respectivas empresas, Inqual XXI y Moracho Consulting. Una tercera sociedad, Indesis, también está relacionada con las anteriores, al haberse convertido en la accionista mayoritaria de Plaold después de que Arbeloa y Acevedo le vendieran sus participaciones poco antes de entrar en el Gobierno.
Procedimiento Y ahí se acabaron todas las explicaciones. Bengoa se escudó en un informe de casi 200 páginas trasladado a los grupos parlamentarios, en los que, al parecer, se da cuenta del procedimiento administrativo que se siguió con los contratos así como del visto bueno de la mesa de contratación.
Esta actitud obstruccionista provocó la indignación del PNV, que en declaraciones posteriores, expresó que "su negativa a responder y su posición de juez y parte lo único que hace es alimentar las dudas y las sospechas", aseguró Nerea Antia.
Bengoa acudió en solitario al Parlamento y evitó dar relevancia a su comparecencia con la presencia de algún cargo del departamento y, menos aún, con los directores relacionados con Plaold. Su primera intervención fue para intentar matar al mensajero y tachó las informaciones de "campaña de tergiversación", de intentos de "sembrar dudas artificiales", "estrategia de difamación", de "calumnia que algo queda" y de "maniobra de distracción para tratar de ocultar el caso Margüello.
A diferencia de esas presuntas irregularidades ocurridas con anteriores gobiernos, Bengoa señaló que en este caso "no hay nada que ocultar" y que todo es "legal". "En el caso Margüello -dijo- hay irregularidades manifiestas constatadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas", cuando en el caso actual "no hay nada". Por ese motivo, invitó a quienes han puesto en duda la "honorabilidad" de las personas afectadas a que "pidan disculpas". El argumento de la legalidad fue el pilar sobre el que se basó el discurso. Manifestó que todos los altos cargos de su departamento, incluido él mismo, antes de entrar en el Gobierno, consultaron su situación legal para evitar conflictos de intereses o posibles irregularidades. En este punto, recordó que en 1983 el Parlamento Vasco aprobó la ley de incompatibilidades que establece que los altos cargos no pueden tener más de un 10% de acciones de empresas contratadas por la Administración. "La norma -explicó- refleja el patrón de conducta no sólo legal sino ético" de los legisladores que aprobaron en su momento la ley. A su juicio, pedir explicaciones en este caso rompe "las reglas del juego", por lo que invitó a los que quieran modificar esos porcentajes a que cambien la ley.
legalidad y ética Esta "equiparación" entre ética y legalidad fue criticada por el PNV. Antia manifestó que este "único argumento" no es "una ecuación matemática" y se preguntó si para el consejero "la pena de muerte, las dictaduras o la prohibición del euskera durante el franquismo, todo ello muy legal, son también perfectamente éticas". Tras asegurar que es un hecho inédito que un consejero se niegue a responder a los parlamentarios en su misión de controlar al gobierno, Antia aseguró que Bengoa mostró "la más absoluta falta de respeto por este Parlamento" y "por la ciudadanía vasca, que tiene todo el derecho del mundo a saber si las denuncias publicadas son o no ciertas". "Bengoa es una de las muestras más acabadas y perfectas de este gobierno del retrovisor, pero es incapaz de mirarse él en el espejo", manifestó Antia.
Ante la falta de explicaciones, la parlamentaria jeltzale reclamó a Bengoa que abra un expediente informativo para analizar los casos de sus altos cargos, al igual que lo hizo en el caso Margüello. "El señor Bengoa es juez y parte, decide por sí y ante sí cuándo hay indicios y cuándo no para incoar o no expedientes", añadió. También adelantó, que el grupo del PNV "agotará" todas las vías que tiene en el Parlamento para seguir pidiendo explicaciones, entre ellas, las preguntas escritas.
Los parlamentarios del PSE, el PP y EA se limitaron a asegurar que analizarán el informe remitido por Sanidad.
