Bilbao. La judicatura vasca cree que el Departamento de Interior reducirá el servicio de escolta a este colectivo en el plazo de uno o dos meses. Ésta es, al menos, la conclusión que fuentes judiciales expresaron ayer tras el encuentro que mantuvieron el consejero de Interior, Rodolfo Ares, con los máximos representantes de la judicatura en la CAV, donde analizaron el plan de seguridad implantado en la Administración de Justicia del País Vasco desde el asesinato del magistrado José María Lidón en 2001.
Las mismas fuentes manifestaron a Europa Press que los responsables de Interior les comunicaron su intención de modificar dicho plan con el fin de adecuarlo a la actual situación de riesgo del colectivo. Al parecer, mostraron su intención de implantar sistemas alternativos de protección y señalaron que, en algún caso, no serán necesarios los servicios de escolta.
La reunión se celebró después de que el jueves se hiciera pública la drástica reducción del servicio de escolta que el Ministerio y la Consejería vasca de Interior planean llevar a cabo. El primer paso se dará este lunes, cuando 83 escoltas privados -50 en la CAV y 33 en Nafarroa- dejarán de proteger a amenazados. Al mismo tiempo, 60 er-tzainas de la Unidad de Acompañamientos abandonarán las tareas de protección directa. Ésta última decisión es la que afectaría a magistrados y fiscales ya que, según fuentes conocedoras de la situación, Interior habría decidido retirarles la protección de ertzainas y sustituirla por escoltas privados.
Tras la reunión de ayer, el TSJPV y el Departamento de Interior emitieron una nota conjunta en la que aseguraron que el programa de protección de los miembros de la judicatura va a atenerse al esquema actual, al menos en cuanto a dotación de recursos humanos se refiere. Esta medida se mantendría hasta que finalicen las entrevistas que la Consejería prevé mantener individualmente con cada uno de los jueces y fiscales, para tener en cuenta su opinión sobre los estudios realizados con el fin de reorganizar los servicios de protección. La presentación del nuevo plan podría tener lugar en uno o dos meses.
Las mismas fuentes citadas por Europa Press aseguraron que, en respuesta a las críticas vertidas durante la reunión de ayer por los afectados ante lo que consideraban una "reducción de la escolta", los portavoces de Interior aseguraron que se les va a garantizar la protección y que se analizará caso por caso para evaluar el riesgo.
Al encuentro, que duró casi tres horas, asistieron entre otros el consejero de Interior, Rodolfo Ares, el viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, el director de la Er-tzaintza, José Antonio Varela, miembros de la Comisión Permanente de la sala de Gobierno del TSJPV, presidida por Juan Luis Ibarra, el portavoz de la APM, Antonio García, y la fiscal superior de la CAV, María Ángeles Montes.
La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, se refirió ayer a esta cuestión y aseguró que "todo el mundo va a estar protegido de una manera o de otra" aunque haya una reorganización del servicio de escoltas que, según ella, "no significa menoscabo de la seguridad" de los protegidos.
