madrid. El movimiento en defensa del Estatut de Cataluña iniciado con el editorial conjunto de los 12 periódicos con cabeceras en aquel territorio y su masivo seguimiento amenaza con forzar una crisis sin precedentes respecto a la credibilidad y legitimidad del Tribunal Constitucional como órgano garante del actual marco político. Dos argumentos justifican las dudas aireadas desde Cataluña: por una parte el hecho de que el TC, al dictado de una denuncia del PP, pueda cuestionar lo que los máximos órganos de la representación popular y la propia ciudadanía han respaldado y, por otra parte, que ese cuestionamiento pueda emanar de un plenario de diez jueces (serían 12 pero faltan dos, uno recusado y otro fallecido) en el que cuatro de ellos, por falta de acuerdo entre socialistas y populares, están de prestado. Y es que sus nombramientos, incluído el de la presidenta María Emilia Casas, caducaron hace ahora dos años pero siguen en el TC porque no hay sustitutos con suficiente respaldo político.
Ante esta realidad y, sobre todo, ante la magnitud que está tomando el movimiento en defensa del Estatut, el presidente del Gobierno ha de hacer algo. Y ese algo es, al parecer, una oferta formal de Zapatero al líder de la oposición para, entre ambos, desbloquear la renovación del plenario del Constitucional. Esa operación se realizaría en una cumbre bilateral que Zapatero prepara para diciembre y que, según la prensa de Madrid, aún no ha sido comunicada formalmente a Rajoy.
Sin embargo el desbloqueo de la renovación del TC no se antoja cuestión fácil. El PP está utilizando la crisis estatutaria para minar la credibilidad del Gobierno y sólo cederá si los socialistas aceptan, entre los cuatro nuevos miembros del Constitucional, a sus dos candidatos: el ex portavoz del CGPJ, Francisco Hernando y Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional. Mientras tanto Rajoy atiza al presidente: "Zapatero es el culpable de que el TC esté en tela de juicio y el Estado de Derecho en discusión".
