Valencia. Recuerdo cuando nos exigían grabar a Eduardo Zaplana en su perfil bueno", denunció en su cuenta de Twitter Iolanda Mármol, trabajadora de Canal 9, perteneciente a la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), cuando conoció la decisión "irrevocable" de Alberto Fabra, presidente de Valencia, de cerrar el ente público después de que los juzgados desestimaran el ERE de la empresa al considerarlo irregular porque vulneraba los derechos de los trabajadores. Fue la inopinada e intempestiva respuesta de la Generalitat valenciana, gobernada por el Partido Popular, a la sentencia judicial que obligaba la readmisión de un millar de despedidos. A la espera de la resolución final del litigio, -la última dirección ha dimitido al estimar que se les mintió desde el ejecutivo-, se suceden las protestas de los trabajadores así como la de amplios sectores de las sociedad valenciana que denuncian la decisión de la Generalitat y pretenden que la televisión continúe emitiendo en el futuro. "El cierre responde a la concepción política del PP, a su ideario respecto a los servicios públicos, y Canal 9, lo era. Está dando los mismos pasos con la Educación o con la Sanidad", expone Miguel Ángel Casado, profesor de la Universidad del País Vasco y autor de una tesis centrada en La promoción de la industria audiovisual en las comunidades autónomas españolas.

"Nos dieron la orden de dejar de llamarle Francesc (a Camps) para que fuese llamado Francisco, coincidiendo con la época en que se postulaba como posible sucesor de Rajoy", contó Iolanda Mármol en las redes sociales sobre el modo de proceder de la dirección de Canal 9 durante la etapa de Camps en la presidencia del ejecutivo valenciano, cuando se produjo el mayor desplome de al audiencia. La anécdota de la periodista es solo la punta del iceberg, un trazo de la extrema politización de una cadena capaz de construir una la realidad que obedecía a las directrices del Partido Popular. "Era una televisión muy manipulada, una tele gubernamental capaz de construir una realidad paralela y eso, con el tiempo, generó un desapego entre la audiencia. La gente dejó de verla", analiza Estefanía Jiménez, profesora de la Universidad del País Vasco, muy crítica con el cierre.

La huella de la política siempre ha estado muy presente en Canal 9, contaminada hasta el tuétano. De hecho, su pantagruélica deuda, cifrada en 1.200 millones de euros, se asienta bajo las coordenadas de la politización, de responder a los intereses del mandatario de turno. "Cada uno ponía a los suyos. Había redacciones paralelas, cada cuál atendiendo a los intereses de los que les habían puesto". El derroche económico, bandera de Valencia, también era la seña de identidad de una televisión que por ley no disponía de un techo de deuda, sino que ésta era asumida por la Generalitat, ahora arruinada. "El incremento de las plantillas ha sido desmedido, eso no se puede negar. En la primera etapa, con los Socialistas en el gobierno, cuando Canal 9 se puso en marcha en 1989, la plantilla era de 600 personas. Era un modelo con una plantilla grande, tal vez demasiado. Después llegó el PP y la plantilla se duplicó, llegando a 1.200 trabajadores bajo el mandato de Zaplana y posteriormente con Camps, se llegó a triplicar, alcanzando los 1.800 empleados. Un disparate", propone Juanjo Bas, profesor de Estructura del sistema audiovisual en la universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia y que estudió a Canal 9 en su tesis doctoral.

"El problema es la politización extrema que ha padecido Canal 9. Eso, unido a una pésima gestión empresarial... ha provocado el cierre", indica Miguel Ángel Casado, que entiende que "alejaron deliberadamente al público de la tele. La audiencia la abandonó por culpa de una propaganda descarada (no informaba de Gürtel, censuraba)". El testimonio de Iolanda Mármol, corresponsal parlamentaria en Madrid, es esclarecedor al respecto. "Recuerdo cuando se pagaban directos millonarios para que Camps saliese hablando en directo en pleno Amazonas. Y los millones de veces en las que no me dejaron poner declaraciones de la oposición. O de cualquier ciudadano que criticase al PP, o a la Generalitat. Y recuerdo también cuando nos prohibieron decir 'recortes'".

Estefanía Jiménez maneja una tesis muy similar a la de su colega sobre la cadena que dio origen a la denominada telebasura con el programa Tómbola, su "mayor éxito" y buque insignia del canal durante varias temporadas. "No sé si se trataban de directrices escritas, pero parece claro que las decisiones que tomaron iban encaminadas a vaciar de contenido a la televisión y hacerla prescindible".

estampida Con Camps en la Generalitat, la audiencia, termómetro de la aceptación de la programación por parte del público, padeció un desplome escalofriante hasta convertirse en algo residual. "Con un 4% de share conviertes a la tele en una empresa inviable y luego la cierras justificando que no es rentable", subraya Casado. Aunque la fragmentación televisiva ha restado audiencia a todas las cadenas, la caída de la televisión valenciana se acentuó por su indisimulada sectarización política y un gasto desmesurado en la compra de contenidos. "En entretenimiento no era una cadena con contenidos de mucha calidad y a eso se le une una propuesta informativa tan sesgada que el público se va", suscribe Estefanía Jiménez.

"La enorme politización generó una bajada espectacular de la audiencia", atribuye Juanjo Bas sobre una televisión que "durante la etapa de Camps era muy sectaria, muy alejada del pluralismo que debe vertebrar a una televisión pública. En esa época no se informaba o se omitían noticias relacionadas con la Gürtel o con el propio juicio de Camps. El desplome de la audiencia resultó notable porque no informaba. A menos audiencia, menos publicidad... es la pescadilla que se muerde la cola".

enormes daños colaterales Las consecuencias del cierre de la radiotelevisión pública valenciana son múltiples, entre ellas generar un precedente para proyectos como el de Telemadrid, que comparte elementos, como el de una marcada politización así como graves problemas financieros. Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, ya ha amenazado con el cierre de la cadena si los sindicatos no se pliegan a sus exigencias. "Lo ocurrido en Valencia es muy peligroso. Eso de justificar su cierre como contrapartida para salvar la Educación o la Sanidad pública después del derroche que hubo... lo peor es que es un discurso que se puede extender, más si cabe en tiempos de crisis", advierte Estefanía Jiménez sobre un argumento tan demagógico como perverso.

una ruina "La pérdida de Canal 9 supondrá una ruina, ya no solo percibido como un servicio público, también supone una ruina en lo cultural, idiomático, porque era un icono de Valencia. También es malo porque se extiende un discurso homogeneizado", establece Juanjo Bas, convencido de que los medios públicos son imprescindibles para "reforzar" la sociedad y la democracia. "La pérdida de los medios públicos es un fracaso se mire por dónde se mire". "Habrá un vacío cultural enorme en Valencia porque se trataba de un símbolo identitario, de sociedad y cultura, entre otras cosas porque Televisión Española apenas habla de las realidades de las comunidades autónomas en un Estado plurinacional. Del idioma ya ni hablamos", agrega Miguel Ángel Casado. "La televisión pública, además de garantizar la independencia informativa, el pluralismo ideológico y ser un referente cultural, también tiene que conectar con la audiencia y para ello es necesaria una oferta suficientemente atractiva y eso no se cumplió", reflexiona Juanjo Bas. Además del carácter simbólico y los despidos directos, "tampoco se debe olvidar que Canal 9 era el motor de la industria audiovisual local", aclara Miguel Ángel Casado. El cierre es "la estocada para el sector", desliza Juanjo Bas.

Los expertos consultados coinciden que el caso de Canal 9 evidencia que "se necesitan televisiones públicas independientes, alejadas de la injerencia de los políticos". Para ello, los docentes consideran que los políticos tienen que asumir que "una televisión pública tiene que ser independiente porque debe servir a toda la sociedad no solo a unos intereses determinados". La idea de que la tele pública es "un juguete de los políticos" tiene que finalizar. Recetan los profesores que para que las televisiones no se utilicen de forma partidista se tendrían que acabar "los recelos entre los partidos y llegar a un acuerdo para mantener a las televisiones públicas fuera del debate político", concluyen.