valencia. Mientras en el consejo de administración de Radiotelevisión Valenciana solo quedaban los miembros elegidos por la oposición, la sede de Radiotelevisión Valenciana seguía ayer tomada por los trabajadores, quienes, en una suerte de emisiones autogestionadas, criticaban el cierre de RTVV y el mando erróneo del PP. El Gobierno valenciano, presidido por Alberto Fabra y fuertemente incomodado por esta situación, aprobó un decreto ley para retomar el control.
En el informativo de Canal 9, la emisora principal del ente público de radiotelevisión valenciano, el titular era "Contra el cierre de RTVV", bajo el que se informaba de las concentraciones en rechazo a la clausura de la cadena; y en la noche del miércoles, personajes políticos y de la sociedad civil, algunos de los cuales habían estado vetados en la televisión desde los años 90, debatían sobre la gestión de la cadena,
Con esta programación especial, la cadena de televisión triplicó su audiencia media (322.000 espectadores siguieron el debate). En las redes sociales se escribieron más de 200.000 mensajes con la etiqueta #RTVVnoestanca (RTVV no se cierra). El apoyo popular se medía también en una petición on line, que recogió en menos de 24 horas más de 12.000 firmas contra el cierre. "Una mala gestión no tienen por qué pagarla 1.700 trabajadores, 1.700 familias", decía el comunicado.
Además, el consejo de administración de la cadena se reunía ayer con la sola asistencia de los cuatro miembros propuestos por la oposición (dos a propuesta del PSPV, uno de Compromís y uno de Esquerra Unida), con una posición clara: instaron al Consell a readmitir a los despedidos y a seguir con el servicio público.
La ocupación de la cadena por parte de los trabajadores y la oposición causó la indignación del Gobierno, que movió ficha ayer para retomar el control. Así, el Consell, reunido ayer en sesión extraordinaria, aprobó un decreto ley que le faculta para nombrar a todos los cargos vacantes del consejo de administración de RTVV, incluido un nuevo director general, sin esperar a su elección por las cortes. Según el texto de la norma, buscan retomar el "normal funcionamiento del servicio público".
El decreto ley, en vigor desde ayer mismo, renovará a cinco miembros del equipo directivo, mermado tras la dimisión de los miembros nombrado por el PP, incluida la ahora exdirectora general, Rosa Vidal, que salieron de la dirección por, según explicó la propia Vidal, una "falta de confianza" en el Gobierno valenciano, al que acusó de "faltar a la verdad" en las explicaciones sobre los motivos del cierre de la sociedad.
"sostenible" Vidal sostuvo ayer que es posible una gestión "sostenible" de RTVV, y prueba de ello es que se iba a "cerrar diciembre con beneficios por primera vez" tras 24 años. Fabra, por su parte, insistió en que la situación de la televisión autonómica tras la declaración de nulidad del expediente de regulación de empleo es "inasumible" y que "no había otra solución".
La Generalitat cifró en 70 millones el cierre y en 228 en cumplir la sentencia y readmitir a los trabajadores. Siguiendo con las comparaciones entre la televisión pública y otros servicios, el vicepresidente José Ciscar aseguró que con "228 millones de euros, se construyen 57 colegios y 60 centros de salud".
