La UE no permitirá penas máximas por violación inferiores a 8 años para evitar leyes como la del 'sólo sí es sí'

Este texto propuesto por la Comisión Europea, que se debate el 26 y 27 de junio en comisión, ha recibido más de 1.800 enmiendas y tiene como objetivo abordar la violencia contra las mujeres, tipificar nuevos eurodelitos en este sentido y que los países den pasos adelante en relación al Convenio de Estambul y pongan también en marcha instrumentos legislativos eficaces en materia de prevención, protección y ayuda a las víctimas.

Pero entre sus medidas más destacadas está la obligatoriedad de que la pena máxima ante actos "no consentidos de penetración vaginal, anal u oral de naturaleza sexual, con cualquier parte del cuerpo u objeto" o ante "hacer que una mujer participe con otra persona" en los citados actos, sea inferior a los ocho años.

Además, en el caso de que haya agravantes, la pena máxima no podrá estar por debajo de los 10 años. También se recoge la prescripción de estos delitos que tendrán que ser de un mínimo de 20 años desde el momento en que se cometió el acto.   

EL CONSENTIMIENTO CON EN EL CONVENIO DE ESTAMBUL

En este sentido, la directiva incluye como base la definición del consentimiento del Convenio de Estambul. En este texto, ratificado por España en 2009 y por la UE el pasado mes de mayo, se recoge que "el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes".

La eurodiputada del PP, Rosa Estarás, ha indicado que estas medidas eran "un tema prioritario" ya que la UE quería determinar la "importancia" que da a estos delitos y para que "no suceda lo que pasó con el 'sí es sí'" en otros países, en referencia a las rebajas de penas a agresores sexuales contabilizadas tras la entrada en vigor de la norma.

Estarás también ha recordado también, en este sentido, la reunión mantenida con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una delegación del Parlamento Europeo que visitó el país el pasado febrero para analizar las políticas de Igualdad españolas, en donde, según ha indicado, se recordó la advertencia del órgano judicial a la Ley del 'solo sí es sí' sobre rebajar las penas máximas.   

NUEVOS EURODELITOS

Por otra parte, la directiva busca establecer como eurodelitos la difusión de material íntimo sin consentimiento, que en este caso debería tener penas máximas no inferiores a 1 año y no podría prescribir antes de cinco o el ciber-acecho, con penas máximas no inferiores a dos años y sin prescribir antes de 7 años.

Del mismo modo, se busca introducir como eurodelitos el matrimonio forzoso y la mutilación, el acoso sexual en el trabajo o la esterilización forzosa, aunque Estarás ha reconocido que hay dudas sobre la aprobación de este último ya que, a su juicio, tiene "una base jurídica muy débil".

Otros debates como la prostitución o la gestación subrogada no se incluirán finalmente en la iniciativa debido a esa falta de seguridad jurídica y a las dudas de algunos grupos parlamentarios de que estos fueran delitos transfronterizos.

Entre estos partidos en contra está Vox, aunque según ha explicado su eurodiputada Margarita de la Pisa, su partido no ve seguridad jurídica en incluir el término violencia de género y tampoco ve transfronteriza la violencia doméstica o contra las mujeres. Vox ha mostrado su respeto por las constituciones de cada país y sus códigos penales y cree que establecer un mínimo de las penas máximas puede provocar que otros estados vivan una situación similar a España con la ley del 'solo sí es sí'.

Estarás ha hablado también de la retirada del texto de la consideración de delito de la denegación del acceso al aborto y que tampoco contaba con el apoyo mayoritario de los partidos por su inseguridad jurídica. Principalmente, en relación a la objeción de conciencia.

Los 'populares' creen que la retirada de este tipo de temas en los debates previos permitirá que la directiva salga adelante en lo que tiene que ver con la materia en la que sí hay acuerdo. A su juicio es "lo más inteligente" para que el texto "no quede paralizado y salga".  

CRÍTICAS DEL PSOE

En este sentido, la voz discordante la ha puesto la europarlamentaria del PSOE, Lina Gálvez, que considera que muchas de estas materias sí podrían haber entrado en la directiva "con voluntad política". Así, ha recordado casos en los que las parejas implicadas por violencia de género tenían diferente nacionalidad y ven cómo las penas en sus países se contradicen. También ha señalado, frente a PP y Vox, la prostitución, el proxenetismo o la gestación subrogada como un claro delito transfronterizo.

La socialista ha hablado de la misma forma sobre el aborto y se ha referido a las mujeres de Polonia "que tienen que cruzar la frontera" para ejercer su derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo.

Gálvez ha destacado la importancia de esta directiva señalando que "hay 18 países" en la UE con "una reglamentación de violación que deja bastante que desear" en relación a las directrices del Convenio de Estambul.

Esta directiva, tras su paso por la comisión a finales de mes, deberá pasar por el Pleno del Parlamento Europeo o ir directamente a trílogos, el grupo formado por el propio Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de Europa. En este caso, el proceso sería mucho más largo ya que los tres organismos se han de poner de acuerdo en todo el texto.   

Preguntadas las eurodiputadas por si las elecciones en el Estado español el próximo 23 de julio afectarán a la presidencia europea del país en la segunda mitad del año, Estarás ha asegurado que sí y ha explicado que se han caído reuniones y comparecencias que deberían producirse, empezando por la presentación, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su proyecto para dicha presidencia.

La representante 'popular' ha criticado que ningún representante del Ejecutivo vaya al Parlamento "por estar de campaña". "Habrá inercia de trabajo, pero faltará liderazgo", ha apuntado.

Esta situación ha sido negada por la socialista que ha asegurado que sí acudirán representantes españoles al Parlamento durante la presidencia europea del país.