El Consejo Constitucional francés rechazó este miércoles una nueva solicitud para que la reforma de las pensiones que eleva la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años sea sometida a un referéndum, como había propuesto la izquierda.
Se trata de otro revés legal para los opositores a esta controvertida reforma.
El pasado 14 de abril la máxima corte administrativa ya negó una primera solicitud de consulta y dio luz verde al grueso de la controvertida ley, lo que permitió al presidente francés, Emmanuel Macron, promulgarla para que entre en vigor el próximo septiembre.
En un comunicado, el Consejo Constitucional que preside el exprimer ministro socialista Laurent Fabius explicó este nuevo rechazo porque la segunda iniciativa de referéndum tampoco supone "una reforma relativa a la política social" que sí podría justificar su convocatoria.
Esta segunda petición del llamado Referéndum de Incitativa Compartida (RIP) había sido firmada por 253 diputados y senadores, en su gran mayoría de izquierdas (La Francia Insumisa, socialistas, ecologistas y comunistas).
Con respecto a la primera se había añadido, como novedad, la creación de un nuevo impuesto relacionado con la financiación de las pensiones. Sus promotores tenían la esperanza de que así podía ser admitido en la medida en que implicaría un cambio sustancial.
De ser autorizado por el Consejo, el referéndum hubiese tenido por delante un largo y tortuoso camino ya que era necesario recabar casi cinco millones de firmas de electores en nueve meses (un 10 % del cuerpo electoral).
Además, las dos cámaras legislativas -la Asamblea Nacional y el Senado- tendrían que examinar el texto en un plazo de seis meses.
Desde que incluyó en la Constitución en 2008, bajo el mandato de Nicolas Sarkozy, ningún Referéndum de Incitativa Compartida ha reunido las condiciones para llevarse a cabo.
