- Los certificados de vacunación para impulsar la movilidad mantienen divididos a los socios comunitarios: mientras algunos, más Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron ayer seguir trabajando en el desarrollo de un certificado de vacunación, cuyo desarrollo a nivel técnico necesitará al menos tres meses, pero siguen divididos sobre si debería ser usado para facilitar desplazamientos y viajes este verano.
“Hemos visto una convergencia cada vez mayor sobre este tema tan importante”, expresó el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, tras la videoconferencia en la que los líderes europeos han “debatido mucho” sobre este asunto.
La puesta en marcha de un certificado de vacunación con fines médicos es una iniciativa que comparten todas las capitales, pero difieren en el uso que se dará a la herramienta, y en especial si servirá para facilitar el turismo, como piden los países del Sur, cuyas economías dependen en gran medida de este sector.
Según señaló el exprimer ministro belga durante la comparecencia de prensa, los jefes de Estado y de Gobierno han “avanzado” hacia una mayor “convergencia”, pero señaló que “eso no significa que todo esté resuelto” porque hay sobre la mesa “preocupaciones muy legítimas” sobre el uso que se dará a los certificados.
En una línea similar, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó que todavía hay “cuestiones abiertas” de carácter político sobre la medida, y “la primera, por supuesto, es para qué se usará”. A estas hay que sumar una serie de incertidumbres “científicas”, entre ellas si las vacunas sirven efectivamente para detener la transmisión del virus.
En todo caso, la alemana afirmó que desarrollar los aspectos técnicos de la herramienta llevará “al menos” tres meses y requiere trabajo tanto por parte del Ejecutivo comunitario como de los Estados miembros, a quienes instó a progresar rápido para que pueda ser operativo en verano.
Más allá del uso que se haga del certificado, Von der Leyen explicó que constará de un conjunto “mínimo” de datos, como por ejemplo si la persona ha sido vacunada, si tiene anticuerpos o si ha obtenido un resultado negativo en una prueba PCR realizada recientemente.
Durante este debate, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el desarrollo de “certificados de movilidad” a nivel europeo “para evitar que cada país elabore su propia fórmula, prevenir situaciones injustas y garantizar la protección de los datos personales”.
El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, advirtió que es “inevitable” que el sector privado tome la iniciativa si la UE no avanza rápido en el desarrollo de este certificado, que no sería “equivalente a un pasaporte sanitario” pero generaría un “corredor rápido” para el turismo, según fuentes helenas, que aseguran que países como Austria, Chipre, Malta o Dinamarca apoyan esta postura.
La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó que durante la reunión “todos han estado de acuerdo” en la necesidad de tener un certificado digital de vacunación”, que sigue, no obstante, generando dudas en otros dirigentes, como el presidente francés, Emmanuel Macron o el primer ministro holandés, Mark Rutte.
El galo, por ejemplo se mostró favorable a armonizar criterios y a afrontar “colectivamente” el desafío de retomar la libre movilidad, aunque, por otro lado, insistió en que es “demasiado pronto” para fijar las condiciones del certificado. “No hay que confundir la posición fuerte de algunos estados miembros con el proceso de preparación que tenemos por delante”, señaló.
Más producción. Los líderes europeos también abordaron la necesidad de elevar la producción de vacunas contra la covid y acelerar las campañas de vacunación. En este sentido, los Veintisiete subrayan que “las compañías deben garantizar predictibilidad sobre su producción de vacunas y respetar el calendario de entregas de los contratos”, y después añade la necesidad de “reforzar la vigilancia y capacidad de detección de nuevas variantes”.
El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió “unidad y coordinación” en la UE para acordar la puesta en marcha de un certificado común de vacunación, y advirtió que ese documento “no puede dar derechos específicos” a las personas vacunadas.