El coronavirus amenaza con acentuar la brecha económica entre los países de la Unión Europea (UE) debido al impacto desigual sobre las Veintisiete economías y su diferente capacidad para combatirlo, según advirtió en un informe el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE).
A pesar de que los auditores destacaron que las medidas adoptadas ayudaron a salvar puestos de trabajo y empresas, también alertaron sobre los riesgos de las desigualdades económicas y las distorsiones de las condiciones de competencia equitativas entre los Estados Miembros.
Las crecientes divergencias pueden surgir de un "creciente y persistente" desempleo, falta de inversión, así como de los riesgos que acechan a la estabilidad financiera si el impacto de la covid-19 se extiende a este sector.
"Las medidas de respuesta a la crisis salvaron empresas y empleos, pero inevitablemente conducen al incremento del déficit público", señaló en un comunicado la responsable del informe y miembro del TCE, Ildikó Gáll-Pelcz.
Dicho aumento implica el riesgo de que "se restrinja la convergencia económica en los próximos años", añadió.
Por tanto, perciben la respuesta financiera propuesta por la UE a la crisis sanitaria como una oportunidad para promover las prioridades del club comunitario, como el "desarrollo sostenible y la digitalización" y fortalecer "a largo plazo" la coordinación económica entre los países que lo integran.
A su vez, el informe publicado por el Tribunal evaluó los riesgos y desafíos venideros de la aplicación y coordinación de las medidas adoptadas en los últimos meses, una "amplia gama de medidas fiscales".
Para combatir la crisis sanitaria y apoyar sus economías, los Estados Miembros adoptaron un total de 1.250 medidas, cuyo valor ascendió en julio hasta los 3,5 billones de euros, es decir el 27 % del producto interior bruto (PIB) del conjunto de los Veintisiete.
Los regímenes de mantenimiento de empleo y los aportes de liquidez fueron las principales medidas aprobadas a nivel nacional para mitigar los despidos, pero los auditores subrayaron que éstas "aumentarán considerablemente el déficit público de los países y los niveles de deuda pública".
"Su importancia y contenido reflejan la riqueza relativa de los Estados Miembros, pero no la medida en que les ha afectado la crisis", apuntó el informe.
Entre otras medidas, la UE estableció una coordinación económica flexible, movilizó fondos y, en julio, acordó un paquete de recuperación de 750.000 millones de euros enmarcado en los presupuestos europeos para 2021-2027.
Sin embargo, los auditores insistieron en que "no está garantizado que estas medidas impulsen el crecimiento sostenible y aumenten la convergencia entre los Estados Miembros", sino que su eficacia dependerá de cómo se aborde el impacto real de la crisis.
De hecho, la efectividad del plan de recuperación puede verse afectada si "su estructura financiera no es adecuada" o no se centra en el crecimiento de las reformas y las inversiones.
"La gobernanza de la UE se enfrentará al reto de volver a las actuales normas presupuestarias o diseñar otras nuevas sin obstaculizar las recuperaciones posteriores a la pandemia ni la sostenibilidad de la deuda", sugirió Gáll-Pelcz.
