a presidenta de la Comisión Europea ha tenido la responsabilidad de presentar ante el Parlamento Europeo el plan para la reconstrucción de Europa tras la epidemia del covid-19. Bruselas se la jugaba ante nuestros representantes políticos en un difícil juego de equilibrios, izquierda-derecha, norte-sur, de intereses contrapuestos en la UE. Consciente de la patata caliente que le habían lanzado los jefes de Gobierno de buscar una fórmula que contentara a todos, Ursula von der Leyen, ha puesto encima de la mesa una propuesta que demuestra que la Unión Europea está viva y, sobre todo, que ha madurado a base de crisis. Próxima generación UE como se ha denominado el plan, es una hoja de ruta que utiliza el coronacrack como la gran oportunidad para mejorar nuestra unidad y nuestro modelo económico y de sociedad. Y una cifra descomunal: 750.000 millones de euros, el mayor estímulo fiscal de la historia de la UE.

De los 750.000 millones de euros, 500.000 millones serán en forma de subvenciones y 250.000 millones en préstamos. De esta forma, se busca mediante un mix el acuerdo de los partidarios de los eurobonos de deuda perpetua como España e Italia y los frugales que solo aceptan los créditos, como Holanda, Austria, Suecia o Finlandia. En la posición franco alemana está la virtud del término medio, pues, la emisión de deuda y las ayudas se vinculan al presupuesto de la UE en el periodo 2021-2027. Eso sí, a este plan se une además el fondo extraordinario habilitado para el rescate por gastos sanitarios en el MEDE de 250.000 millones de euros y, además, el fondo SURE para los desempleados a causa de la crisis del covid-19 dotado con 540.000 millones de euros. En total, casi 1,8 billones de euros movilizados para recuperar Europa de la recesión. España contará con una asignación directa del plan de reconstrucción de más de 140.000 millones de euros, 77.324 millones en transferencias a fondo perdido y 63.122 millones en préstamos.

Eso sí, Bruselas deja claro que el fondo debe emplearse en las políticas estratégicas de la UE. El 60% de inversiones irán a parar a “políticas modernas” contra el cambio climático, que contarán además con el Fondo de Transición Justa de 40.000 millones de euros para impulsar la neutralidad climática. 55.000 millones de euros irán destinados a paliar los efectos socioeconómicos de la crisis a través de fondos de cohesión regionales más flexibles. La Ayuda Rural y para la Agricultura está cuantificada en 15.000 millones. La digitalización se impulsa mediante la Facilidad Estratégica de Inversión para la transición digital y ecológica que genere 150.000 millones de inversiones. Al Instrumento Horizon Europe, programa europeo de I+D+i, se destinan 94.000 millones. Y se crea un nuevo programa de salud con 9.000 millones para estar preparados ante las crisis sanitarias del futuro.

La primera condicionalidad, pues, consiste en el destino del dinero movilizado que será finalista, es decir, dedicado a los fines que componen la hoja de ruta estratégica de la UE, no a lo que los Estados miembros quieran. La segunda condición es temporal, pues se limita el plan y el fondo al 2024. El calendario también es exigente. La Comisión Europea espera que los fondos estén disponibles para el 1 de enero de 2021, por lo que aboga por un consenso en el Consejo Europeo para julio. La próxima cumbre de líderes de Estado y de Gobierno, que será un primer termómetro, se celebrará el 19 de junio. Ante los temores de que las conversaciones se bloqueen con las evidentes divisiones entre los Estados miembros, la Comisión propone enmendar el presupuesto vigente para que en septiembre estén disponibles 11.000 millones de ayudas inmediatas. El Fondo de Recuperación Próxima Generación UE expiraría el próximo 31 de diciembre de 2024, mientras que los bonos europeos tendrán una vigencia de 30 años: desde 2027 a 2058. El resumen es claro: en menos de dos meses, las instituciones europeas han movilizado más recursos y han tomado más decisiones que en la crisis de 2008 en cuatro años.