Así se castiga el salvamento humanitario

Simple y llanamente el Gobierno de Italia con esta decisión viola sistemáticamente los principales tratados de Derecho Marítimo como son el Convenio Internacional de Seguridad de la Vida en el Mar, de 1974; la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, de 1982, y el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, del año 1985. Además, obvia las convenciones sobre el derecho de los refugiados de 1951 y los Derechos Humanos. Todos estos tratados, que además fueron enmendados y actualizados en el año 2006 por la Organización Marítima Internacional, también están firmados y ratificados por el Estado español. Y esto afecta al Reino de España y todas las embarcaciones que naveguen bajo su pabellón.

Y del mismo modo que el capitán de un buque como el Open Arms tiene la obligación de brindar auxilio a quienes se encuentren en peligro en el mar independientemente de su nacionalidad, condición jurídica o las circunstancias en que se encuentren, los Estados Miembros tienen la obligación complementaria de coordinar y cooperar para que las personas que han sido rescatadas en el mar puedan ser trasladadas a un lugar seguro lo antes posible. Esto constituye una larga tradición marítima y, al mismo tiempo, una obligación que está consagrada en el derecho internacional. A los que pretenden alimentar otras polémicas, suscitar suspicacias o acusar a la ONG catalana de tráfico de personas o defender las xenófobas cerrazones del Gobierno italiano debería quedarles este asunto claro.

Es más, estos tratados advierten de que “de ninguna manera se podrá demorar la asistencia, el auxilio ni el desembarco ni siquiera por cuestiones administrativas, tales como la identificación y la evaluación de la situación de las personas rescatadas”. Y de igual manera indican que los capitanes deberán poner rumbo a toda máquina a los rescates, así como dejar en un lugar donde la vida de los rescatados no corra peligro, con la obligación de “no retornar a persona alguna cuando haya razones fundadas para creer que existe un riesgo real de daño irreparable”, obligación que se deriva de la declaración universal de los Derechos Humanos y los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. A partir de esta premisa, pueden ustedes desembarrancar.

CRONOLOGÍA DE UN DRAMA VIEJO Así el 1 de agosto de 2019, el capitán del Open Arms, Marc Reig, en riguroso cumplimiento de estos tratados internacionales, dio aviso a las autoridades libias, maltesas, italianas y españolas para pedir un “puerto seguro”, acaban de rescatar a 55 personas a 70 millas de la costa libias. Apenas unas horas más tarde, dan auxilio a otra embarcación a la deriva con otras 69 personas con “signos de violencia”. Suman ya 124 personas rescatadas a bordo, entre ellas una docena de niños, varios bebés y mujeres embarazadas. El Open Arms se encuentra en aguas internacionales y, en lugar de asistencia, el buque catalán recibe como respuesta amenazas del Gobierno de Italia: si se adentra en aguas italianas se enfrenta a una multa de 50.000 euros.

Hace tan solo unas semanas que el Senado italiano había ratificado el decreto ley antimigratorio de Matteo Salvini, que endurece las sanciones contra las ONG humanitarias pero también contra cualquier embarcación que rescate migrantes en el Mediterráneo y que sin autorización previa entren en aguas territoriales del país. Finalmente, en la noche del martes al miércoles 21 de agosto, el Open Arms pudo desembarcar en Lampedusa por decisión de la fiscalía de Agrigento que buscó un subterfugio legal para sortear la crisis causada por Salvini. El fiscal Luigi Patronaggio ordenó la incautación del barco, les acusó de secuestro y retención ilegal de personas e instó al desalojo inmediato de los migrantes que quedaban a bordo. “La situación en el barco es explosiva, de máxima urgencia”, declaró. Los náufragos llegaron a puerto con cantos de júbilo y alivio. Sin embargo, ahora la ONG podría ser multada en España con una sanción de 901.000 euros, según la ministra y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, por “no tener licencia para efectuar rescates y búsqueda activa de personas”, lo cual no deja de ser otra confrontación con el derecho internacional.

EL DECRETO SALVINI La decisión judicial pone al descubierto un esperpéntico entramado de leyes e intereses en conflicto que desde hace más de una década en Italia (y también en menor medida en España) criminaliza a los salvadores, penaliza los rescates contraviniendo la legalidad internacional y disuade la prestación de auxilio. Más allá de la buena voluntad este debate y conflicto es político y viejo.

El llamado “decreto Salvini” ha sido la reforma símbolo y principal promesa electoral del ministro del Interior y líder de la coalición ultraderechista italiana, pero en realidad es tan solo la actualización de varias leyes viejas en vigor desde tiempos del primer ministro Silvio Berlusconi. En concreto de la Ley Bossi-Fini, del año 2002, nombrada así por sus promotores, Umberto Bossi (Liga Norte) y Gianfranco Fini (Alianza Nacional). Una ley que considera la entrada irregular como un delito y penaliza la ayuda a los migrantes.

El extenuante y televisado bloqueo del Open Arms se suma a otros casos mediáticos como la detención hace un mes de la capitana del barco alemán de salvamento Sea Watch 3, Carola Rackete: aquella joven que en julio plantó cara al ministro Salvini y decidió poner rumbo a ese mismo puerto de Lampedusa y desembarcar a 41 personas rescatadas. O la singular historia de Miguel Roldán, un bombero malagueño que participó en una misión de rescate con el buque Iuventa en 2017 como voluntario e igualmente se enfrenta a 20 años de prisión por la fiscalía italiana. El barco con el que cooperaba además fue inmovilizado y un año y medio después sigue amarrado en el puerto de Trapani, en Sicilia.

Sin embargo, esta situación no es en absoluto nueva, hace seis años atrás, Vito Fiorino, el heladero jubilado que rescató en su barco de recreo a 47 personas, experimentó eso de ser héroe nacional a sospechoso traficante de personas en tan solo unas horas. Fiorino salvó la vida a un puñado de los supervivientes de aquel trágico naufragio que el 3 de octubre de 2013 se llevó la vida de 387 personas frente a las costas de Lampedusa, la isla más grande del archipiélago italiano de las Pelagias. Al llegar a tierra, él mismo y gran parte de los 155 supervivientes se enfrentaron a multas de hasta 5.000 euros por esa misma fiscalía de Agrigento acusados de un delito de “colaboración con la inmigración ilegal”. La lista de casos similares es larga y discreta desde que en 2007 una sentencia condenó a unos pescadores tunecinos por realizar la misma proeza: prestar auxilio a unos náufragos y navegar hasta un puerto seguro.

La política de control de fronteras y de inmigración sigue en manos de cada estado miembro de la UE. Aunque las normas de migración son similares y en teoría las fronteras son comunitarias, no existe un sistema de asilo europeo común, ni un marco legal de referencia. Ni la circulación de personas es libre en estos casos. Así hay legislaciones como la italiana o la maltesa que son especialmente restrictivas. Pero lo peor es que mientras los focos de las cámaras, las pantallas y las planchas de los periódicos iluminan estas historias tan vistosas, estas leyes de extranjería disuaden también a pequeños rescatadores de prestar auxilio.

CASOS MÁS RECiENTES Este mismo 26 de julio de 2019, el barco de Gaspare Giarratano, pescador siciliano de 63 años, regresó al puerto de Sciacca con las redes vacías y más de 50 personas a bordo. A las tres de la madrugada, su hijo Carlo, de 36 años, socorrió a una barcaza hinchable en apuros. La familia Giarratano lleva cuatro generaciones, más de 50 años, faenando en estas aguas mediterráneas próximas a Libia. Es por eso que a menudo se encuentran con pateras. El año pasado esta familia rescató a más de 149 de personas. Pero ahora, con la reforma de la ley, esa misma fiscalía siciliana que ha desbloqueado el Open Arms, penalizó a estos pescadores: al llegar a puerto acusó a Carlo y a su padre del mismo delito que a la ONG catalana, colaboración con migración ilegal y se enfrentan también a una pena de cárcel y sanciones de miles de euros.

El relato de Mohammed Adam Oga es aún más devastador, ocurrió tan solo hace unos días. La Fuerzas Armadas de Malta localizaron a Mohammed flotando en medio del mar en una lancha neumática junto al cadáver de otro compatriota etíope. Él es el único superviviente y la única voz que puede narrar los once días de travesía sin agua, sin comida y sin rumbo en una patera que salió de Libia con 15 personas a bordo. Recuerda cómo iban perdiendo la vida sus compañeros de viaje, cuyos cuerpos generaban un olor tan fuerte que decidieron arrojarlos al agua poco a poco. Pero lo más siniestro de la narración es que durante la travesía vieron “muchos barcos” a los que pidieron ayuda en vano y que incluso “un helicóptero vino y se fue”. Todos pasaron de largo por temor a cargar con multas.

Así en 2019 se han registrado más 850 muertes en el mar Mediterráneo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y tal y como se ensaña en subrayar Charlie Yaxley, portavoz de ACNUR, casi todas son evitables: “El politiqueo sobre los rescates en el mar está impidiendo centrarse en buscar una solución seria. Mientras, trágicamente, se están perdiendo vidas. Los políticos tienen que dejar de usar a los seres humanos para ganar puntos y abordar esto como un problema humanitario con la prioridad de salvar vidas. Reducir el número de llegadas no puede ser el único parámetro para medir el éxito cuando hay gente ahogándose a las puertas de Europa”.

Durante estos 20 días que el Open Arms ha estado bloqueado, otras tantas pateras han arribado de forma autónoma a las costas italianas, maltesas, griegas y españolas. Pero también varias decenas de cadáveres han aparecido en playas libias y tunecinas. Y otros barcos de rescate como el Ocean Viking, fletado por Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée, espera autorización para desembarcar a otras 350 personas rescatadas.

“Me pregunto si solo uno de nuestros políticos ha escuchado en la oscuridad de la noche, en la inmensidad del mar, lanzar gritos desesperados por ayuda. Ningún marino volvería a casa sin estar seguro de haber salvado esas vidas”, contaba a la prensa Gaspare Giarratano. “Cuando veo un barco en apuros, no pienso en otra cosa más que en ayudar”, asegura el viejo pescador siciliano.

Casi todos los barcos de este puerto de Sciacca están consagrados a santos, apóstoles y en especial a la patrona local, la Santa Madonna del Soccorso (la Santa Madre del Socorro) cuya leyenda además narra que la estatua de esta Virgen de los auxilios apareció flotando en el mar. El bote del viejo Gaspare sin embargo lleva el nombre de su hijo fallecido, Accursio Giarratano, que murió con 15 años. “Sufrir la pérdida de un hijo es terrible, cuando pienso en otros padres, en madres, en las personas en apuros que rescatamos en pateras en el agua no dudo de ninguna de las maneras, lo volvería hacer mil veces. Pueden hacer todos los decretos de seguridad que quieran, poner todas las multas posibles e imaginables, apoderarse del barco. No somos ricos, somos pescadores dignos”. Y concluye: “Nosotros solo conocemos la ley del mar”.