París - Dos meses después de ser devastada por el fuego, Notre Dame acogió ayer una misa oficiada por el arzobispo de París, a la que asistió un reducido número de personas por la peligrosidad que supone estar en la catedral contaminada de plomo y cuya bóveda aún corre peligro de derrumbe. Asistieron una treintena de personas, la mitad eclesiásticos, todos con casco protector, incluido monseñor Michel Aupetit, quien ofició una misa simbólica para significar que Notre Dame “sigue viva”.

Al acto fue una representación de las personas que trabajan en las obras y de laicos de la diócesis de París; “poca gente porque es muy peligroso”, señaló el embajador encargado de la movilización internacional para Notre Dame, Stanislas de Laboulaye, en un encuentro con prensa. Habrá que limpiar el barrio y la catedral contaminados por el plomo que recubría la cubierta y la aguja de Viollet-le-Duc y que se fundió por las llamas que llegaron a alcanzar los 800 grados de temperatura, y de cuyo origen aún “no hay ninguna pista”, señaló.

“Notre Dame de París está aún en situación frágil, especialmente en la bóveda que aún no se ha asegurado, y puede derrumbarse”, apuntó el ministro de Cultura, Franck Riester, durante una entrevista el viernes en la cadena France 2, en la que también dijo que solo se han recibido el 9% de las donaciones prometidas, es decir 80 millones de euros de los 850 millones comprometidos. Algo que, sin entrar en detalles, minimizó De Laboulaye un día antes al subrayar la incapacidad de evaluar las necesidades económicas reales hasta que no se conozca el estado de Notre Dame.

“Ritmo militar” El diplomático se mostró convencido de que el proceso empezará a tener “un ritmo militar” una vez que a mediados de julio esté aprobada la ley que fije el marco legal para la restauración de la catedral, con exenciones fiscales de hasta un 75% por mil euros de donación y la creación de una agencia que coordinará el general Jean-Louis Georgelin, con experiencia en la guerra de los Balcanes. Aludió a controversias generadas por el proyecto de ley como la posibilidad de una anulación excepcional de las normas urbanísticas, medioambientales y de respeto del patrimonio, así como a las “suspicacias” por exenciones fiscales en un país que “no tiene tradición de mecenazgo”.

Pese a ello, remarcó que “todo se va a pagar con donaciones privadas y esto es un choque cultural para los franceses”.