Bruselas - Los ministros de Exteriores de la UE lanzaban ayer su primera advertencia a Nicaragua. Aunque en las conclusiones que los Veintiocho aprobaron sin debate no aparece la palabra “sanciones”, la maquinaria diplomática europea siembra la primera semilla para imponer medidas restrictivas al Gobierno que lidera Daniel Ortega, cuya represión deja más de 300 muertos.
En sus conclusiones, la UE advierte de que si la situación no cambia, el bloque comunitario está “dispuesto a utilizar todos los instrumentos a su alcance” para “buscar una salida pacífica y negociada a la crisis”. En los pasillos de Bruselas, se refieren a la situación del país de “auténtica represión” y de “gran preocupación” porque como en Venezuela, se ha roto el diálogo nacional en el país.
El Consejo ha “condenado con firmeza” las recientes medidas dirigidas “contra las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes suponen un nuevo golpe para la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles que agrava la crisis política y social”.
Aunque hace nueve meses desde que la situación estalló en las calles nicaragüenses, es ahora cuando la relación con la Unión Europea se encuentra más tensa. De hecho, la visita de una delegación del Parlamento Europeo había estado en duda hasta el último minuto. Finalmente Managua ha autorizado la entrada al país de los eurodiputados. “Nicaragua, bajo el régimen de Ortega, se está convirtiendo en una segunda Venezuela. Si el régimen no respeta los principios del Estado de Derecho, democracia y derechos humanos, habrá muy pronto medidas”, señalaba hace unos días Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. El italiano no es, sin embargo, el único que hace un símil entre las situaciones de Caracas y Managua. También lo hizo hace unos días Josep Borrell, ministro de Exteriores, que aseguró que las “únicas medidas que se pueden tomar contra el Gobierno de Nicaragua son las sanciones”.
La represión en Nicaragua ha dejado -desde abril de 2018- al menos 325 muertos, 2.000 resultaron heridas y 52.000 refugiados, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las manifestaciones, “brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad y grupos armados afines al gobierno”, según la UE, se remontan al 18 de abril, cuando Ortega impulsó una reforma para la Seguridad Social que canalizó el previo descontento social.
