Bruselas - El Gobierno español planteó ayer sus reticencias ante la fórmula empleada en el acuerdo del Brexit sobre las negociaciones del futuro vínculo con Gibraltar, ya que considera que el texto no refleja de forma clara que son España y Reino Unido quienes deben definir los términos de esa relación.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, explicó que el descontento se refiere a “un artículo nuevo que ha aparecido el miércoles y no habíamos tenido ocasión de ver antes”, el 184, que habla de la negociación y aplicación de acuerdos entre la UE y el Reino Unido una vez concluya el periodo de transición, en el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el territorio británico. “Según nuestra interpretación, no es suficientemente claro en la separación de dos negociaciones diferentes, una de la UE con el Reino Unido -sobre la relación futura con el Reino Unido- y otra, que es con el Reino Unido, sobre el territorio de Gibraltar”, explicaron fuentes diplomáticas.
En esta segunda negociación, “todo tiene que pasar por previo acuerdo de España”, algo que el Gobierno no ve suficientemente bien explicado en el texto acordado por los negociadores de Bruselas y Londres y respaldado por el Gobierno británico.
El objetivo final español es que las palabras empleadas en este artículo sean “lo mismo que aparece en conclusiones (anteriores) del Consejo”, esto es, que la negociación futura entre la UE y el Reino Unido acerca del territorio de Gibraltar tenga que pasar primero por un acuerdo de España.
España ha planteado su posición en este asunto ante representantes de los veintisiete Estados miembros, reunidos ayer en Bruselas para preparar la cumbre decisiva del próximo domingo y para revisar los documentos acordados hasta la fecha a nivel técnico.
Fuentes europeas confirmaron que este artículo apareció por primera vez el miércoles y que no es una modificación de uno anterior, aunque reconocieron que la postura general de los países es reticente a cambios en el contenido del texto, ya que se ha llegado a un “equilibrio difícil”. No obstante, afirmaron que “varios países” mostraron solidaridad con la situación planteada por España y respaldan encontrar una solución sin que ello implique reabrir el acuerdo.
Aunque el servicio jurídico del Consejo aseguró a la delegación española que “no hay problema ni riesgo”, España prefiere que esto quede claro en el texto del artículo “para prevenir cualquier interpretación futura diferente”. Borrell rechazó que sea un veto al acuerdo de retirada por parte de España: “Hasta que no conozcamos la declaración política no sabremos si estamos de acuerdo con el conjunto”. - Efe
