madrid. Las cadenas autonómicas nacieron en 1983 la Ley del tercer canal, previendo un sistema de medios de comunicación audiovisuales dedicadas al servicio público, próximo a la realidad de cada comunidad autónoma y, en los casos que se aplique, que emitiera en el idioma propio del territorio.

En España existe un único operador de radiotelevisión pública de titularidad del Estado -Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE)- y trece operadores públicos de cobertura regional, cuya titularidad ostentan los gobiernos autonómicos de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y Catalunya, los respectivos gobiernos adelantaron su creación, en virtud de sus leyes. Navarra, Castilla y León, Cantabria y La Rioja son las cuatro únicas comunidades sin su propia televisión pública.

El desarrollo de cada una a partir de entonces es muy diverso: algunas explotan varios canales mientras que otras tienen una única cadena.

Su modelo de financiación se basa en un sistema mixto que aúna inversión pública -subvención por función de servicio público otorgada por los gobiernos autonómicos y consignada en los Presupuestos Generales de cada autonomía- e ingresos publicitarios privados.

Se previó un sistema de financiación mixto -publicidad y aportación del Estado-, donde la aportación del Estado siempre deberá ser mayor, intentando así que los contenidos, antes que salvaguardar los intereses de los anunciantes, se fijen en función del servicio al público.

En ese sentido, la ley 46/1983 fijó que los canales autonómicos deben cumplir unos requisitos: objetividad, veracidad e imparcialidad de las noticias; separar información y opinión; respetar el pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, así como las libertades y derechos recogidos en la Constitución, y proteger a jóvenes y niños.

En 1989 se creó la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) que en la actualidad engloba a todos los operadores públicos regionales, a excepción del de Extremadura, y que, entre otras, tiene como funciones la compra de contenidos conjunta y la comercialización de publicidad nacional.

En 2012, con la insistencia de UTECA (asociación de televisiones coemerciales), el Gobierno aprueba por la vía de urgencia una ley que da flexibilidad a las autonomías: ahora pueden deshacerse de sus cadenas públicas, ya sea a través de una cesión a un ente privado para que las gestione (manteniendo la titularidad) o su supresión completa.

sin desequilibrios Además, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos". La aprobación de la norma por la vía urgente recibió las críticas del PSOE. La Comunidad Valenciana, la de Madrid y la de Castilla-La Mancha ya anunciaron su intención de acogerse a la nueva norma.