valencia. La indignación provocada por la decisión de la Generalitat Valenciana de cerrar la Radiotelevisión autonómica (RTVV) tras ser obligados por la Justicia a readmitir a 1.198 trabajadores expedientados continuaba ayer. Mientras los valencianos arropaban en la calle y las redes sociales a la cadena de televisión y los trabajadores tomaban los platós, el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, aseguró ayer que el cierre es "innegociable".

"No tenemos 40 millones de euros para satisfacer la readmisión" del millar de trabajadores de RTVV, destacó Fabra, quien añadió que ese dinero se necesita para mantener la educación, sanidad y servicios sociales. "No voy a cerrar un colegio o un hospital para mantener Radiotelevisión Valenciana", advirtió el president.

responsabilidades En una comparecencia en la que se oían las protestas de los trabajadores de RTVV concentrados frente al Palau, Fabra confirmó que la directora general de RTVV, Rosa Vidal, no va a seguir en sus funciones y la responsabilizó de parte de las decisiones adoptadas en aplicación de un ERE de cuyo resultado también responsabilizó a los sindicatos.

Respecto a esta acusación, la presidenta del Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Rosa Vidal, y todo el equipo directivo de la sociedad presentaron ayer su dimisión. La dimisión, efectiva desde ayer, atendió a una "falta de confianza" por parte de la dirección de RTVV en el Consell tras el anuncio de cierre de la empresa y "tras haber faltado a la verdad" en una nota de prensa posterior, según informaron en un comunicado.

Vidal se refería al comentario de anteayer de Fabra, que aseguró que una de las causas de la nulidad del ERE fue la decisión de la propia presidenta de no expedientar a 186 trabajadores para evitar que las emisiones del canal cesaran por falta de técnicos. Ante la dimisión de la cúpula de RTVV, el Consell debería elegir a un nuevo consejo interino.

Respecto a la fecha de cierre, Fabra aseguró que será "todo lo rápido que permita la legislación" y cuyo coste no está "cuantificado al detalle", pero dijo que aproximadamente será el equivalente a "un año de coste de la propia televisión" (cerca de los 80 millones). Sus comentarios desataron un aluvión de críticas y protestas políticas, sindicales y de diversas asociaciones y entidades sociales.

Frente a la actitud derrotista de Fabra, la presidenta del comité de empresa de RTVV, Salut Alcover, aseguró que mantener la empresa es "viable y tiene futuro". El Comité afirmó por otro lado en un comunicado que va a continuar trabajando. Además, el comité de empresa acusó a Fabra de intentar enfrentar a los trabajadores de RTVV con la sociedad: "No se debe escoger entre sanidad, enseñanza y medios públicos de comunicación. Este Consejo, con sus decisiones, no tiene autoridad moral para poner en ese dilema a los valencianos". Por otro lado, los partidos de la oposición exigieron la dimisión Fabra, así como la celebración de elecciones autonómicas anticipadas por la "cacicada" que a su juicio supone el cierre de RTVV, y anunciaron su voto en contra de la "liquidación ilegal y fraudulenta" de la empresa pública.