El consejero de Salud, Alberto Martínez, considera que la reforma del Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud que ha acordado la ministra Mónica García con los sindicatos del Ámbito de Negociación (CCOO, UGT, CSIF y SATSE) –sin el concurso de los sindicatos médicos– “pone en riesgo la viabilidad” de Osakidetza. Martínez expresó su malestar con el procedimiento seguido por el Ministerio de Sanidad durante el Consejo Interterritorial celebrado este miércoles ya que el borrador del anteproyecto de ley pactado por García (Sumar) con los sindicatos generalistas “no reconoce adecuadamente” al colectivo médico “ni en sus funciones ni en sus condiciones de trabajo” y además ignora su especificidad.
Precisamente, contar con voz propia a través de una Mesa Sectorial del Personal Médico y Facultativo – independiente de la Mesa General de Negociación– es una de las principales reclamaciones del colectivo médico, que la semana que viene volverá a parar. Lejos de haberse cerrado el conflicto laboral tras los cuatro paros de enero, los sindicatos médicos han convocado una semana de huelga a partir del lunes (del 16 al 20 de febrero). Si la ministra no se aviene a abordar sus reivindicaciones amenazan con repetir la dinámica de una semana de huelga al mes hasta junio. El duro calendario de movilizaciones refleja la rara unidad sindical que ha generado el nuevo Estatuto Marco. El Sindicato Médico de Euskadi (SME), Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), han coincidido en denunciar lo que consideran un ataque frontal a la profesión.
Una semana de huelga
Respecto a las huelgas, el consejero vasco de Salud afirmó que “este malestar generalizado refleja la creciente preocupación del personal facultativo ante una reforma elaborada sin escucha ni consenso”. En este sentido, lamentó que el enfoque de la reforma “no incorpora la realidad asistencial ni las necesidades específicas del personal facultativo, pese a que se trata de un grupo profesional con una alta responsabilidad e impacto en la prestación sanitaria”. Insistió en la necesidad de un marco regulatorio “que reconozca la especificidad funcional, competencial y organizativa” de todos los colectivos que integran el sistema, “sin carácter excluyente” y que contemple de forma expresa “la especificidad inherente al ejercicio profesional médico”. Asimismo, advirtió de que el borrador introduce medidas de gran impacto financiero, como la modificación de jornadas y tiempos de guardia pero no va acompañado de la preceptiva memoria económica ni de una dotación presupuestaria adicional.
Para el Departamento de Salud, “imponer obligaciones retributivas o estructurales sin respaldo financiero vulnera el principio de lealtad institucional y el principio de reconocimiento competencial, que es exclusivo del Ministerio, y compromete la sostenibilidad económico-financiera de los servicios de salud autonómicos”. Martínez destacó que hay cuestiones “no resueltas” que competen directamente al Gobierno de España, como la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada del personal médico, teniendo en cuenta que las jornadas de guardias son obligatorias, tal y como ya se ha reconocido a otros colectivos. “La falta de avance en este ámbito supone un agravio comparativo injustificado hacia un colectivo que ejerce una labor de elevada responsabilidad y penosidad”, señaló.
Entre otras mejoras los sindicatos médicos reclaman la eliminación en el plazo de tres años de la jornada complementaria obligatoria,es decir, que todo tiempo trabajado más allá de la jornada ordinaria (35 horas) ha de ser voluntario e incentivado con una retribución adecuada y descansos compensatorios justos. Respecto a las guardias, este colectivo de profesionales pide que la suma de jornada ordinaria y extraordinaria no exceda de las 17 horas ininterrumpidas. También, que se pueda acceder de forma anticipada a la jubilación sin pérdida de poder adquisitivo mediante reconocimiento de las actividades de riesgo y el cómputo del 100% de la jornada extraordinaria. Asimismo, quieren que se les reconozca la penosidad, por el riesgo para la salud y dificultad de conciliación (nocturnos, festivos) del personal facultativo que trabaja a turnos. También que sea considerada una profesión de riesgo a efectos de su inclusión en un régimen especial de la Seguridad Social. l