El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía investigar al Hospital de Torrejón por reesterilizar y reutilizar catéteres
Varios empleados del centro sanitario alertaron de que se les habría ordenado reesterilizar y reutilizar catéteres destinados legalmente a un único uso
La Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, investigar al Hospital de Torrejón tras recibir nuevas denuncias relativas a la reutilización de material sanitario de un solo uso, ha informado la asociación en un comunicado.
Según la asociación, varios empleados del centro sanitario alertaron de que se les habría ordenado reesterilizar y reutilizar catéteres destinados legalmente a un único uso, un procedimiento que "no es legal y, además, requiere procesos industriales realizados por empresas especializadas externas al hospital".
La presidenta de la entidad, Carmen Flores, afirma que estas prácticas podrían constituir "un delito más" dentro del expediente que ya fue trasladado previamente a la Fiscalía, y cita la normativa vigente que regula los productos sanitarios.
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En concreto, alude al Real Decreto 1591/2009, que califica como infracción grave la reutilización indebida de material marcado como de un solo uso, debido al riesgo que comporta para la salud de los pacientes.
La organización también recuerda que tales actuaciones podrían encuadrarse en distintos tipos penales recogidos en el Código Penal español, como la imprudencia profesional o la negligencia médica, cuyos artículos 142 y 152 contemplan penas de prisión y multas cuando la conducta imprudente genera lesiones o fallecimientos.
Asimismo, Flores señala que los trabajadores denunciantes advirtieron internamente de que la orden recibida "no era legal", y agrega que la reutilización de este tipo de material podría haber sido ejecutada, presuntamente, con "premeditación y mala fe", extremo que deberá esclarecerse en la investigación.
La asociación justifica su actuación citando el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a quienes, por su profesión o cargo, tengan conocimiento de un posible delito público a ponerlo en conocimiento del juez o del fiscal.
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