Siete empresarios han pactado penas de casi dos años de cárcel con la Fiscalía, al reconocer su implicación en una trama que introducía en el mercado atún rojo pescado ilegalmente, sin la documentación exigida y con piezas viejas, incluso a veces en estado de "putrefacción".
Así figura en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, "de conformidad con todas las partes", en la Audiencia Nacional, responsable de juzgar este caso, derivado de la operación Tarantelo, muy sonada en el ámbito pesquero y ambientalista y que se remonta a 2018.
Entre los acusados figuran dos personas relacionadas con el grupo Ricardo Fuentes, uno de los principales exportadores mundiales de atún rojo, que tiene su sede en Cartagena y diferentes granjas de engorde en las provincias de Murcia, así como en Malta y Túnez y almadrabas en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal.
El relato de la Fiscalía, aceptado por los acusados, describe un presunto entramado, desplegado entre 2017 y 2018, que operaba con mercancía procedente de países como Malta o Italia.
La red, explica el escrito, recibía, trataba y comercializaba cargamentos de atún procedentes de la pesca furtiva o, "cuanto menos, de origen incierto".
La "nave B"
Durante las pesquisas, los investigadores hallaron una "nave B", donde trataban el producto "al margen de los controles sanitarios y en unas condiciones de salubridad nefastas", sin permiso de funcionamiento. Todo esto impactaba en el "pésimo estado de conservación y salubridad de los alimentos", que tampoco disponía de las "mínimas condiciones de higiene" durante el transporte.
Y además la documentación "manipulada, alterada o simulada" de los cargamentos impedía "cualquier tipo de trazabilidad de los alimentos".
Un conjunto de irregularidades, subraya la Fiscalía, que supusieron "un peligro evidente para la salud pública", que llegó a concretarse en varias intoxicaciones alimenticias.
En el caso del grupo Ricardo Fuentes, la Fiscalía destaca que parte de su actividad se desarrolló de manera legal, de acuerdo con la normativa administrativa, pero otra tuvo lugar irregularmente, introduciendo en el mercado atún procedente de la pesca ilegal, con omisión o falsificación de los documentos para su captura o venta.
Pese a que sabían que el género estaba "corrompido", sostiene la Fiscalía, los acusados lo cortaban, para disimular su estado y lo vendían a los supermercados y a otros operadores.
Un asunto de salud pública
Todo este conjunto de irregularidades supone un peligro evidente para la salud pública como demuestra que en algunas de las muestras analizadas se han detectado concentraciones de histamina en niveles superiores al máximo aconsejable.
Por estos hechos, la Fiscalía acusa a los siete implicados de delitos de falsedad documental, contra la salud pública e integración en organización criminal, por los que pide una pena de un año y nueve meses de prisión y una multa de entre 24.000 y 143.200 euros, con la que estos han estado conformes.
A falta de fecha de juicio, en el escrito en el que pide el archivo de la causa para un octavo procesado, la Fiscalía no se opone a que, en el caso de que el tribunal acepte su tesis e imponga las penas de prisión solicitadas, sean suspendidas durante dos años.
