El Supremo tendrá la última palabra en el caso Dani Alves tras ser absuelto por el TSJC

El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre el caso Dani Alves. La reciente absolución del exfutbolista del delito de agresión sexual por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha generado un intenso debate político y mediático. Ester García, abogada de la denunciante presentará hoy, lunes, un escrito contra la decisión del TSJC, después de que así lo hiciera la Fiscalía Superior de Cataluña.

La pelota está ahora en el tejado del Supremo. El tiempo que tarde en conocerse la resolución dependerá de la carga de trabajo del Alto Tribunal, pero podría ser superior a un año.

Un caso, dos sentencias

El fallo del TSJC revocó la condena de cuatro años y medio de prisión que pesaba sobre Alves, argumentando que el testimonio de la víctima presentaba “vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones” en relación con las pruebas disponibles, en especial las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton de Barcelona, donde ocurrieron los hechos en diciembre de 2022. La Audiencia de Barcelona, en cambio, consideró que la declaración de la víctima era sólida y suficiente para fundamentar la condena.

Para el magistrado Joaquim Bosch, la disparidad de criterios entre tribunales no es común, pero tampoco imposible: “Hasta siete jueces consideraron que la denunciante era fiable. Ahora hay cuatro jueces que coinciden plenamente en lo contrario. No es habitual que haya tanta divergencia. Ahora será el Tribunal Supremo el que deberá analizar si la doctrina del Alto Tribunal ha sido bien aplicada o no”.

Tanto la Audiencia de Barcelona como el TSJC observaron que las cámaras de seguridad mostraban a la denunciante bailando con Alves antes de entrar al baño de la discoteca Sutton, sin mostrar signos de incomodidad, lo que contrasta con su testimonio. La Audiencia consideró que esa contradicción podía deberse al miedo o la vergüenza de no ser creída.

El TSJC, en cambio, vio en esa “divergencia” un serio problema de credibilidad y concluyó que el testimonio de testigos, el estado de angustia de la joven y sus lesiones leves no bastaban para confirmar la agresión sexual, discrepando con la Audiencia de Barcelona.

La resolución del Supremo no será inminente. Al no tratarse de un caso con preso, el recurso de casación seguirá la cola de los centenares de recursos que recibe la Sala de lo Penal, por lo que es probable que la decisión no se tome hasta dentro de un año o más.

Ataque a la justicia

La absolución de Alves ha provocado una oleada de reacciones tanto en político y social. La vicepresidenta del Gobierno central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó hace unos días la sentencia de “vergüenza”, cuestionando la presunción de inocencia. Tras el revuelo ocasionado por sus palabras, Montero se ha visto obligada a pedir disculpas y reconocer que la presunción de inocencia “es un pilar del Estado de derecho”.

Bosch considera que estas declaraciones “no son propias de una vicepresidenta en una democracia consolidada” y advierte que “una cosa es que ciudadanos y medios analicen una sentencia, y otra que desde el Gobierno se lancen descalificaciones gruesas contra el poder judicial”.

Desde la oposición, acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de intentar presionar a los jueces. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión de Montero, al considerar que sus palabras ponen en duda la independencia judicial y vulneran los principios básicos del Estado de derecho.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también ha intervenido, alertando a los políticos sobre la necesidad de respetar la independencia judicial y evitar comentarios que erosionen la confianza en las instituciones. En un comunicado, el CGPJ recalcó que la presunción de inocencia es un derecho fundamental y que las revisiones judiciales forman parte de la normalidad del sistema penal.

Recurso

La posibilidad de que el Supremo revoque la absolución de Alves es incierta. La jurisprudencia europea establece que un tribunal no puede imponer una condena en casación sin haber escuchado directamente a los testigos y al acusado. En un caso análogo en 2024, el Tribunal Constitucional anuló una condena del Supremo porque había revocado la absolución de un acusado sin valorar adecuadamente las pruebas.

Según Joaquim Bosch, la decisión del Tribunal Supremo podría sentar un precedente para ver “qué nivel de exigencia se impone a las denunciantes” y confirmar que para poder condenar a una persona “no es obligatorio que haya una declaración perfecta, sin contradicciones”.