El Gobierno español ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, a solicitud del Ministerio de Juventud e Infancia, destinar 35 millones de euros a las comunidades autónomas para la acogida de 400 menores migrantes no acompañados y el traslado de 347 de Canarias a la Península.

"Además, hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado, hemos dado también el visto bueno a una propuesta de una distribución territorial de 35 millones de euros para la acogida y la atención de menores migrantes por parte de las comunidades autónomas", ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha explicado Alegría, 15 millones de euros irán destinados a Canarias, a Ceuta y a Melilla y los otros 20 millones de euros se repartirán entre el resto de las comunidades autónomas.

Se trata de una cantidad aprobada por las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebró en julio en Tenerife. También se propuso en la anterior conferencia, en junio, pero fue rechazada por las comunidades, que querían conocer antes el contenido de la reforma de la Ley de Extranjería.

"Saben que es una cantidad que se aprobó ya de una manera unánime en una Conferencia Sectorial que se celebró en julio. Se podía haber celebrado previamente, concretamente, en el mes de junio pero saben que no fue no fue posible realizarla en estas fechas", ha indicado Alegría.

Según han informado desde el departamento que dirige la ministra Sira Rego, la primera partida irá destinada a los tres territorios principales de llegada de las rutas migratorias africanas, con una distribución de seis millones para el archipiélago canario y 4,5 millones para cada ciudad autónoma.

Con estas cantidades, los respectivos gobiernos podrán hacer frente a gastos derivados de la atención inmediata y la acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Además, esta partida también incluye la cobertura para acciones de información, orientación y apoyo psicosocial, incluida la escolarización, la inserción sociolaboral y la inclusión social (bien en acogimiento residencial o en acogimiento familiar) la representación legal y la orientación y asistencia jurídica en los procedimientos de extranjería y asilo.

Al margen de estos conceptos, el primer bloque presupuestario también dará cobertura a gastos adicionales derivados de la ampliación de plazas del sistema, los gastos estructurales y los derivados de la atención a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que las comunidades autónomas atienden desde que se puso en marcha el sistema de reubicación interterritorial.

La segunda partida, de 20 millones, irá destinada al conjunto de Comunidades Autónomas de destino (excepto Euskadi y Navarra, que asumen plazas de reparto pero que reciben la financiación a través de sus propios sistemas de concierto) y a la Ciudad Autónoma de Ceuta.   

300 DE CANARIAS Y 100 DE CEUTA

El objetivo es atender a 400 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados (300 de Canarias y 100 de Ceuta). Conforme a lo acordado en Comisión Sectorial, en 2024 se procederá al traslado de 347 de estas personas menores de edad migrantes no acompañadas. Las 53 restantes permanecerán en Canarias (40) y en Ceuta (13), recibiendo estos territorios, no obstante, la financiación correspondiente a las plazas para cubrir los gastos generados.

Del mismo modo que en el primer bloque presupuestario, los gastos que se financiarán con cargo a esta asignación serán los destinados a la atención inmediata y la acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados trasladados. También estarán incluidas las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial, incluida la escolarización, la inserción sociolaboral y la inclusión social, bien en acogimiento residencial o en acogimiento familiar, la representación legal y la orientación y asistencia jurídica en los procedimientos de extranjería y asilo.

Dentro de la partida destinada a los traslados, hay una segunda parte orientada al esfuerzo de acogida realizado por cada comunidad autónoma. Esta asignación mide de manera proporcional y progresiva dicho esfuerzo estructural, y financiará los posibles gastos adicionales derivados de la ampliación de plazas del sistema y los gastos estructurales.