Funcionarios de la Administración de Justicia reanudarán este jueves sus movilizaciones con una manifestación frente al Ministerio que dirige Pilar Llop para reclamar "la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa y mejoras retributivas", en el marco de la huelga con paros parciales y de jornada completa que empezaron el pasado 17 de abril.

Los sindicatos convocantes --CSIF, STAJ, CCOO y UGT-- han asegurado en un comunicado que la "posición" del Ministerio de Justicia, de negar "cualquier subida" retributiva, ha provocado la "indignación del colectivo que constituye más del 90% del personal que trabaja en los juzgados, tribunales, fiscalías, registros civiles y otros servicios no jurisdiccionales".

No descartan huelga indefinida

Este "profundo malestar" ante lo que han considerado una "discriminación inaceptable" ha llevado a los sindicatos a "incrementar la presión con nuevas convocatorias de huelga", esta vez de jornada completa, los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. Y, según han precisado en un comunicado, no descartan la huelga general indefinida si el Ministerio de Justicia "continúa sin atender sus reivindicaciones".

Los convocantes han asegurado que el equipo de Llop no reconoce "la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad del personal de la Administración de Justicia (cuerpos generales, especiales y de medicina forense) ni las funciones reales de los cuerpos generales". Además, han acusado al Ministerio de "despreciar" la implicación, la participación y el papel "determinante" de la "inmensa mayoría del personal de la Administración de Justicia" en los nuevos modelos organizativos y tecnológicos.

Al hilo, también han afeado a Justicia que quiera "imponer, sin negociar, la Ley de Eficiencia Organizativa, poniendo en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas".

Con estas nuevas convocatorias de huelga, los funcionarios reclaman que se paralice la tramitación parlamentaria de dicha ley "hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia".

Subidas de hasta 430 euros

Los funcionarios han exigido, además, el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales, y que se elimine la acumulación en el cuerpo de LAJ de funciones que finalmente realizan los cuerpos generales.

Para ello, han reclamado que se incremente el complemento general del puesto, de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales (transferidos y no transferidos) en 430 euros mensuales para Médicos Forenses y Facultativos del INTyCF (cantidad acordada con las asociaciones de LAJ al ser también cuerpos del grupo A1); 400 euros para Gestión y Técnicos Especialistas de Laboratorio (Grupo A2); 375 euros para Tramitación y Ayudantes de Laboratorio (Grupo C1) y 350 euros para el cuerpo de Auxilio Judicial (Grupo C2).

Por último, han reclamado que se eliminen las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, "elevándolas a las que se perciben en el Grupo 1 en Madrid y Barcelona y la publicación antes de que finalice esta legislatura --y previa negociación colectiva-- del Real Decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del complemento de carrera profesional, pendiente de aprobación desde diciembre de 2018 en que este concepto retributivo fue incluido en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Así, los sindicatos han pedido al Ministerio que convoque "de forma inmediata" al comité de huelga para intentar una salida negociada al conflicto, "lo que no ha hecho desde el pasado día 24 de abril, a pesar de las huelgas convocadas".